El Estado debe priorizar los gastos sociales por sobre los bélicos

Alba Ozuna del SERPAJ explicó los objetivos del encuentro juvenil que se realizará en la Plaza Italia.

La Abogada expresó que durante la jornada se denunciará el proceso de militarización que esta viviendo el Paraguay, para Alba Ozuna las Fuerzas Armadas deben cumplir su función de resguardar las fronteras y no ser un intrumento de represión contra los sectores desfavorecidos del país.

Ozuna también advirtió que el proceso de militarización proviene de los propios organismo del Estado, que compra materiales bélicos, o propone sueldos para los soldaditos «cuando el Paraguay tiene una alta taza de mortalidad de mujeres embarazadas, niños en situación de calle y una profunda situación de desigualdad en el acceso a los derechos fundamentales como son educación, salud y techo, existe más peligro en una picadura de mosquito, que la posibilidad de que Paraguay entre en guerra».

El Estado aumentó su gastos en defensa mientras descuida la salud y la educación sostiene Alba Ozuna abogada del SERPAJ. Fuente: Fuerzas Armadas

En lo que refiere a la ley 4013, la abogada opinó que la misma transgrede varios artículos de la constitución nacional como el de la irretroactividad de la ley y el derecho a no ser molestado por cuestiones ideológicas.

También criticó el mecanismo que designa a un joven como objetor de conciencia, para declararse objetor se debe presentar una solicitud ante un consejo compuesto por militares, lo que implica una injerencia militar en cuestiones civiles.

Este sábado 25 de junio se desarrollará un encuentro juvenil por la desmilitarización y en rechazo al Servicio Militar y Civil Obligatorio, en la Plaza Italia desde las 10 hasta las 12:30 hs.

Dentro de los planteamientos del evento se pretende elaborar un pronunciamiento a los diferentes Poderes del Estado, ratificando el rechazo a la Ley 4013 y  firmado por las organizaciones participantes del encuentro.

Además, se exigirá una respuesta inmediata y favorable a las acciones de inconstitucionalidad presentadas, ante la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año pasado, por 300 objetores de conciencia contra la Ley 4013.

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