El caos es promovido en IPS con fines privatistas

Por Paulo César López

El sigiloso proceso de modificación de la carta orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) que promueve su titular, Benigno López, busca entregar el manejo de la caja de jubilaciones al sector privado, por una parte, y subsidiar el déficit de la caja de los militares y policías, por la otra. El IPS es el segundo ente que más recauda en el país luego de Itaipú: unos 400.000 millones de guaraníes al mes.

En contraste, según datos publicados por la prensa en 2012, los militares aportan 27.020 millones de guaraníes frente a 79.033 millones de guaraníes que se llevan los retirados, es decir con un déficit de 52.013 millones de guaraníes (66%). De su lado, los policías activos aportan 48.687 millones de guaraníes mientras que el pago a los jubilados fue de 60.848 millones de guaraníes, una cuenta roja de 12.161 millones de guaraníes (20%).

Adán Ovelar, presidente de Trabajadores Sindicalizados del Instituto de Previsión Social (Trasips), denuncia que la situación de caos en el IPS –con el desbordamiento de los servicios y falta de medicamentos– es un caldo de cultivo para que el gobierno avance posteriormente hacia un plan de privatización de la seguridad social. Señala que al menos hacia ahí apuntaría el actual escenario de falta de gerenciamiento adecuado de los recursos con que cuenta la institución.

Eliminación del sistema de aporte solidario

Entre algunos aspectos citó la paralización de obras fundamentales en las clínicas periféricas, que son necesarias para descentralizar la atención y descomprimir el flujo de pacientes en el Hospital Central. Así también la falta de medicamentos e insumos, entre estos los utilizados en tratamientos oncológicos y los asegurados deben comprar hasta hilos para cirugías menores. Se suman el mal estado de las ambulancias, las camas tercerizadas, la disminución de complementos nutricionales en el Hospital Geriátrico, etc.

Este cuadro no solo es resultado de la inoperancia. Detrás existen intereses políticos y económicos que buscan privatizar servicios, existiendo ya de hecho la propuesta de tercerizar la farmacia y que los asegurados pasen a retirar los medicamentos directamente de los establecimientos privados, como ya ocurre de hecho de forma habitual.

“Hay síntomas de rumbo a la privatización”, sentencia Ovelar. Entre las principales modificaciones que pretende realizar el gobierno de Horacio Cartes alerta sobre la posible eliminación del sistema de aporte solidario, mediante el cual las personas con aportes más bajos reciben el 100% de los servicios gracias a los asegurados que tienen ingresos más elevados. Al menos esto interpreta Ovelar de las manifestaciones del presidente del ente, quien había lamentado que el 50% de los recursos del hospital sean destinados supuestamente a un 1% de pacientes oncológicos.

Con la reforma de la carta orgánica se pretendería desvirtuar el espíritu mismo de la seguridad social, al dejar de cubrir el costo total de los tratamientos de personas con menos ingresos. Así, el IPS cubriría solo una parte de los tratamientos de las personas con menos ingresos, como los trabajadores que ganan el salario mínimo legal (SML) o las trabajadoras domésticas. (Por ley las trabajadoras del sector pueden ganar solo el 40% del salario mínimo en efectivo. El proyecto de pagar como mínimo el 60% de SML se encuentra varado entre vetos y contravetos).

La evasión

Ovelar subraya que para paliar el déficit la solución es combatir la evasión de parte de grandes empresas, como multinacionales, farmacéuticas y los propios proveedores del IPS, que muchas veces no aparecen en la lista de aportantes. Así también señaló que se deben eliminar los casos de “seguros de favor”, en referencia a las personas con contactos partidarios que gracias a sus influencias son beneficiadas con tratamientos costosos en la institución sin ser aportantes.

El dirigente enfatizó que la manera apurada en que el titular del IPS promueve la reforma de la carta orgánica revela que las acciones del gobierno van en dirección a echar mano de los fondos jubilatorios (para supuestas obras de infraestructura), enajenar inmuebles y privatizar servicios.

En suma, incrementar el aporte obrero, recortar cobertura, aumentar la edad de retiro y entregar al sector privado el manejo de los fondos jubilatorios. Este sería el espíritu de la reforma de la carta orgánica de la institución.

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