El caso Curuguaty y la Tiranía Oligárquica

Una reflexión sobre el sistema político imperante en Paraguay a partir del caso Curuguaty

Sobre el caso de la matanza de Curuguaty se ha escrito mucho, bastante y lo ha hecho gente comprometida, competente e informada. Se ha escrito y reflexionado sobre los nexos de la matanza con un proyecto de desestabilización que terminó tumbando un gobierno constitucional, el primero en la historia del Paraguay que garantizó una alternancia pacífica y comenzaba un proceso de apertura política y de reformas luego de 60 años bajo el dominio de un solo partido. También se ha insistido en como este caso es casi un arquetipo que revela la sociedad desigual e injusta que impera en el Paraguay; los juristas y defensores de derechos humanos nos revelaron la iniquidad absoluta del actual proceso judicial que pretende “esclarecer” lo ocurrido. Las irregularidades, según estas explicaciones, son tantas y tan alevosas que se debe exigir la libertad inmediata de los detenidos por falta de pruebas y por errores de fondo y forma en todo el proceso judicial.

Todos estos argumentos fueron detallados con veracidad, calidad técnica y solidez en sendos dossiers hechos públicos por diversos medios y cuando correspondía fueron presentados a las instancias judiciales competentes. Dicho sea de paso, la calidad de estos informes y la solvencia profesional de abogados defensores como Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, es ampliamente superior a lo que hasta ahora pudo escucharse o leerse de los argumentos presentados por la acusación a cargo del fiscal Jalil Rachid (cuyo vínculo afectivo y familiar con una de las partes en litigio ya está fuera de toda duda, además de su supina incompetencia y autoritarismo). Los elementos presentados hasta ahora como pruebas en la audiencia preliminar pasan de ser comentados, simplemente son un insulto a la inteligencia y son objeto de escándalo e indignación cuando no de burlas e hilaridad entre los profesionales del derecho y la ciudadanía en general.

Me permito un breve paréntesis para señalar que el caso Curuguaty es probablemente el proceso judicial más seguido y mediático de los últimos tiempos. La ciudadanía no solo puede informarse a través de los medios de comunicación comerciales y alternativos, también puede seguir la audiencia en tiempo real a través del público presente en el juzgado y que comparte información a través de las redes sociales, quizá sea esta contraloría ciudadana la que da tantos dolores de cabeza a Jalil Rachid y la afecta seriamente la presión arterial de la jueza Yanine Rios.

La institucionalidad mafiosa

Pero toda argumentación y razón choca contra un muro infame: la institucionalidad mafiosa de la República del Paraguay. Ésta no entiende de razones y argumentos, solo entiende de intereses y de billetes. Por eso es tan fuerte y tan simbólica la foto que circula en estos días en las redes sociales, donde vemos los rostros bañados en lágrimas de familiares de víctimas y detenidos de la masacre, con las bocas tapadas con billetes para protestar contra una justicia sometida al poder del dinero.

Sabemos que los sistemas jurídicos son el reflejo de una correlación de fuerzas entre los diferentes sectores de la sociedad. En nuestro país son los “señores” de la tierra, ese 2% que controla tres cuartas partes del territorio nacional, quienes dictan e imponen las leyes. El código penal, por ejemplo, castiga con muchísimo más rigor el abigeato que el intento de homicidio, con lo cual resulta claro que la vida de las vacas están muy por encima de la de los seres humanos. Pero aun conociendo este sesgo clasista  de la legislación, existen principios jurídicos de base, mínimos, que debieran ser respetados en un juicio. Pero no, con la masacre de Curuguaty no solo se quiso infligir un castigo disciplinador al campesinado organizado en términos de la represión, también se pretende disciplinar en términos del tipo de institucionalidad vigente, es como si la oligarquía del país quisiese pasar el siguiente mensaje a la sociedad en general y al campesinado organizado en particular:

“No solo podemos apelar al asesinato y  la masacre de quienes protestan o tumbar un gobierno electo, ni siquiera necesitamos guardar ninguna mínima formalidad jurídica, el poder judicial y legislativo (y ahora de nuevo el Ejecutivo) nos pertenecen, de nada sirve oponerse”.

Tiranía “Democrática”

Si el contenido de la frase propuesta fuese cierta, reflejaría fielmente una tiranía, ¿pero cómo podríamos definir de tiránico un régimen en el que se realizan elecciones periódicas, existen partidos políticos, libertad de asociación y de expresión, etc.? Quizá podríamos plantearnos la pregunta de otro modo: ¿Puede un régimen profundamente inicuo, generador de exclusión y pobreza, con instituciones profundamente pervertidas y ampliamente dominadas por poderes fácticos seguir siendo considerado como democrático?, ¿es suficiente la vigencia formal o declarativa de ciertos derechos, pero de escasa o nula vigencia práctica para hablar de democracia?.

Probablemente el sumun de esta paradoja sea la inauguración de la era de los “golpes de estado parlamentarios”. El grado de perversión de los poderes del estado y de las instituciones, que habiendo cooptado todo mecanismo institucional de representación popular y de acceso al poder, permite a los detentores de éste gobernar exclusivamente en defensa de sus intereses corporativos sin la más mínima consideración de los intereses colectivos, de la voluntad popular expresada en las urnas o de los más mínimos principios judiciales (el derecho a un juicio justo, por ejemplo). Eso sí, es necesario preservar una fachada mínima, dicha fachada está contenida en el adjetivo calificativo “parlamentario” que sigue a golpe de estado, reemplazando al adjetivo “militar”. Esta es la coartada que ofrece ese ligero cordón profiláctico que mantiene la ambigüedad suficiente para seguir apelando al término “democracia”.

