“El Estado niega los derechos humanos”

“El Estado niega los derechos humanos desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto en el discurso como en las acciones”, indica Rosa Posa en el informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) 2014.

“El manejo del Estado como un conjunto de empresas se traduce en algunas ofertas de servicios sin derechos. En medio de la manifiesta falta de compromiso del Gobierno, existen algunos puntos que marcan un leve cumplimiento de sus obligaciones. Estos hechos resultan sorprendentes, cuando deberían ser acciones cotidianas”, expresa, esto último en relación al caso Sawhoyamaxa.

La situación que vivimos actualmente en Paraguay no viene solo del gobierno de Horacio Cartes, asegura. “Sesenta años de coloradismo –de los cuales 35 fueron de dictadura– y con un pequeño paréntesis entre agosto de 2008 y junio de 2012, en el que igualmente el coloradismo continuó acumulando poder en el estamento Legislativo y Judicial, enraizaron prácticas políticas que persisten desde hace más de medio siglo, logrando instalar una cultura de desconocimiento de los derechos en desmedro de la población”.

Asegura que en ese sentido se acomodó: “la doble justicia: una para el sector de poder y otra para el pueblo; la doble moral: se dice una cosa y se hace a escondidas lo contrario; la doble economía: la que crece para grandes empresas y se encoge para trabajadoras/es, campesinado, sector “informal”, etc.; el doble discurso: el de la campaña electoral y el real; el doble poder: el investido como Estado y el poder fáctico insertado en el Estado”.

En el discurso y en los hechos

Posa resalta que la negación de los derechos humanos por parte del Estado paraguayo se da en el discurso.

“Desde el Parlamento se han realizado propuestas y emitido declaraciones que buscan más establecer políticas represoras y punitivas que las que garantizan los derechos humanos de las personas. En esta línea de minar el valor y el respeto a los derechos humanos están las declaraciones a favor del restablecimiento de la pena de muerte por parte de la senadora Mirta Gusinsky o la propuesta del diputado Edgar Ortiz para establecer cadena  perpetua”.

Dice que no se tratan de anécdotas aisladas ni exabruptos particulares, sino de un acuerdo generalizado en buscar soluciones a los problemas sociales mediante la represión. Recuerda que se instaló una Comisión Especial Bicameral para la Reforma del Código Penal y el Código Procesal Penal, que está presidida por el senador Enrique Bacchetta, quien se ha manifestado a favor del endurecimiento de las penas.

Respecto al Ejecutivo, señaló que el mismo  presidente Horacio Cartes declaró en noviembre de 2013, a raíz del asesinato de un policía: “acá no hay derechos humanos, solo llantos”, sin asumir que el Estado es el responsable de garantizar los derechos humanos y que él es el jefe del Estado. A esto le suma la intervención del canciller Eladio Loizaga, que en la 44ª asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que en Paraguay no son necesarias resoluciones que expresen la preocupación sobre la violencia recibida por personas lesbianas, gay, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), porque “en Paraguay no hay homofobia”.

A esto le suma las declaraciones del ministro del Interior, Francisco de Vargas pidiendo “investigar”  buscando instalar en parte de la opinión pública “que existe un contubernio entre las organizaciones que defienden los derechos humanos y los grupos armados”. En la misma línea está el ministro de la Senad, Luis Rojas, que calificó como “una desventaja” a los derechos humanos.

Violaciones

Posa señala además varias acciones del Estado que violentan derechos humanos. “El Estado tiene el uso legítimo de la fuerza como último recurso ante ciertos casos, y éste debe tener ciertas características. Entre ellas, el uso debe ser razonable y proporcional. Muchos de estos casos están vinculados a las acciones que realiza el Estado”. Asegura que bajo la justificación de “la lucha contra el EPP” se ha podido ver que el uso que se ha hecho de la fuerza no ha tenido ninguna de estas dos características. Citó varios casos, como de una mujer que denunció haber sido torturada por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), argumentando solamente que “estaba imputada”, también señaló que se hicieron denuncias de ejecuciones presentadas como enfrentamientos.

“Es preocupante la probabilidad de ejecuciones arbitrarias que estaría realizando el Estado”, dice. “A esta preocupación se agregan las felicitaciones de ciudadanos y ciudadanas que sienten que ‘por fin el Estado está haciendo algo’, como si los muertos fueran indicadores de logro.

La activista resalta además el caso de Lucía Sandoval, quien estuvo más de tres años en prisión preventiva y que, a pesar de ser absuelta por la “duda”, tuvo que sufrir todas las malas prácticas ejercidas por el Poder Judicial. El caso se ha convertido en emblemático de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

El Estado como empresa privada

El hecho de que Cartes haya preferido viajar a Taiwán en busca de inversiones, en vez de participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, “es un signo demostrativo de las prioridades del Gobierno. No es que no sean importantes las inversiones, sino que la Asamblea General de Naciones Unidas es anual y tiene que ver con los derechos humanos”.

En tal sentido, hay ejemplos que demuestran esto, según la misma, como el caso de los policías que custodian las fumigaciones en cultivos de soja, al mismo tiempo que desalojan a comunidades campesinas e indígenas, o se dan casos de guardias privados de seguridad balean a las personas, como en la comunidad indígena Y’apo.

El caso del asesinato de los periodistas Pablo Medina y Antonia Almada demuestra que el Estado está siendo cooptado por poderes fácticos, asegura.

 Lea en el informe el artículo completo.

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