El lunar rojo de Central

Por Mirna Robles Armoa

Una vez más, este punto del universo con el que me reencuentro desde hace unas semanas, los repetidos herederos del poder, los patrones de la ciudad, lo nombran con orgullo «El lunar rojo de Central». Un punto teñido de rojo en la geografía nacional. Así es, el Partido Colorado es una verdadera institución estatal y para estatal en Guarambaré. Sus agentes, su dirigencia local, figuras a quienes todos y todas en el pueblo conocemos, operan desde la Municipalidad, el Centro de Salud, la Junta de Saneamiento, y entidades privadas como las cooperativas y las empresas de transporte.

En el periodo llamado ‘democrático’, la post dictadura stronista, nunca ganó otro partido ninguna elección en esta ciudad, ni nacional ni municipal. Así expuesto, se puede creer que el invicto gobierno del Partido Colorado en Guarambaré y su control de poder en la ciudad son el resultado fidedigno de la decisión popular, que representan la ‘elección’ de la ciudadanía. Es donde se puede iniciar una discusión.

Primero, y como para tener una visión de proximidad, es posible que la historia social y geográfica de esta ciudad haya definido la particularidad de su historia y realidad política: geográficamente pequeña y aislada por un buen tiempo de los circuitos comerciales en avanzada y de una comunicación fluida con las ciudades vecinas, con una densidad poblacional relativamente baja (cerca de 33.000 habitantes actualmente), la estructura social antigua del poder político concentrado en las familias del centro (comerciantes, industriales, profesionales) con una actividad económica principalmente rural en las compañías. Con el paso del tiempo se consolidó la formación de una burguesía local detentora del poder político, reproductora del sistema prebendario-clientelar clásico incubado en la dictadura stronista y perpetuado por el Partido Colorado. El aislamiento cultural (por decirlo, la escasa comunicación e intercambio con las ciudades vecinas como consecuencia de una particularidad geográfica) y la densidad poblacional podrían ser factores que favorecieran en el tiempo a la solidificación de una fuerza política local concentrada en algunas familias.

Segundo, y descrito lo anterior, la particularidad política de la ciudad puede considerarse acto y consecuencia, causa y efecto. Los apellidos que gobiernan esta pequeña ciudad, como se refería, lo hacen en todas las instituciones públicas y en las privadas más importantes, lo cual les permite desarrollar un control territorial discriminado, directo y, la mayoría de las veces, extorsivo para situaciones como las votaciones, principalmente. Entonces, el gobierno del poder político local, que opera desde la estructura del Partido Colorado, utiliza las instancias en las que gobierna, tanto públicas como privadas, para perpetuarse y seguir, desde tales espacios, definiendo la realidad pública de la ciudad.

Se puede entender la idea de que las autoridades locales que se encuentran en ejercicio del mandato cuenten con el derecho natural de intentar preservar o continuar en el ejercicio del poder. Esa idea no es muy objetable, aparentemente. Lo que sí resulta objetable es el modo en que se ejerce el poder desde las instancias de lo público, en este caso, como autoridades municipales.

Tercero, entonces, observando el ejercicio del mandato por parte de las autoridades municipales queda en claro que la concepción que tienen de su lugar como autoridades no contempla el ejercicio del mandato sobre, de y para lo público. Los detentores del gobierno local de Guarambaré, colorado, no representativo de las diversas realidades sociales que viven los territorios fuera del centro y de los nuevos territorios sociales incorporados a la ciudad, gobiernan como si la ciudad se tratara de un territorio de su propiedad. Lo demuestra el hecho de que concejales e intendentes comercien con calles vendiéndolos como terrenos, que se adueñen de plazas, o que, como ocurrió hace poco, donen espacio público a una universidad privada (cuyo prestigio no le debería permitir apropiarse de espacio público), exponiendo así que nuestras autoridades locales no comprenden su tarea principal, sagrada, si se quiere, del resguardo de lo público. Entiéndase lo público a lo público: calles, parques, veredas, y los fondos municipales.

