El caso de los «14» despierta miedo e indignación entre pobladores del norte

En Horqueta, miembros de organizaciones, pobladores y conocidos de los acusados cuentan como les afecta el caso.

Tras la suspención del Juez Gustavo Bonzi, los liberados volverían a enfrentar el proceso. Los campesinos y activistas sociales del caso prefieren el refugio antes que enfrentar nuevamente a la justicia, «por la falta de independencia».

Pobladores y conocidos ven una persecusión política, afirman que solo quieren justificar su presupuesto con ellos, hay miedo, descofianza y su organización está estancada. Reclaman la falta de solidaridad de sus pares.

    Los operativos en busca del EPP y las víctimas inocentes que se ha cobrado instaló el miedo en las comunidades campesinas del norte. Foto: El Pais.

    Por Jasper Kerremans

    La revocación de la resolución del juez Gustavo Bonzi por la Cámara de Apelaciones de Concepción el pasado 10 de agosto, causa mucha controversia. Ahora que la Corte Suprema de Justicia suspendió al juez por decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, queda una fuerte apariencia de persecución política.

    Un total de 13 de los 14 campesinos, campesinas y activistas sociales, que son acusados de formar parte del equipo logístico del EPP durante el secuestro del ganadero Luis Lindstron, decidieron aprovechar la opción jurídica del refugio en un país externo, ante la falta de independencia del Poder Judicial paraguayo. En este contexto, E’a fue a Horqueta, departamento de Concepción y conversó con referentes de organizaciones sociales norteñas y conocidos de los 14 acusados, a fin de conocer la impresión de la gente y analizar la situación social en la región.

    Tortura sicológica

    Máxima González, esposa de Aguedo Giménez, y madre de Alcides y Rumilda Giménez, expresó su decepción de la justicia paraguaya, además del gran dolor que siente por estar nuevamente separada de su familia. Recordó que, tras un año y seis meses de encarcelamiento de sus seres queridos, el juez Bonzi había hecho justicia, pero que nuevamente sus familiares ahora están perseguidos, describiendo la situación como una “tortura psicológica”.

    Algunos de los "14" campesinos y activistas absueltos en caso Lindstron, que hoy vuelven a temer por su libertad. Foto: Base Is.

    Para González, la suspensión de Gustavo Bonzi como juez demuestra que hay una clara injerencia política en el caso.

    Aureliano Benítez, educador y compueblano de la familia Giménez, concuerda con que existe una presión política sobre el Poder Judicial y que la persecución de los 14 campesinos tiene por objetivo justificar el presupuesto millonario designado para la  búsqueda del EPP. “No quieren atrapar a los culpables, no les conviene”, sentenció González en esa misma línea.

    Gladys Gómez, ex-dirigente de la Organización Campesina del Norte (OCN), está convencida de que los acusados ya están condenados de antemano. Expresó que la justicia paraguaya no es imparcial y que con la suspensión de Bonzi, el Gobierno dio el mensaje de que cualquier juez que declare inocentes a los 14, sufrirá la misma represalia.

    González pidió justicia una vez más y sobre todo, apoyo para los acusados y sus familias. Dijo que, a pesar de varios intentos de los familiares, es muy difícil organizar acciones políticas porque la gente tiene miedo. “Nosotros teníamos la esperanza en que las organizaciones del norte nos acompañen, pero hasta ahora no mostraron la cara” añadió.

    Pobladores de Kurusu de Hierro reunidos con autoridades en abril de este año. Foto: Justiciado, desde el Norte.

    Ataques a las organizaciones

    Gladys Gómez confirmó que las organizaciones de la zona están desarticuladas y que eso se debe a un clima de temor que se instaló con la militarización del norte y la persecución actual. Expresó que la histórica Organización Campesina del Norte, que siempre fue la más activa y visible de la región, ahora es fuertemente criminalizada y quedó diezmada. Lo mismo pasa con las organizaciones locales de Kuruzú de Hierro y Hugua Ñandu, donde en enero de 2009 fue asesinado el dirigente Martín Ocampos, en circunstancias que hasta hoy no fueron aclaradas.

    Según la referente, existe una fuerte estigmatización. “Hay gente que por tener el apellido Villalba, Cristaldo o Meza, tiene hasta dificultades para conseguir trabajo. Eso hace que la gente reaccione cada vez más en contra del EPP, pero también en contra de las organizaciones”, indicó.

    Con pesar, Isidoro Bazán, presidente de la OCN, contó que la cantidad de socios de la organización disminuyó dramáticamente. “La organización quedó estancada. Por ahora es imposible hacer actividades políticas, ya no difundimos comunicados ni convocamos a manifestaciones. Hemos intentado, pero hay demasiado miedo” explicó el dirigente. Indicó que no existe solidaridad entre las organizaciones del departamento. “Cuando escribimos un comunicado, nadie apoya. Incluso hay gente de otras organizaciones que dicen que nuestra línea es la guerrilla, aunque nosotros nunca estuvimos a favor de ella, porque no la vemos como alternativa”, remarcó.

    Desde los departamentos vecinos a Concepción, así como en algunos distritos, el agronegocio avanza, y buscará desplazarlos según los campesinos. Foto Indymedia.

    El agronegocio como transfondo

    Tanto Gómez como Bazán creen que los golpes represivos forman parte de un plan que busca aplastar a las organizaciones campesinas y facilitar el avance del agronegocio en la región. Bazán señaló que “pasando el Río Ypané ya comienzan los latifundios de los menonitas y los brasileños. Ya estamos prácticamente rodeados por el agronegocio. Acá en la zona se está echando monte para plantar maíz transgénico, y dentro de poco seguramente soja. Está entrando de a poco”.

    Gómez remarcó que la apertura de la ruta Concepción-Vallemí forma parte del mismo proyecto. “En la zona de San Alfredo una empresa argentina está cultivando soja. Esa ruta va a facilitar el traslado”, explicó. Por último, ambos dirigentes concordaron en que la base de fuerzas especiales en Huguá Ñandú también es otra arista del mismo plan y que la muerte de Martín Ocampos no fue una coincidencia. “El era uno de los dirigentes visibles de la OCN y de la comunidad, que está rodeada por ganaderos. Sí o sí iba a cuestionar la base militar que se está construyendo ahí”, aclaró Gómez.

    Responsabilidad del gobierno

    Consultados sobre el rol del gobierno de Fernando Lugo en todo este proceso, tanto Bazán como Gómez opinaron que este tiene una responsabilidad muy grande. “Yo no me trago todo eso de que es solamente responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial. Él (Lugo) mismo presentó y aprobó le ley anti terrorista, la ley del informante, etc.”, remarcó Gómez. “Seguramente le fue mucho más fácil porque tenía toda la confianza de las organizaciones sociales. Mientras la gente confiaba en él, hizo lo que hizo. Nosotros nos callamos porque no queríamos desestabilizar este gobierno”, añadió la activista. Al despedirse, Isidoro Bazán, con un suspiro recordó las palabras visionarias de un compañero en el 2008: “El obispo nos conoce demasiado bien, va a ser fácil fundirnos”.

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