El EPP y la estrategia de la violencia ilegítima

El atraco e incineración de un destacamento militar en la localidad de Tacuatí, departamento de San Pedro, el pasado 1 de enero, atribuido al denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es un hecho consumado. Más que descubrir y acusar a los responsables materiales e intelectuales del atraco, importa en forma inmediata posicionarse con un discurso que contrarreste la estrategia, ya en desarrollo, de los sectores de poder de endilgar el hecho a las organizaciones sociales y sus expresiones políticas de izquierdas.

Esta estrategia de los sectores de poder tiene como objetivo ganar la legitimidad que concede la ciudadanía para la represión contra las crecientes protestas sociales y políticas que se desatan contra el orden legal, político y económico de la Oligarquía. Los medios de comunicación son la punta de lanza para ganar esta legitimidad, criminalizando al movimiento social con el argumento de que desarrollan una «lucha política por vía de las armas». La lucha entonces, en el plano del discurso, la ganará aquella parte que consiga rotular al adversario de «violento» ante la gente. Será así porque aquel sector que ejecute una violencia ilegítima, perderá el apoyo de la gente y será víctima de la fuerza legítima que aplica el Estado.

Queda claro que aquellos que necesitan más de la generación de hechos de violencia no política son los diversos sectores de la oligarquía, cuyo poder entró en un proceso acelerado de deslegitimación ante las mayorías del país a partir del 20 de abril, visto la pobreza y la miseria de la gente producida por aquel poder en los últimos 30 años. Es entonces la oligarquía la que debe conservar su poder a través de la violencia por su incapacidad de resolver los problemas sociales de la gente. Así, toda violencia no política y sin dirección generada desde los sectores sociales y políticos excluidos será aprovechada y beneficiará al Poder en ejercicio, porque le otorgará el recurso de la violencia legítima para frenar, a través de los órganos de represión del Estado, el proceso de desgaste que sufre.

En este contexto, es oportuno recordar que los medios de comunicación de la oligarquía aprovecharon efectivamente los hechos de secuestros ocurridos varios años atrás, atribuidos al Partido Patria Libre, declarado de izquierdas, montando una campaña mediática que terminó asestando unas de las más duras derrotas simbólicas al pensamiento y prácticas de izquierdas en el país: los medios consiguieron vincular en la cabeza de la gente las ideas de izquierda-secuestro-guerrilla-violencia, más allá de que haya sido o no Patria Libre el responsable de tales secuestros. Esta nueva campaña mediática que tiene como pretexto al EPP se alimenta de la anterior campaña depositada en aquellos años (en realidad históricamente) en la memoria colectiva.

Por estas breves razones expuestas, me parece imperativo y urgente que las organizaciones sociales campesinas y urbanas y los partidos de izquierdas, en conjunto o separados, se pronuncien, a través de todos los medios de comunicación disponibles, en los siguientes términos:

  1. Condenar cualquier proyecto u organización que apunte a frenar el proceso político de cambio que vive el país través de la violencia armada, porque este método es completamente inútil para resolver los problemas concretos del pueblo, en estos nuevos tiempos que vive el Paraguay.
  2. Deslindar toda responsabilidad de cualquier iniciativa de violencia armada en desarrollo, provengan estas iniciativas de partidos u organizaciones de izquierdas o de derechas, o de cualquier sector social del país.
  3. Reafirmar la decisión de las organizaciones sociales y políticas de luchar política y abiertamente, con los recursos que otorga el orden constitucional vigente, contra el modelo económico y político que privilegia al poder oligarquía del país en perjuicio de las grandes mayorías sociales empobrecidas.
  4. Denunciar que hay sectores de poder formales (los latifundistas y agro exportadores) e informales (la mafia instalada en el Estado) interesados en generar violencia para frenar el proceso de cambio político y social en desarrollo.

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