En el Paraguay, a diferencia de otros países donde aún guardan ciertas formalidades, la dominación oligárquica puede presentarse a cara descubierta, sin necesidad de refinamientos o sofisticados sistemas para disimularse, aquí la cosa es al estilo “Magdaleno, Calé, Jaeggli, Tuma, Jalil o Acero Zuccolillo”, solo para citar algunas figuras paradigmáticas e histriónicas de la fauna político-médiatico-judicial. Tampoco es necesaria ninguna deontología para publicar un periódico o dirigir un medio de comunicación, se puede tergiversar, mentir, manipular, difamar y calumniar sin ninguna limitación, si le cabe alguna duda puede contentarse con leer el diario ABC COLOR.

Paraguay: dinero y política en un paraíso fiscal discreto

Los mecanismos institucionales de la democracia representativa han sido cooptados y desnaturalizados por estos grupos oligárquicos. Para cooptar estas instancias es necesario algo esencial: DINERO. El Paraguay es una especie de paraíso fiscal “discreto”, puesto que nadie discute el hecho de que nuestro país figura en las listas en la materia, todo el mundo hace como si nada. El dinero puede llegar de donde sea y no hay necesidad de justificar su proveniencia, puede circular y blanquearse sin mayores problemas. Si se tienen los aliados políticos correctos es un negocio bastante rentable y es seguro “invertir” dinero sucio en el Paraguay. La seguridad de tales “inversiones” es directamente proporcional al mantenimiento de los aliados políticos en el poder.

Con respecto a este último punto, el financiamiento de los partidos políticos, en especial de los mayoritarios, despiertan grandes dudas y no hay estudios serios sobre la proveniencia de los fondos utilizados para financiar las campañas electorales. Un ejemplo reciente: en las internas del Partido Colorado, solo el día de las votaciones, repetimos de unas “elecciones internas”,  los dos principales candidatos, según sus propias declaraciones en los medios de comunicación, gastaron entre ambos ¡8 millones de U$! (Horacio Cartes 5 millones de U$ y Javier Zacarías Irún 3 millones de U$)[1].  Como elemento de comparación podemos citar que TODA la campaña presidencial del candidato ganador de las últimas elecciones francesas en 2012, François Hollande, costó 21 millones de euros[2]. Vale decir, que el pre-candidato de un partido, en un país con una población diez veces inferior y con costos ampliamente más bajos a los de un país del primer mundo, puede gastar 5 millones de U$, sólo el día de la interna, sin contar los gastos previos, ni los gastos posteriores en tanto que candidato electo del partido. Esto sin entrar a discutir los aspectos éticos de tales gastos en el contexto de la extrema pobreza que afecta a amplios sectores de la población y por supuesto, sin mencionar las sospechas legítimas que despiertan tales sumas acerca de los intereses y motivaciones de quienes pueden pagar tanto dinero para asegurarse una candidatura.

Juan Jacobo Rousseau, aquel ginebrino que fuera uno de los inspiradores e ideólogo de la revolución francesa, sostenía que la libertad y la igualdad son complementarias y se condicionan mutuamente para que un sistema sea considerado justo. La libertad, decía, no sobrevive en los contextos de gran desigualdad, por eso preconizaba una sociedad en la que “nadie sea tan rico como para poder comprar a otro y nadie sea tan pobre como para verse obligado a venderse”.

El caso Curuguaty muestra en el plano del derecho a la justicia, que la desigualdad es tanta que los poderosos del país no se contentan con diseñar las leyes asegurándose una mayoría de parlamentarios venales, también pueden nombrar y/o comprar ministros de la corte, jueces, fiscales y cualquier otro magistrado o agente de la Justicia, para aquellos casos en que las leyes vigentes no les garanticen de forma irrestricta impunidad y salvaguarda de sus intereses.

Reflexionar la Tiranía Oligárquica

A pesar de todas estas perversiones de nuestro sistema político, los sectores dominantes de nuestro país y sus voceros de la prensa comercial, jamás reflexionan sobre estos temas, las razones son más que evidentes. Muy al contrario, prefieren reservar el término Tiranía para referirse a otros gobiernos de la región que se embarcaron en reformas tendientes a una mejor redistribución de la riqueza nacional, hacia un mayor control de sus recursos naturales en beneficio de sus poblaciones y una mayor autonomía en sus decisiones de política internacional. Presidentes como Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez antes y ahora Nicolás Maduro, son catalogados regularmente como “dictadores” o “tiranos”, en algunos casos, furibundos escribas, van hasta invocar el derecho a la rebelión para tumbar a dichos “tiranos”. Peligrosa línea de argumentación la que elige la oligarquía paraguaya, porque la gente podría empezar a preguntarse y reflexionar sobre el concepto de tiranía y sacar conclusiones diferentes a las de las líneas editoriales de los principales medios comerciales del Paraguay.

 


[1] Ver Ultima Hora digital del 4 de noviembre de 2012 : «8 millones de U$ gastarán Cartes y Zacarías solo el día de las internas»

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