El gobierno ilegítimo será acusado en audiencia internacional sobre violación de DD.HH.

Una audiencia para conocer sobre las denuncias de violación de derechos humanos en Paraguay se desarrollará el próximo jueves en Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el gobierno de Federico Franco como acusado.

 

Alegatos sobre abusos sufridos por la población, irrespeto al derecho a la vida, despidos injustificados por razones políticas y retrocesos en el derecho a la salud y la educación garantizado en el gobierno del destituido presidente Fernando Lugo son algunas de las acusaciones.

La Corte deberá pronunciarse también por la persecución a dirigentes sociales, de acuerdo a las acusaciones presentadas por un grupo de organizaciones paraguayas.

Los denunciantes pedirán que se exija al Estado paraguayo la restitución de los derechos conculcados y brinde las garantías necesarias a la población.

En el grupo de denunciantes se encuentran el Servicio Paz y Justicia, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Católicas por el Derecho a Decidir Paraguay y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.

Elemento principal en la denuncia de esas organizaciones es el referente a los excesos cometidos durante un desalojo campesino en junio pasado en la localidad de Curuguaty, incidente en el cual murieron 11 campesinos y seis policías.

El hecho fue utilizado para convocar el juicio político que destituyó al presidente constitucional, Fernando Lugo, y se señaló como parte de una operación política preparada con ese fin, de acuerdo con los opositores al gobierno.

Una investigación llevada a cabo por la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos, alega que existieron francotiradores desconocidos colocados para iniciar el enfrentamiento, se ultimó en el lugar a campesinos heridos y se detuvo a personas inocentes. Aislamiento de Paraguay empeora al arremeter gobierno contra Unasur

Aislamiento de Paraguay empeora

La situación de aislamiento internacional del gobierno paraguayo empeoró al arremeter esta semana su cancillería contra Unasur y negarse a aceptar una misión de esa instancia integracionista como observadora en el próximo proceso comicial.

Una declaración del canciller José Félix Fernández ratificó que la delegación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), entidad de la cual fue suspendido Paraguay por la destitución del mandatario constitucional, Fernando Lugo, no será invitada a observar las elecciones.

El acuerdo de suspensión de Paraguay en Unasur y también en el Mercado Común del Sur (Mercosur) establece, precisamente, que la sanción estará vigente hasta la elección del nuevo gobierno en abril del 2013, pero siempre comprobándose la limpieza del proceso electoral.

Los dos grandes bloques integracionistas suramericanos advirtieron al gobierno de Federico Franco, el cual carece de reconocimiento en la región, que vigilarían el regreso al proceso democrático en el país, condición previa para levantar el castigo.

Es interesante señalar que, según la prensa local, diplomáticos de Chile, Panamá, y algunos europeos, plantearon al gobierno de Franco y al Tribunal Superior Electoral la necesidad de que la misión de Unasur esté presente en la verificación de los comicios del próximo año.

La errónea posición del gobierno paraguayo se une al rechazo por el Congreso de ese país a los protocolos democráticos de Ushuaia I y Ushuaia II de Unasur y Mercosur, firmados por el Gobierno de Lugo y aprobados para actuar contra los golpes de Estado en la región.

En ese escenario, el Ejecutivo de Franco no hizo más que agrandar las diferencias con el resto de las naciones suramericanas y profundizar el aislamiento ganado al interrumpir la marcha del proceso democrático en Paraguay.

Fuente: Javier Rodriguez Roque para Prensa Latina

 

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