El nuevo rumbo paraguayo hacia una dictadura empresarial

A tan solo tres meses de haber asumido su mandato, Horacio Cartes ya ha tomado una serie de medidas que prometen una profundización del neoliberalismo en Paraguay. Las privatizaciones aparecen como la línea rectora en la «gerencia» del Estado. El país queda, de esta forma, a merced de los intereses económicos y el capital extranjero. (Opinión)

Por Luciana Rodríguez Sacco y Rufino Diana Barrios

Un «nuevo rumbo» que suena idéntico al que llevó adelante el exdictador Alfredo Stroessner.

La calles continuaban inundadas, los techos todavía estaban en el piso y la comida no había llegado a los platos de los casi 60.000 inundados paraguayos, cuando el Senado debatía cómodamente en Asunción la Ley de Alianza Público-Privada, más conocida como APP.

La semana anterior, cinco departamentos habían sido afectados por un fuerte temporal de lluvias y granizo, con vientos de esos que se llevan las cuatro paredes de la casa, los cultivos plantados y la vida de más de uno. Pero eso no importaba, ni siquiera la autorización que ya había otorgado la Cámara de Diputados para una ampliación presupuestaria de 20.000 millones de guaraníes, el equivalente a unos 5 millones de dólares, para asistir a las personas afectadas; acá se estaba acordando la entrega de todas las instituciones estatales, toda la infraestructura y servicios públicos a manos privadas.

A los pocos días, el 28 de octubre, Horacio Cartes, el empresario devenido político del Partido Colorado, la agrupación que estuvo en el poder 61 años incluyendo el mandato del dictador Alfredo Stroessner hasta la asunción de Lugo en 2008, celebraba por Facebook el quórum obtenido en Diputados: “Quiero felicitar y agradecer a la Cámara de Diputados por la aprobación con amplia mayoría de la Ley de Alianza Público-Privada, después de más de cinco horas de debate”. Exactamente una semana después la ley ya entraba en vigencia, bajo el número 5102, y el Paraguay podía empezar a venderse al mejor postor, ya que como dijo su ministro de Hacienda, Germán Rojas, luego de un encuentro que mantuvo en Nueva York con representantes del grupo de inversión y valores Goldman Sachs: “Hoy en día, Paraguay se está vendiendo solo”.

La ley se llama «De fomento de las inversiones en infraestructura, a través de la participación público-privada», lindo eufemismo para nombrar un cuerpo teórico que viola la Constitución Nacional, al dejar todas las decisiones en manos del Ejecutivo y borrar del mapa al Congreso y al Poder Judicial: «El Poder Ejecutivo queda expresamente facultado a determinar, detallar y precisar, los términos, contenido, condiciones y características de los proyectos específicos a ser ejecutados”, señala en su artículo 52. Así, Horacio Cartes en los tres meses que lleva como presidente, ha centralizado todo el poder en sus manos, confundiendo el gobierno de un país con la gerencia que ha ejercido dentro de su conglomerado de empresas: tabacaleras, industria textil, bebidas, carnes y hasta la medicina.

Si bien la norma hace referencia a la infraestructura, en realidad abarca toda la esfera pública, tanto para obras como para servicios: transporte, electricidad, agua, educación, salud, son solo algunos de los sectores que podrían pasar a manos de privados, por un período de entre treinta y cuarenta años. La gran pregunta sería cuáles son los beneficios para el Estado paraguayo. La respuesta estremece: nulos. Quien asume todo el riesgo de estas inversiones es nada más ni nada menos que el Estado y libera así a la iniciativa privada. Incluso, estos ni siquiera pagarán el costo del proyecto que presenten, y en caso de perder la licitación les será devuelto ese dinero.

Parece que Cartes nada tiene que envidiarle al exdictador Alfredo Stroessner, al expresidente de facto chileno Augusto Pinochet, o al máximo exponente del neoliberalismo argentino, Carlos Saúl Menem. El empresario está vaciando el Paraguay, vendiendo todo lo que sea vendible, y prevé quedarse con una muy buena tajada a costa de perjudicar, aún más, al 60% de la población que vive sumergida en la pobreza.

