El montaje Teixeira: cuando la mentira es la verdad (Guerra a la reforma agraria: Parte 1)

Los “sectores productivos”, sus medios y representantes parlamentarios desatan una guerra sin cuartel contra el Indert y sus proyectos de reforma agraria. Una sistemática campaña desinformativa busca truncar el proyecto de colonia modelo en la estancia Kurusu, propiedad del brasileño Ulises Teixeira. El Estado es condenado por la gran prensa  de «intento de estafa”, pese a que los argumentos carecen de sustento técnico. Los documentos y las evidencias dejan entrever una campaña de manipulación.

La sala de recepción del gabinete está repleta. Agrónomos, funcionarios públicos y campesinos van y vienen, algunos esperan ser recibidos. La secretaria los observa cada tanto desde su escritorio, mientras trabaja en el monto de papeles que la rodea. Del otro lado de la puerta que la enfrenta, tratando de contener telefonazos y requerimientos, se encuentra un viejo conocido de las organizaciones campesinas, desde sus tiempos de representante de la Plenaria Popular Permanente y de sus largos años de trabajo atendiendo casos judiciales de campesinos desde la precaria oficina de su ONG sobre la calle Estrella: Alberto Rafael Alderete Prieto.

Aunque era impensable imaginarlo en gobiernos anteriores, Alderete es hoy presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Tiene ahora la difícil responsabilidad de encabezar y ejecutar a través del Indert una reforma agraria postergada por más de 100 años. “Tomè el cargo queriendo liderar un consenso de los distintos sectores involucrados en el ámbito rural, el parlamento, el poder judicial, para iniciar una reforma agraria”, señala ante nuestra consulta; y agrega que pese a la resistencia de cierto sector del Parlamento, del Poder Judicial, de la ARP y de los sojeros, la reforma agraria es “viable, posible y necesaria” para el desarrollo del campesinado y del país. De otra forma, según el mismo, será difícil la convivencia armónica en el campo, entre los grandes productores y las familias campesinas, pues los conflictos aumentarán.

Guerra a la reforma

La guerra se declaró abierta con la caza de brujas en el Parlamento. Alberto Alderete fue interpelado y sus respuestas “no convencieron”. La baja ejecución presupuestaria de su gestión sería la acusación más “contundente”, si bien, en la interpelación y mediante solicitadas en los medios, se aclaró documentadamente que las ejecuciones estaban programadas para finales de año, por motivos externos a la institución, incluso habiendo una mayor ejecución que el año pasado, en el misma fecha.

Al coro parlamentario, le seguirían los representantes de los “sectores productivos”: Héctor Cristaldo (Unión de Gremios de la Producción) y Tito Núñez (Asociación Rural del Paraguay) no tardarían en pedir la cabeza de Alderete.

Tomando como punta de lanza el caso de Ulises Teixeira, se sumó luego la caballería mediática, tratando de cercar el terreno. Aldo Zuccolillo (ABC Color), y por consiguiente los demás medios que siguen su agenda, iniciaron una sistemática y dura campaña denunciando “un intento de estafa” al Estado Paraguayo.

El obsesivo ojo de ABC hurgó debajo de cada alfombra en busca de suciedad. Zuccolillo extendió en la tabla a uno de sus alfiles para el ataque: Marcos Velázquez fue el encargado de “investigar” el caso. Velázquez es el recordado protagonista de la polémica grabación de su ex colega Kike Dávalos, quien sin saber que era grabado acusó a su entonces colega de ABC de recibir sumas de dinero de entes estatales durante el gobierno anterior por su trabajo periodístico.

Primero saltó el “negociado” de los 20 millones de dólares que saldría de la compra de las tierras del empresario brasilero Ulises Teixeira. Luego saltó una supuesta resolución donde el Indert aprobaba la compra de las tierras e incluso definía la forma de pago, “contra toda práctica habitual”, pasando por alto la ley de contrataciones. Le seguiría la carta de intención firmada el año pasado por Lugo, Teixeira y los dirigentes campesinos, donde supuestamente se comprometía el Estado a la compra de las tierras por 30 millones de dólares, coincidentemente el mismo costo que arrojó el tasador del MOPC. Luego se denunciaría que el tasador es “empleado” de Alderete, que se iban a talar 15 mil hectáreas de bosque en contra de la ley de deforestación “cero”, que los campesinos solo querían los rollos, que un dirigente de Patria Libre estaba involucrado en el “negocio”, que otro estaba denunciado por estafa, que Lugo es viejo amigo de Teixeira, que las tierras no son aptas para el cultivo, que el proyecto es inviable, que hay ofertas mejores de tierra, más económicas como las de Adberrada Yambay…Y la lista sigue.

