El ejemplo de la casita

La ley APP es como entregar nuestra única casita a un extraño por 40 años sin recibir nada a cambio y corriendo nosotros todos los riesgos.

Manifestante en contra de la Ley APP. Fuente de Imagen: Cigarrapy

 ¿Qué plantea la ley de Alianza Público Privada (APP)? Entregar todo lo que tiene el Estado de valioso (el agua y sus servicios; los ríos; puertos; aeropuertos; carreteras; puentes; educación; salud; penitenciarías; generación, transmisión, distribución y comercialización eléctrica; telecomunicaciones; cemento; petróleo; etc) por 30 y hasta 40 años, a grandes empresas privadas transnacionales o nacionales sin que éstas le paguen nada al Estado, para ampliar la infraestructura y/o prestar servicios públicos, debiendo correr todo el riesgo nosotros, en función a lo que decida una persona, el señor Cartes, por sí o a través de las personas nombradas por él.

Como se puede ver, se trata de algo de extrema gravedad. Para que se entienda mejor qué es lo que propone la ley de APP, podemos compararla con la de una familia humilde, que tiene como único bien importante su casita. La ley de la APP es lo mismo que si un inversionista viene a hablarle a esta familia –que todo lo que posee es su casita– y le dice que quiere ampliar y mejorar tal casita, para que la misma sea más amplia y cómoda. Le propone lo mismo que está en la ley de la APP, asimilándose así la familia, dueña de la casita, con el Estado paraguayo, el que a su vez cuenta con el patrimonio público –hoy sujeto a la ley de la APP– el que se asimila a la casita.

El inversionista le pide a la familia que le entregue su única casita a él, al inversionista, durante 30 años, extendibles a 40 años. La familia no va a perder su casita –no se va a vender un ladrillo, le asegura–, la que el inversionista le devolverá luego de 30 a 40 años, supuestamente mejorada y ampliada. Para poder ampliarla y mejorarla, le dice el inversionista a la familia, ésta le debe entregar la casita sin cobrarle nada al inversionista, por ese lapso de 30 a 40 años, durante los cuales él, el inversionista, ocupará o usufructuará la casita, mejorándola y ampliándola.

Le dice el inversionista, además, que para hacer las ampliaciones y el mejoramiento de la casita, él, como inversionista, aportará su capital y contraerá créditos, por lo que le informa a la familia que la casita deberá hipotecarse y, también, eventualmente todos los salarios o ingresos de la familia, a fin de garantizar las inversiones, a fin de que el inversionista recupere en forma segura su capital y obtenga, también en forma segura, el lucro que pretende, según niveles de mercado.

En resumen, el inversionista le pide a la familia que ésta le entregue su única casita sin pago alguno durante 30 a 40 años y, encima, que la familia asuma los riesgos de la inversión –pues es una “alianza” entre el inversionista y la familia– tanto con sus ingresos o salarios familiares como con su propia casita, ahorros, avales bancarios y créditos.

¿Alguna familia en su sano juicio aceptaría estas condiciones? ¿Alguna familia entregaría su única casita durante 30 a 40 años a un inversionista que no le pagará nada y, encima, le hará correr todos los riesgos? ¿Qué es esta BARBARIDAD de entregar la única casita que tiene la familia, sin recibir nada, a un inversionista por 30 a 40 años, y encima corriendo todos los riesgos la familia?

Acotemos, además, que el Paraguay (la familia en el ejemplo) posee reservas récord (6.000 millones US$), exportaciones récord, crecimiento del PIB récord, ingresos no reembolsables de 750 millones US$ de binacionales, 100 millones US$ de FOCEM y créditos blandos de 1.000 millones US$ del Acuerdo de Caracas, entre otros. Además, un nivel de endeudamiento bajísimo (10% del PIB, uno de los menores del mundo). Es decir, el Paraguay posee alternativas a lo que le propone el inversionista (la APP), para ampliar y mejorar su “casita” (la infraestructura pública), sin necesidad de cederla gratuitamente y de correr todos los riesgos.

Los grandes medios empresariales, el señor Cartes y un buen número de parlamentarios han defendido –y defienden– las ventajas de la ley de APP recientemente promulgada, cuyos términos son exactamente los descriptos para la familia y su única casita, a ser entregada sin recibir nada a cambio por un plazo de hasta 40 años y corriendo nosotros (los contribuyentes) todos los riesgos.

Preguntamos a los partidarios de la APP: ¿podrían conseguir siquiera una familia que, en su sano juicio, esté dispuesta a entregar su única casita por 30 a 40 años sin recibir nada a cambio a un extraño, que dice que la ampliará y mejorará, y que, para garantizar estas mejoras/ampliaciones le hará correr a la familia, encima, todos los riesgos? Si los partidarios de la APP consiguieran al menos una familia que esté dispuesta a entregar su única casita por 40 años sin recibir nada a cambio y arriesgarse en todo, creo que se podría considerar con más seriedad la actual ley de APP. Si no consiguen ninguna familia que, en su sano juicio, se comprometa firmemente a entregar su única casita en estas condiciones, de inmediato debería estudiarse la derogación de esta ley que es de entrega de nuestra única casita, EL PATRIMONIO PÚBLICO, a codiciosos inversionistas privados, principalmente transnacionales, en condiciones tan leoninas como las descriptas en el caso del inversionista en relación a la familia y su única casita.

 

 

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