“El capitalismo es incompatible con los derechos humanos”

José Shulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) e integrante de la misión internacional que estuvo en nuestro país para monitorear la situación de los derechos humanos, afirma en esta entrevista que los derechos humanos son un campo en permanente disputa.

Hay diferentes concepciones al respecto y varias de ellas resultan  claramente antagónicas.

José Shulman, de la LADH, relata que los testimonios de los pobladores de las zonas militarizadas del Norte del país le remiten a los horrores vividos durante la dictadura argentina.

Shulman reivindica que el principal derecho es el derecho a luchar, por lo que a su criterio un defensor de los derechos humanos debe acompañar la lucha popular sin pretender dictar cuál es el camino correcto. Asimismo, apunta a la integralidad de los derechos por lo que, asegura, “el capitalismo es incompatible con los derechos humanos” ya que dentro de este sistema no existen los derechos socioeconómicos y que, para mantenerse, el orden imperante depende en esencia de la fuerza represiva.

Sobre la comunidad Sawhoyamaxa dice que ha sido víctima de un genocidio, ya que se la ha desarticulado para transformarla en otra distinta. Con respecto a la militarización en el Norte, relata que los testimonios de los pobladores le remiten a los horrores vividos durante la dictadura argentina.

Al referirse a la situación de los labriegos encarcelados por la masacre de Curuguaty, asegura que en este caso no solo están presos campesinos paraguayos, sino que está presa la causa misma de la independencia latinoamericana.

–En primer lugar podrías hablarnos de lo que es la visión de la LADH.

–Nosotros defendemos el derecho de la autodeterminación de los pueblos, de ser solidarios con todos los que luchan. Nosotros defendemos un enfoque.  En contra del sentido común, contra lo que generalmente circula en los medios, los derechos humanos son un campo en disputa. Hay muchas visiones sobre los derechos humanos. En la entrevista que tuvimos en el Congreso de la nación, ahí se reflejó claramente que tenemos dos visiones antagónicas. Para nosotros la única forma de conquistar los derechos humanos es la lucha popular. El primer derecho que defendemos es el derecho a luchar por los derechos humanos. Por lo tanto para nosotros la solidaridad con los campesinos y con los militantes populares de Paraguay que luchan por la tierra, que luchan contra la represión, contra el autoritarismo, contra el olvido, contra la impunidad de los crímenes del stronerismo, contra los agrotóxicos, contra el modelo extractivo, contra la violación de los derechos de las niñas y los niños, contra la falta de salud, de educación, de agua.

En cambio, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Mirta Gusinky, creo entender –porque no es fácil entenderle a ella– quiso plantear que a los derechos le corresponden obligaciones.  Es una idea, que seguramente ni sabe, que en el año 1100 en la isla de Gran Bretaña, lo que estaba naciendo como burguesía arrancó al rey Juan lo que se llama la Carta Magna, que fue el primer reconocimiento del Estado de la limitación de sus poderes. A continuación el rey dijo, algo que ella repite sin saber que lo dijo un rey: que a los derechos le corresponden obligaciones. A ese discurso nosotros hemos dicho siempre que en todo caso que primero se cumplan todos los derechos.

La segunda idea que defendemos es la de la integralidad de los derechos humanos. A parte de defender una memoria que ilumine el presente, como dice Adolfo Pérez Esquivel, llegamos al acuerdo de que el capitalismo es incompatible con los derechos humanos. El capitalismo es incompatible con los derechos económico-sociales. El capitalismo requiere de mantener una fuerza preparada para disciplinar a los trabajadores, al pueblo, a los consumidores, a los estudiantes, a los intelectuales. Y es una fuerza que esencialmente reprime. No hay forma de mantener el capitalismo y no tener una fuerza represora.  La naturaleza del capitalismo es reprimir, no solo explotar porque no hay forma de explotar sin reprimir.

–¿Cómo observa la situación de los derechos humanos en Latinoamérica?

–Estamos convencidos de que el movimiento de derechos humanos en América Latina debe reinventarse. La mayoría de los movimientos de los derechos humanos basan sus ideas en los duros años del terrorismo de Estado de los setenta en una visión defensiva que arranca mucho desde el lugar de la víctima. Fue justa y necesaria, pero está agotada. La mirada de la víctima como patrón de conducta de la defensa de los derechos humanos hoy en día es absolutamente insuficiente.  Hoy necesitamos una mirada de los derechos humanos que piense en la perspectiva de los procesos latinoamericanos, que están reinventando el concepto de democracia y que están ampliando el concepto de que los humanos tienen derechos. Un concepto de los derechos humanos que no sea utilizado por el imperialismo norteamericano para desestabilizar los procesos regionales y que tenga como bandera la autodeterminación de los pueblos.