El domingo 20 de junio se realizaron las elecciones internas de todos los partidos. El candidato ganador de la interna colorada en la ciudad ya fue intendente durante dos periodos y sabemos lo que representa. Una fuerza unificada de la oposición propone al candidato contrincante, de extracción también colorada, en una lista independiente. Muchos creen en la oportunidad de, por primera vez, derrocar al poder colorado hasta ahora invicto. Se logre o no tal alternancia, es necesario profundizar en la discusión sobre el papel de las autoridades públicas.

La realidad política electoral de Guarambaré parece ser una maqueta a escala de la realidad política electoral nacional. Existe una gran falla en la garantía de la representatividad de las autoridades, existe un vacío en el cumplimiento de las funciones públicas como resguardo de lo público por parte de las autoridades y un vacío por parte de la ciudadanía en el reclamo del cumplimiento de ese resguardo.

Durante el periodo ‘transicional’, la post dictadura stronista, se asumió la herramienta electoral como la vía de participación directa de la ciudadanía en el ejercicio político. Cada dos años y medio, en las elecciones municipales y en las nacionales, los partidos políticos y otros tipos de nucleación en pugna exhortan a los/as habitantes a participar en las elecciones y ejercer el derecho de decidir quiénes representarán los intereses generales en las instancias de gobierno de lo público. Luego del periodo electoral, y además de las votaciones, pareciera no existir formas e instancias de participación más activa de la ciudadanía durante el ejercicio de tales mandatos. Como herencia de la dictadura stronista y de los gobiernos sucesores el común de la población asimiló a la ‘casta política’ como una clase social totalmente distinta, otra, cuyos actores y acciones se desarrollan en otro espacio, inaccesible, en otro mundo. Así, el desempeño en la función pública de las autoridades electas en las votaciones queda sin acompañamiento ni interacción con la ciudadanía.

El progresivo descreimiento que la población incubó hacia las autoridades públicas y, en proyección, a las figuras políticas en general, se debe a falencias centrales en el sistema democrático: el sistema electoral se sostiene en prácticas de fraude conocidas públicamente (compra de votos, manipulación de resultados en la mesa de votación, en el conteo, robo de votos, direccionamiento de votos por medio de la extorsión); las prácticas de corrupción ejercidas desde la función pública en raras ocasiones son investigadas y penadas; la ciudadanía no encuentra otras instancias de participación además de las elecciones, lo que dificulta la gestión transparente de las autoridades.

El golpe al gobierno de Fernando Lugo, del que se cumplen 9 años en estos días, caló en el imaginario popular como la confirmación de que el pueblo no tiene la posibilidad real de elegir: el presidente electo por más del 40% de los votantes y una amplia participación fue removido de su cargo antes del término de su mandato por medio de un golpe blando, cuando su gestión contaba con una aceptación general y gran popularidad. Luego del golpe a Lugo la participación en elecciones se fue volviendo cada vez más escasa. ¿Cuál sería el sentido de participar en elecciones si en cuanto la población tiene la posibilidad de hacerlo su decisión no es respetada?

El problema principal que nos toca discutir es que todavía las instituciones públicas y el gobierno que se ejerce desde ellas definen la realidad pública, tanto en cuanto a las cosas que se deciden como en cuanto a las que se omiten, por ejemplo, el no defender el patrimonio edilicio histórico de la ciudad.

Si la herramienta política con que cuenta la ciudadanía son las elecciones y, a través de ellas, la búsqueda de la representatividad en las instituciones públicas y por parte de las autoridades, ¿Cuáles son las formas para garantizar que el resultado de las elecciones exprese una voluntad popular? ¿Cuáles son las formas para garantizar que el ejercicio de las funciones públicas responda a las demandas de la mayoría y legitime la validez de las elecciones como una herramienta democrática?

Nos queda la tarea, en lo inmediato, de reconciliar el sentido de la herramienta político electoral como una vía de decisión popular y rescatar y reforzar, en adelante, las formas de control y participación ciudadana en la gestión de las autoridades públicas.

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