El opulento negocio de las universidades privadas

En el paìs existen alrededor de 125 mil estudiantes universitarios. De estos, 75 mil, aproximadamente, estàn inscriptos en las universidades privadas, alimentando el fabuloso negocio financiero de los empresarios de la educaciòn superior. El Congreso, con exclusivo criterio polìtico y con motivos inconfesables, viene creando las privadas como hongos. Además, no existe control sobre el funcionamiento de estas universidades.

Estamos en abril del 2005. El cabildeo que desarrollan en el Congreso los lobistas de las 18 universidades privadas (up) existentes es intenso. Persiguen tenazmente un objetivo: modificar la Ley 136 que regula la Educación Superior en el Paraguay, que a su vez reglamenta el Articulo 79 de la Constitución Nacional. Este asienta los principios de la educación superior universitaria. Pero, ¿para qué modificar? Simple: para vaciar de potestades a los organismos competentes que controlan, evalúan y deciden la creación y funcionamiento de las universidades y los institutos superiores de nivel universitario privados. Vaciarlos de potestades y trasladar las mismas al Congreso. Una vez que el Legislativo concentre las potestades de crear, evaluar o inhabilitar a las universidades, todo será más fácil para concretar el inmenso negocio que hoy significa «vender» educación superior.

Un senador desinteresado

Aquellos lobistas de educados gestos tienen un contacto privilegiado en la Cámara de Senadores. Es el senador liberal Juan Manuel Marcos, conocido propietario de la Universidad del Norte, una de las primeras creadas en 1991 y la más rentable entre todas las privadas. Marcos lideró con ejemplar eficiencia el proceso de presentación, discusión y aprobación del proyecto de ley que liberaría a las up del Estado para llevarlas a los permisivos brazos del mercado. El diputado Simón Benítez, su correligionario, lo ayuda con pasión desde la Cámara de Diputados. El argumento central sostenido por los impulsores de la modificación de la Ley de Universidades es que el Consejo de Universidades era juez y parte en su potestad de decidir sobre la creación de nuevas instituciones, al estar conformado por rectores de otras universidades, públicas y privadas. El proceso de acalorados debates legislativos culminó antes de que se fuera aquel abril: el Congreso sancionó la Ley 2529 que modificó la Ley 136 de Universidades. Dos semanas después el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos promulgaba la nueva ley. El trabajo estaba terminado: las privadas estaban libres de evaluaciones técnicas y académicas de organismos competentes para su creación y funcionamiento.

Las instituciones vaciadas

Con la Ley 2529, el Consejo de Universidades recibió una estocada letal. Antes, gracias a la Ley 136 sancionada y promulgada en 1993, tenía la potestad de aprobar o desaprobar cualquier proyecto de creación de universidad mediante un dictamen determinante presentado al Congreso. Así, era extremadamente difícil que los legisladores desestimaran el criterio del Consejo. Pero desde abril del 2005, el Consejo se convirtió en un mero órgano consultivo del Poder Legislativo, cuyos dictámenes sin fuerza casi nunca son atendidos por los diputados y senadores. Informaciones recogidas del Consejo indican que este organismo remite dictámenes sobre todos los proyectos de ley de creación de universidades presentados al Congreso. En la mayoría de los casos desaprueban los proyectos; sin embargo, los legisladores dan rienda suelta a sus gustos por la educación del pueblo.

El otro organismo liquidado por la 2529 es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (aneaes). Creada por la Ley 2072 en el año 2003, la aneaes cumplía la función de evaluar los proyectos de creación de Institutos Superiores de Nivel Universitario presentados por los interesados, así como evaluar el funcionamiento de las mismas.  Mediante dictamen resolutivo aprobaba o desaprobaba técnica y académicamente los proyectos; el Congreso, casi obligado, debía ratificar el dictamen. Ahora, con la ley 2529, cumple el simple papel de evaluar para que sus evaluaciones nunca sean tenidas en cuenta por los parlamentarios. Prueba de esto son los nueve dictámenes técnicos remitidos este año al Congreso, en los que, con estudios serios, comprobaban que igual cantidad de proyectos de creación de institutos superiores no reunían los requisitos mínimos para ofrecer una educación superior de calidad en el país. El último caso publicado por la prensa es el del Instituto Superior en Ciencias de la Salud «Santa Rosa Mística», cuya creación recibió media sanción en los últimos días  de la Cámara de Senadores.

La misma suerte corrieron los informes anuales que el Consejo Nacional de Educación y Cultura (conec) remite al Congreso sobre el funcionamiento de las universidades: llegan a mesa de entrada del Parlamento y son encajonados en las comisiones de educación de ambas cámaras para que duerman el sueño de los justos. En este sentido, el conec presentó en diciembre de 2005 a los poderes Legislativo y Ejecutivo la Situación y perspectivas de la educación superior paraguaya. ¿Algún esforzado legislador habrá leído este informe de 69 páginas?

Como hongos

Con la Ley 2529, las universidades e institutos de nivel universitarios brotaron como hongos en el todo el territorio. Hasta abril de 2005 eran 19 las universidades; promulgada la ley en cuestión, treparon a 39. En un tiempo record de cuatro años se crearon en el Congreso 20 universidades privadas. El mismo tratamiento de aprobación veloz recibieron los proyectos de creación de institutos superiores de nivel universitario. Estos hoy suman 33 instituciones en funcionamiento. Es que los trámites y lobbys se volvieron mucho más fáciles: se presenta el proyecto de creación en una de las cámaras de la mano de algún legislador amigo; luego éste desplega un incansable «cabildeo» con los demás legisladores sobre las «bondades» del proyecto; en poco tiempo, la ley sale calentita del Congreso y va al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Fue en el 2007 cuando los parlamentarios batieron su propio record, al crear nada menos que nueve universidades privadas. Mientras que entre el 2008 y 2009 crearon ocho instituciones. Y como poniéndole la frutilla que le faltaba a la torta, una de las últimas universidades creadas es la Nihon Gakko, propiedad del diputado liberal Dionisio Ortega.

Estas expeditivas y desatentas creaciones de universidades e institutos superiores convierten en poemas cósmicos los rigurosos requisitos que debe reunir cualquier proyecto de universidad, a saber: instalaciones edilicias e infraestructura que creen condiciones físicas óptimas para su buen funcionamiento; recursos humanos calificados para ofrecer una educación superior de calidad y una viabilidad económica que sostenga la institución universitaria en el tiempo.  Esta estética de la irresponsabilidad por la educación superior del país de parte de los legisladores se dibuja en la Universidad Privada de San Lorenzo, creada en el 2007. Se había erigido como un Instituto de Enseñanza Superior abriendo algunas carreras. Su sede, ubicada en la ciudad del mismo nombre, es un improvisado edificio con perfiles de domicilio particular, pequeño y disfuncional. Hoy funge de universidad y su letrero prácticamente tapa todo el edificio.

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