Para nosotros defender los derechos humanos es estar al lado y acompañar al movimiento popular en el modo en que decida luchar. Nosotros no debemos juzgar cómo se debe luchar, administrando legitimidades o deslegitimidades, más aún en Paraguay, donde el pueblo está sometido a una dictadura con máscara democrática. Tenemos que ser más humildes. Si en países concretos con historias concretas como Colombia, los campesinos deciden organizarse para terminar con los asesinatos en masa el movimiento de derechos humanos debe estar al lado de ellos. No se puede decir desde la butaca de un avión a los campesinos que están siendo torturados que envíen un formulario a las Naciones Unidas o haga el reclamo por la vía institucional correspondiente. Yo creo que no hay mayor soberbia que aquella que se dedica a descalificar las luchas ajenas.

–¿Cómo vivió en lo personal la experiencia de la misión de observación internacional?

José Shulman afirma que se ha cometido un genocidio contra la comunidad Sawhoyamaxa. Foto: Serpaj-Py.

–Fue duro ver lo que queda del pueblo Sawhoyamaxa. Una comunidad que no tiene agua, electricidad, gas, los niños terminan todo el ciclo y no saben leer ni escribir, no pueden cultivar. Ni siquiera recuerdan la lengua de sus ancestros. Hablan en guaraní pero no son guaraníes. Eso es genocidio, es decir, destruir un pueblo para reorganizar radicalmente a una sociedad. Es claro que a ellos se los ha destruido para que avance la soja, para que se críen más vacas, para que una parte de la población, que es la que ordena el genocidio, se enriquezca.

Lo que escuché en Tacuatí Poty y Horqueta es lo mismo que escuché en los juicios por genocidio en Argentina: allanamientos nocturnos, con una fuerza militar innecesaria, en todos los casos rompen todo, roban todo, amedrentan a la gente, sin exhibir orden judicial. Las amenazas son muy claras. Ellos quieren que la gente se autoincrimine. Se tortura de la forma clásica como en la Inquisición: confesá o si no me obligás a que te mate o que te torture.  La militarización ha afectado las relaciones comunitarias, de establecer recelos entre la gente, miedo. Esta situación podría transformarse en una ocupación militar permanente. La militarización ha sido aprobada por el Parlamento y el Poder Judicial no dice nada. No dicen nada las Naciones Unidas, ni la OEA, ni el Mercosur, ni la Unasur ni nadie.

Hay una equivocación gravísima en los gobiernos populares de la región. Olvidan lo que ocurrió en la Unión Soviética, donde se confundieron las políticas de Estado, los intereses supuestamente del Estado con los intereses del movimiento popular. Dejar de lado la ética. Un gobierno popular no puede cerrar los ojos ante la ejecución judicial de los compañeros. Es malo no solo para el pueblo paraguayo, es malo para el pueblo venezolano, ecuatoriano, boliviano. Nada bueno va a crecer si no se dice la verdad sobre lo que pasa en América Latina, sino se educa a los pueblos en la solidaridad. Esa visión utilitarista es suicida. Un día no denunciarán esto, otro día no denunciarán aquello y cuando menos lo piensen van a estar actuando como nunca pensaron.

–¿Y con respecto al caso de los campesinos presos por la masacre de Curuguaty?

–No tenemos ninguna duda de que es un armado judicial, es una ejecución judicial sumaria con una fachada jurídica endeble. Una grosería pocas veces vista. No se ha cumplido la Constitución ni los códigos de procedimiento. En primer lugar que no se investigó los asesinatos de los campesinos ni a las fuerzas del orden que actuaron en la ocasión. No hubo ningún cuidado con las pruebas. Todo eso es manifiestamente irregular y arbitrario. A mí me costó entender esa audiencia y cuando la conté en Buenos Aires todos sugerían que yo estaba mintiendo. Cómo entre las pruebas van a poner rollos de papel higiénico, tapitas de gaseosa, que había hombres armados en la sala, que había una mamá con su niño en la audiencia.

Cuando leí la condena del juicio político a Fernando Lugo reparé en una frase: que por ser los hechos de público conocimiento no deben ser probados.  Paraguay se ha apartado de la tradición del mundo occidental y hasta del liberalismo que ha sido el sostén del capitalismo: la presunción de inocencia, que nadie puede ser condenado por lo que no está acusado, que todos tienen derecho a la defensa, para defenderse uno tiene que ser advertido de lo que se le acusa, etc. No hay interés de esclarecer lo que pasó, no hay prueba de nada. Lo que es de público conocimiento es que las tierras de Marina Cue son del Estado paraguayo, son tierras usurpadas por el empresario, no por el campesino. Lo único de público conocimiento es que encontraron viejas escopetas y que los muertos cayeron por disparos de armas sofisticadas, que nadie las ha entregado. En el sótano de Tacumbú no están presos solo campesinos paraguayos, está presa la causa de la independencia latinoamericana. Con los cinco presos de Tacumbú está la democracia en Paraguay. Si se permite que se destruya a esos campesinos estarán destruyendo la democracia paraguaya.

 

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