Como si las ventajas no resultaran suficientes para los «buitres» extranjeros y locales, que han recibido con gran beneplácito el «remate» de Cartes, todo aquel que haya realizado un proyecto tendrá un 10% adicional sobre cualquier otra competencia, lo que no hace otra cosa que  favorecer así situaciones oligopólicas, otorgándole un claro beneficio a las empresas más poderosas. Esto está  prohibido por la Constitución, pero a Cartes poco parece importarle la letra de la Carta Magna.

«Un pálido ejemplo de la situación que plantea la ley en cuestión es lo que hizo el señor Gramont Berres a fines de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se le ocurrió hacer una planta procesadora de frutas con aval del Estado. Como la planta fue inviable –nunca funcionó– el Estado debe hoy unos 80 millones de dólares, según la justicia suiza, y debido a ello el Paraguay no puede depositar sus reservas en bancos que le paguen algo de interés por las mismas (US$ 5.000 millones) que, tan solo a un 1%/año, le daría un lucro de US$ 50 millones que, así, el Estado pierde cada año debido a, justamente, una participación público-privada realizada por Gramont Berres durante la dictadura de Alfredo Stroessner», explica el ingeniero y secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasu, Ricardo Canese, en una nota que fue censurada por el diario de mayor tirada en el Paraguay: ABC Color, cuyo director, Aldo Zuccolillo, apoya fervientemente la ley de APP, de la misma manera que apoyó todo el proceso de desestabilización, que concluyó con el juicio político exprés y posterior destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

Desde el oficialismo argumentan que estas no son privatizaciones. De hecho, el empresario y presidente, Horacio Cartes, al retornar de Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas para exponer los ejes principales de su gestión de gobierno, declaró: “De ninguna manera (son) privatizaciones o ventas del Estado. Aprovecho para decir que soy enemigo acérrimo de ventas de ningún patrimonio del Estado. Muy por el contrario. Quisiera mostrar que nosotros los paraguayos somos tan capaces como cualquiera que pueda venir a comprar cualquier empresa del Estado”. Pese a las declaraciones del presidente, la realidad y la nueva ley indican algo muy distinto, ya que se habilita al Poder Ejecutivo a concesionar unilateralmente bienes, recursos y servicios públicos por plazos de hasta cuarenta años.

Recientemente, en una reunión con empresarios uruguayos, Cartes ofreció a Paraguay diciendo que es como una mujer «fácil» y «bonita», comentario que rápidamente desató una ola de críticas por su tinte machista. De esta forma, el actual gobierno paraguayo presenta a las privatizaciones como las garantes de un efecto positivo sobre la economía, favoreciendo el ingreso de capitales extranjeros. Pero esto solo será mientras se esté llevando a cabo el proceso de «desestatización» de las empresas públicas, porque cuando estas empresas y servicios ya pertenezcan al sector privado, todos los dividendos y ganancias irán hacia el exterior, nada de esto quedará o se reinvertirá en el país.

Pero esta no es la única ley que Horacio Cartes ha sancionado en pos de perjudicar a las clases populares y acrecentar el poder de la oligarquía paraguaya. La aprobación de la modificación de la Ley de seguridad para el uso de las FF.AA. en conflictos internos, ha permitido que con la excusa del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) se justifique la matanza de los líderes campesinos y el avance voraz de los empresarios sojeros brasileños y paraguayos, quienes ilegalmente se adueñan de tierras estatales. Por otro lado, en el ámbito económico y acompañando a la ley de APP, se dictaminó la ley de Responsabilidad Fiscal, con el objetivo de recortar un cuatro por ciento anual los gastos públicos y congelar los salarios del sector público por cuatro años.

El eslogan con el que Horacio Cartes realizó su campaña política parece cumplirse: «Un nuevo rumbo para el Paraguay», un rumbo que de por cierto favorece a la oligarquía nacional y extranjera, dando marcha atrás a las conquistas sociales para las clases populares campesinas, logradas durante el gobierno de Fernando Lugo. Un «nuevo rumbo», aunque suena idéntico al que llevó adelante el exdictador Alfredo Stroessner. En este camino el poder avanza a pasos agigantados, haciéndose lugar con la ayuda de balas, sobornos y leyes injustas. El «kiosquito» de Cartes ya está abierto. Solo falta que lleguen los compradores.

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