El Estado y el derecho a la información

Cuando una voz calla, el conjunto de la sociedad se ve privado de escucharla.

La Televisión Pública de Paraguay fue un bastión de resistencia y defensa de la libertad de expresión. Foto: Cubadebate.cu

El Gobierno chileno ha anunciado que en un plazo de entre siete meses y tres años cerrará y liquidará los bienes del diario estatal La Nación. El Ejecutivo encabezado por Sebastián Piñera justificó la medida aduciendo el carácter “deficitario” del organismo de prensa y que en los últimos 20 años, desde el retorno a la democracia, se ha encontrado subordinado a la voluntad de los presidentes de turno.

Entretanto, el Colegio de Periodistas replicó que con esta medida se está coartando la libertad de expresión, pues el retiro del Estado agrava el duopolio mediático en Chile, donde dos empresas  –El Mercurio y Copesa– concentran el 90% del mercado.

Por su parte, el gobierno de Cristina Fernández, en un spot emitido en setiembre pasado en la TV Pública Argentina, advertía que el próximo 7 de diciembre vence la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín contra el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522).

El articulado en cuestión dicta el plazo de un año para que las empresas que superen el máximo de licencias estipulado se adecuen al nuevo marco. Este punto referente a la desinversión es el más resistido por los multimedios, que alegan su inconstitucionalidad.

Ahora bien, veamos a qué concepción del rol Estado en materia del derecho a la información se adscriben estas políticas comunicacionales. La primera, la del Gobierno chileno, corresponde a la doctrina clásica de que la única competencia que le cabe al Estado es la de abstenerse de actuar. La segunda, la del Gobierno argentino, entiende que el Estado debe intervenir en el mercado comunicacional a fin de garantizar la pluralidad de actores.

De la primera resulta aquel axioma, que debe ser sometido a una profunda revisión, de que la mejor ley de medios es aquella que no existe. La segunda, tal como sostiene el investigador argentino Damián Loreti, asume que “el derecho a la libertad de expresión no es declamativo e implica contar con las herramientas para hacer efectivo su ejercicio”. Es decir, la función del Estado no se reduce a reconocer ese derecho y no bloquear su ejercicio, sino que también radica en activar mecanismos para proteger su cumplimiento.

A esto último hay que añadir que la libertad de expresión a menudo se ve afectada no solo por el asedio de los gobiernos, sino también por poderes de carácter no estatal. Como muy bien lo describe la periodista argentina Graciela Mochkofsky en su blog del diario El País de España, para los que hemos trabajado en los grandes medios –y desgraciadamente lo seguimos haciendo a falta de un mercado plural–, la principal amenaza para nuestra libertad de expresión es la que ejerce no precisamente el poder político, sino nuestros propios empleadores.

“¿Estamos frente a una libertad negativa en la que el rol del Estado se limita a abstenerse de censurar?”, se pregunta Loreti. Luego refiere que “en países de Europa Occidental incluso hay subsidios directos destinados a fomentar el pluralismo y la diversidad de voces. Una cosa es clara. Si en el mercado hay quienes entienden que la mano invisible garantiza la distribución de los bienes, es ostensible que en la vida de la comunicación social y de las industrias culturales no hay mano invisible y menos que ella garantiza pluralismo y diversidad”.

No obstante, habría que ser explícitos en cuanto al problema de la independencia de los medios públicos, así como también la de los privados. La tentación de aquellos es convertirse en medios gubernamentales, y la de estos es gobernar a fuerza de cabildeo por encima de las autoridades electas y abusar de sus posiciones dominantes en el mercado.

En un sistema plenamente democrático, la distribución de licencias del espectro radioeléctrico así como la circulación de la palabra impresa no deben estar sujetas al solo criterio de la rentabilidad ni mucho menos supeditada a la concentración masiva. Es necesario en este sentido que exista multiplicidad de voces y que se asuma el derecho a la comunicación como un derecho humano no dependiente de lo que uno pueda pagar.

En su informe de 2002, el entonces relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Eduardo Bertoni, advertía que “la pobreza y la marginación social en que viven amplios sectores de la sociedad en América afectan la libertad de expresión de los ciudadanos del hemisferio, toda vez que sus voces se encuentran postergadas y por ello fuera de cualquier debate”.

Incluso la propia Unesco reconoció, en un estudio de 2008 titulado “Indicadores de desarrollo mediático: Marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social”, que para garantizar la pluralidad los Estados tienen la atribución de exigir la desinversión y denegar licencias cuando se alcancen niveles inaceptables de concentración.

Todos los recelos hacia que el Estado abuse de esas atribuciones están justificados y, de hecho, las distorsiones están a la orden del día. Es claro que los gobiernos aspiran a finalidades que no son precisamente las de resguardar el derecho humano a comunicar.

Las muestras locales abundan. Hasta la ONG francesa Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció el cerco que acosa a los periodistas de la TV Pública y Radio Nacional del Paraguay que objetan el fraudulento juicio político al presidente Fernando Lugo, montado a partir de una confabulación cuya voluntad es no esclarecer la masacre de Curuguaty.

El gobierno de facto ha reinstaurado la figura del desacato. Hostigamiento policial contra pegatinas que “faltan el respeto a la autoridad”, clausura y amenazas a programas que reprueban el origen espurio del actual Ejecutivo, así como querellas por difamación incluso contra periodistas de medios privados por informar sobre el tráfico de influencias groseramente ostentado por el cártel familiar de los Franco.

«Estos incidentes, sumados a la censura, hacen presagiar una grave degradación del pluralismo conforme se aproximan las elecciones generales del 21 de abril de 2013», manifiesta RSF en el informe sobre la situación de la prensa en Paraguay en el escenario posgolpe.

Sin embargo, todo esto no debiera usarse en perjuicio del reconocimiento de la obligación del Estado de fomentar la presencia de cada vez más voces que, al poder expresarse, complementarán a su vez el derecho de toda la comunidad de acceder a múltiples fuentes de información y puntos de vista. Pues de eso se trata, del carácter colectivo del derecho. Si una opinión es silenciada, ya sea a razón de la censura directa a un individuo o por la privación al acceso a los medios por razones económicas, es el derecho a la información de toda la ciudadanía el que está siendo violentado. Cuando una voz calla, el conjunto de la sociedad se ve privado de escucharla.

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