El Cabildo y la Asociación Cultural Comuneros son un agujero negro en el uso del dinero público

Violan las leyes que obliga a la provisión de información sobre el uso del recursos públicos y de acceso a la información pública. Ambas entidades han recibo en los últimos 10 años millones de dólares del presupuesto del Congreso y de Itaipú.

Por Arístides Ortiz Duarte

El jueves 14 de setiembre a la mañana nos propusimos una tarea imposible: acceder a las informaciones públicas de El Cabildo y de la Asociación Comuneros, la intermediaria del primero para transferir en forma directa plata pública a  iniciativas culturales que Margarita Morselli decida.

Nos ocupamos primero de la Asociación. Hicimos en internet lo que corresponde: entrar en el buscador, escribir “Asociación Cultural Comuneros” y apretar el botón “entrar”. El robot mostró un rosario de sitios y enlaces informativos en los que aparecía el nombre buscado. Una larga lista de noticias en las que la Asociación se mostraba apoyando iniciativas culturales de todo tipo, desde los recientes meses de este año 2017 hasta el 2008. En todas aparecía también el nombre del Cabildo, apoyando las mismas iniciativas. En la mayoría de esas noticias se registra el nombre de Belinda Castillo como presidenta de la Asociación. En todas no había referencia alguna del monto de dinero con que se apoyaba aquellas iniciativas.

El dato de la búsqueda de casi cuatro horas es que, salvo los nombres de la Asociación y de su presidenta, internet no revela nada de esta ong, salvo dos pobres informaciones traídas por el sitio del Sistema Nacional de Información Cultural del Paraguay (www.sicpy.gov.py): dirección domiciliaria: Adela Sperati 665, y un correo: myrrys@planet.net.py. Escribimos a este correo, y no hubo respuesta. Finalmente, obtuvimos dos datos institucionales certeros de la Asociación proveída por una funcionaria de El Cabildo: 22 de Setiembre esquina Azara, la dirección domiciliaria, y el 206-176, su número de teléfono.

La Asociación Cultural Comuneros no tiene página web institucional.

Las autoridades de la Asociación violan los 8 artículos de la escueta Ley 5.189 (www.senado.gov.py), que establece “la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público”.

Esta ley, en su artículo 1, obliga a todo organismo privado que administre recursos del Estado a “…difundir a través de portales electrónicos en internet todas las informaciones de fuente pública relativas al organismo y a los recursos administrativos y humanos del mismo”.

La ley agrega en el inciso “c” de su artículo 2 que están obligados a lo que establece el artículo 1: “…las instituciones privadas que reciben transferencias o que administran fondos del Estado”.

La Asociación ha recibido una cantidad desconocida de millones de dólares desde que comenzó a trabajar en conjunto con el Centro Cultural el Cabildo, en fecha exacta que también se desconoce. La Asociación, en carácter de intermediaria financiera del Cabildo, recibe dinero público desde dos fuentes: del presupuesto que el Congreso Nacional asigna al Cabildo, y de los aportes de cooperación no reembolsables que recibe de empresas estatales como Itaipu, principalmente, gestionados por Margarita Morselli, utilizando su investidura de representante de la extensión cultural del Congreso.

Dos botones

Un ejemplo son los 2.000.000 de dólares que recibió (www.cabildoccr.gov.py) de la Itaipú Binacional en la segunda quincena de mayo del 2016. Mediante un acuerdo de cooperación firmado entre  Itaipú y el Cabildo, la primera desembolsó dicha suma a través de la Asociación Comuneros; el convenio apunta a promover la cultura paraguaya a través de los museos.

El otro ejemplo -desde el lado del presupuesto asignado al Cabildo por el Congreso- son los 269.000.000 de guaraníes pagados por la producción, edición y difusión de tres spots promocionales del Congreso. Morselli informó -el 7 de agosto del 2012- en medios radiales y escritos (un tema mediatizado en su momento) que el pago a la productora de los spots se ejecutó a través de la Asociación Cultural Comuneros.

La mayoría de los casos en los que Itaipú transfirió dinero público, mediante gestión de Morselli, a la Asociación Cultural Comuneros como intermediaria para apoyos económicos a iniciativas culturales, queda en la oscuridad por la falta de información institucional de esta ong en cuanto al uso de los recursos públicos que recibe.

Además, también quedan ocultas la cantidad de dinero que la Asociación recibió del presupuesto anual del Cabildo en los últimos 10 años, igual que sus rendiciones de cuentas por el uso de ese dinero, su lista de empleados con sus remuneraciones y la lista de nombres de sus autoridades.

La falta de transparencia del Cabildo

Casi la misma mala suerte buscando información pública sobre la Asociación Comuneros tuvimos con el Centro Cultural El Cabildo.

Entramos a la web institucional  de esta institución (www.cabildoccr.gov.py); salvo informaciones sobre las múltiples actividades culturales que realiza, no hay una sola información colgada sobre los recursos administrativos (presupuesto anual, rendiciones de cuentas, licitaciones públicas para contratación de servicios, transferencias directas a instituciones y entidades sin fines de lucro) ni humanos (lista completa de funcionarios con sus respectivas  antigüedades, funciones y remuneraciones) del Cabildo.

Esperanzados de que sea la web institucional de la Cámara de Senadores (www.senado.gov.py) la que exponga las informaciones sobre el uso de los recursos públicos del Cabildo –puesto que es un programa administrativo del Congreso-, fuimos hasta su página: salvo su presupuesto y ejecución anuales, la remuneración y algunos viajes al exterior de Margarita Morselli, unos cuantos funcionarios contratados y comisionados del Centro Cultural discriminados, no hay información relevante sobre cómo Margarita Morselli usa los 21.500.000 millones de guaraníes que este año recibió de presupuesto.

Las autoridades de El Cabildo no solo violan la Ley 5.189 que obliga a proveer información sobre el uso de los recursos públicos; también violan el artículo 3 de la Ley 5.282 de acceso a la información  pública y transparencia gubernamental, que versa sobre la obligatoriedad de la publicidad de la información pública.

Frustrados en conseguir información pública sobre el Cabildo, un miembro del equipo de E’a, Jorge Acosta, acudió personalmente el pasado 15 de setiembre a la oficina de Atención a la Ciudadanía, en el edificio del Congreso.

Llenó un formulario con las informaciones requeridas, que fue derivado a la directora del Cabildo. La Ley de acceso a la información establece, en su artículo 16, que toda solicitud debe ser respondida dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el día posterior a la presentación de la solicitud.

Aunque ya las leyes hayan sido violadas, esperaremos.

Comentarios

Publicá tu comentario