Las carpas siguen esperando

La primavera obsequia unos floridos 40 grados de calor. Un grupo de campesinos, acompañados de sus gallinas y chanchos, se resguardan en unas cien carpas desperdigadas por el lindero de la estancia Paso Kurusú del empresario brasileño Ulises Teixeira, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro. Esperan.

Esta espera tiene una larga historia. Empezó con un encuentro de sin-tierras de la zona en abril del 2007, cuando se dieron a conocer las intenciones de Ulises Teixeira de introducir el cultivo de soja y caña de azúcar en sus tierras, lo que implicaría una gran deforestación, y la fumigación permanente de las comunidades aledañas según los mismos. Entonces surgió una fuerte campaña contra dicho proyecto, que motivo diversos conflictos. Finalmente Teixeira decidió entablar diálogo con los campesinos y ofertar sus tierras al Estado. Esto culminó con la firma de la famosa carta de intención del 25 de octubre de 2008, donde el brasileño pedía 30 millones de dólares por sus tierras.

Este grupo ha sido elegido para ser beneficiario de un modelo de asentamiento colonial agrícola que el Indert pretende desarrollar en la zona, y que busca romper el abordaje histórico, equivocado, del problema de la tierra en Paraguay. El proyecto pretende lograr las condiciones necesarias para el arraigo de unas 2000 familias.

En las 22.000 hectáreas que se extienden en los departamentos de San Pedro y Amambay, la colonia contaría con zonas rurales, urbanas y de reservas boscosas. En el sector urbano se ubicarán las viviendas, los principales servicios públicos (escuela, centro de salud, parques, etc.) y también se instalarían pequeñas industrias donde se procesarán productos del asentamiento, a fin de incrementar las fuentes de trabajo. En el sector rural se trabajará la producción agropecuaria y forestal, teniendo en consideración los cuidados ambientales. La colonia tendrá una organización cooperativa, con énfasis en la soberanía y seguridad alimentaria, es decir privilegiando el consumo y el mercado interno. Todo esto bajo el asesoramiento técnico y contando con las herramientas tecnológicas necesarias. Alderete afirma que eligieron este sitio para desarrollar su proyecto debido a que era una zona de constante conflicto social, de manera que cubriendo esta demanda se puedan terminar con las ocupaciones de la zona.

Un castillo de naipes

Ignorando la presunción de inocencia y sin modestia alguna, ABC se jacta de haber detenido el fraude más grande de la historia. Sin embargo, investigando un poco, ese castillo de naipes cae fácilmente.

La resolución que hace mención ABC corresponde a un paso administrativo previo al proceso de contratación realizado en cualquier adquisición, donde se formula la contraoferta y la forma de pago según administraciones anteriores. El proceso de compra no toma curso legal hasta que el titular del INDERT dicte una resolución que acredita el supuesto de excepción, figura legal alternativa al proceso de licitación. Hasta entonces, no existe obligación de dar conocimiento a la Dirección de Contrataciones. Esto ha sido aclarado incluso en conferencia de prensa por el presidente de la Dirección de Contrataciones. Sin embargo, sigue usándose como argumento.

De dicha resolución, salió el precio de 31,6 millones de dólares (IVA Incluido) que se afirma iba a pagarse a Texeira, lo cual aún no se había concretado debido a que se encontraba en proceso de negociación. Se fijó el monto en base a un avalúo, una tasación técnica realizada por el ingeniero Lázaro Sanabria Luizzi, contratado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como dicta la ley. Sanabria es un jubilado del Indert, cobró en agosto de este año un remanente de un trabajo realizado como contratado, de lo que se tomó ABC Color para titular falsamente que es empleado de Alderete.

Entre otras referencias, el técnico tomó una investigación de Armando Rivarola (06/08/08) publicado en el mismo diario donde se indica una tabla de valores de tierras estatales distribuidas durante la transición que da un promedio de 1503* dólares la hectárea en San Pedro, es decir unos 83 dólares más de la contraoferta a Teixeira (1420 dol. /h), que ABC sentencia como una estafa contradiciéndose a sí misma.

El brasileño pagó por sus tierras 11 millones de dólares (500 dol./H), de lo que Abc se toma para demostrar la “sobrefacturación”, sin tener en cuenta las mejoras en infraestructura implementadas (7.771.615 dólares) y la expansiòn de la agricultura mecanizada en la zona, dos elementos que eleva el precio de las tierras de Texeira. Aun así, el costo de las tierras es bastante difícil de establecer, ya que por lo general en este tipo de transacciones casi siempre el costo real se disminuye para pagar menos impuestos, además de que Teixeira tiene el derecho de solicitar por sus tierras el precio que quiera dentro del libre mercado de oferta-demanda.

Las negociaciones con Teixeira fueron mucho más complejas de lo que se quiere hacer creer, pues hubo cambio de pareceres en los precios en distintas ocasiones. En la carta de intención firmada con Lugo, que no tiene validez jurídica, el empresario solicita 30 millones de dólares (1362 dol./h), mientras que en la última oferta solicitó 42.900.000 dólares (1950 dol./h), a lo que el Indert contra ofertó 31.240.000 dólares(1420 dol./h), por debajo del precio de la tasación incluso.

Otra punta de lanza mediática utilizada para demostrar la sobrefacturación es una oferta de Ferusa S.A., de Adberrada Yambay, que ofrece la misma cantidad de tierras en la zona de Concepción a mitad de precio (750 dol./h), y “con mayor cantidad de mejoras”. Sin embargo se “insiste con Teixeira”. Opiniones de técnicos, y un estudio del Indert en base a imágenes satelitales, mapas de suelos, y cartas topográficas que debe ser contrastado con un estudio en terreno demuestra que dicha tierra es inservible en un 88 % de su superficie. Tiene tierras de tipo 8(tierras marginales), 7(con riesgo de degradación) y 6(con severas limitaciones). El 12 % restante aprovechable para agricultura es inviable ya que implicaría un desmonte completo, prohibido por ley. Este bochorno vuelve a ponerlos en evidencia. Según Oscar Torrents, del Indert, lo único que se puede cultivar allí son estatuas. Además de dichos factores se debe tener en cuenta que la oferta no se encuentra en la zona del proyecto, y se encuentra aislada de cualquier centro urbano y de caminos importantes, a diferencia de Teixeira. Paso Kurusú tiene tierras de tipo III (67 %) y IV (33 %), que con manejos adecuados son aptos para actividades agrícolas, y sin inconvenientes para ganadera.

Otras ofertas recientes llegadas al Indert en las cercanías de Teixeira varían de 1500 dólares a 4819 dólares la hectárea, siendo aun las de Teixeira la mejor opción. Esto demuestra que el supuesto de sobrefacturación no tiene argumentos sólidos, pues para ello debería exponerse técnicamente que las tierras están sobrevaluadas, cosa que hasta ahora no se ha podido, al contrario.

El ingeniero Enrique Drakeford del CEPAG, quien trabaja en la zona, afirma que presentándose a cualquier licitación, Paso Kurusú ganará debido a que tiene las mejores condiciones.

Así, sucesivamente, puede analizarse cada caso denunciado, y dejar en evidencia una campaña de manipulación perversa.

*1875 dólares al cambio de entonces (4010 guaraníes). Los montos en dólares de este artículo se calculan al cambio de 5000 guaraníes.

CEPRA

Una de las máximas promesas electorales y bandera del actual gobierno fue y es la reforma agraria. Con el fin de instalarlo en el programa de gobierno se creó la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA). Un ente interinstitucional que involucra a organismos del Estado, a organizaciones y sectores rurales implicados, en la ejecución, supervisión y evaluación de los planes de reforma agraria. Cada cual comprometida a aportar en lo que atañe a su ente. De esta manera el peso del proyecto agrario, que tiene elevados costos, no se recarga simplemente en el INDERT.

Teixeira y la ARP

Según versiones que corren en los pasillos del Indert, Ulises Teixeira abría sido expulsado de la Asociación Rural del Paraguay, por haber ofertado “baratas” sus tierras al Estado, según el mismo habría comentado. Esto, además de poner en evidencia el doble discurso de la ARP, demostraría la ferviente oposición de los ganaderos a la instalación de la colonia modelo de reforma agraria en el departamento.

Comentarios

Publicá tu comentario