El asalto de Río Tinto Alcán al fisco paraguayo (V)

Además del millonario subsidio energético, RTA estará exonerado de la mayoría de los impuestos.

La ingeniera Mercedes Canese explica que con RTA hacia el 2029 ya no habrá energía para nuevos consumidores. Fuente: opinion.com.bo

Río Tinto Alcán (RTA), a fin de justificar el subsidio energético que exige como condición para instalarse en Paraguay, alega los supuestos beneficios que reportará la planta de aluminio en materia de aumento del empleo, el PIB, la recaudación impositiva, etc. En esta entrega nos limitaremos a señalar el bajo aporte impositivo que generará la fundidora de aluminio, pues la firma pretende ser exonerada del pago de la mayoría de los impuestos.

Antes de examinar los beneficios impositivos a los que pretende acogerse RTA, repasemos el punto más controvertido de la propuesta de inversión: el precio a pagar por la energía. La consultora CRU Strategies ha sido clara en que RTA no contempla pagar por la energía precios superiores a los US$ 38 MWh.

En contrapartida, retomando el cálculo propuesto por los ingenieros Ricardo y Mercedes Canese en el libro “La estafa de Rio Tinto Alcan”, el costo de oportunidad de la energía paraguaya es de US$ 60 MWh. De esto resulta que el subsidio que pretende RTA es de US$ 22 MWh, lo que da un total de 211 millones de dólares al año en consideración de que la energía consumida será de 9.600.000 MWh anualmente por plazos que podrían llegar hasta unos 50 años.

“Actualmente la energía se está garantizando para las nuevas fundiciones por al menos 40 años y en algunos casos por 50 o hasta 60 años. Si bien muchas fundiciones están dispuestas a revisar el precio después de 20 o 25 años, el derecho garantizado a la energía ahora suele ser por un periodo más extenso”. (CRU Strategies, Energía y Aluminio en Paraguay, p 57).

Tenemos, pues, que RTA esperaría como condición de su arribo al Paraguay contratos de energía por plazos de unos 50 años o más con la posibilidad de revisar los precios cuando transcurra la mitad de ese periodo. Además de ello, la operación de RTA implicaría otros gastos en materia de generación de nuevas fuentes de energía, ya que para el 2029 se consumiría toda la oferta eléctrica disponible, lo cual implica que “ya no habrá más energía para nuevos consumidores que quieran conectarse a la red”, explica la ingeniera Mercedes Canese.

En el libro citado, se estima que en el año 2029 (en un escenario de aumento medio del consumo eléctrico) se habrá consumido toda la oferta hidroeléctrica del país –8.243 MWh– y habrá que producir energía térmica a unos US$ 150 MWh. Tengamos en cuenta que en el año señalado habrán transcurrido apenas unos 11 años del inicio de las operaciones de RTA–si la planta empieza a funcionar en 2018– y la empresa tiene previsto revisar el precio de la energía luego de 20 años, por lo que el subsidio para ese año llegaría a unos US$ 1.075.200.000 en consideración de que RTA solo está dispuesto a pagar US$ 38 MWh por 9.600.000 MWh.

Ni siquiera la CRU puede ocultar la afrenta al Paraguay que implican las condiciones establecidas por RTA, por lo que lanza sin ningún tipo de pudor una velada amenaza para que el país acepte de todas maneras el proyecto de la fundidora bajo los supuestos de que un eventual rechazo ahuyentará otras potenciales inversiones.

Tabla del informe de la CRU sobre Regímenes fiscales y supuestos.

“Si el Paraguay decide no negociar con RTA, incluso por buenas razones, esto puede afectar la capacidad de atraer a otras grandes empresas en un horizonte de corto plazo para los próximos años. Si otras empresas ven que una sociedad bien organizada como RTA se tomó varios años de esfuerzo para negociar un trato con el Paraguay y terminó con las manos vacías, esto puede desalentarlas de tratar de hacer lo mismo” p. (304).

A todo lo expuesto se añade que Paraguay deberá asumir los costos de infraestructura que supone llevar la energía hasta la planta de aluminio. Esta se instalaría, según las estimaciones preliminares consignadas en el libro de los ingenieros Canese, a unos 200 km de Itaipú. Para trasmitir la energía el país deberá construir una línea de 500 kV, que tiene un costo de US$ 650.000 por kilómetro. La inversión total, que deberá ser solventada por el Estado paraguayo, calculando una línea de transmisión de 200 km, es de US$ 130.000.000.

La “compensación” a través de ingresos tributarios

Según CRU Strategies, el subsidio energético y los gastos de infraestructura se verán compensados por los beneficios que traería la fundidora en materia de, por ejemplo, ingresos tributarios para el país. Sin embargo, RTA también tiene una estrategia para sortear varios impuestos.

La primera tasa que se considera es el Régimen Especial de Impuestos al valor agregado nacional o al valor de exportación (Régimen de Maquila). “Se carga este impuesto al 1% al mayor cálculo de entre el valor agregado nacional y del valor bruto de venta de los productos terminados que se exporta”. Bajo este régimen se calcula que RTA pagaría “US$ 15,95 millones en términos nominales en el impuesto sobre los ingresos brutos, en el supuesto de que la gran mayoría del lingote producido se venda fuera de Paraguay” (p. 216).

Posteriormente se considera el impuesto a la renta a las personas jurídicas, que es “del 10% y el modelo arroja que en el 2017 el impuesto a la renta por pagar seria de US$ 8 millones.  Pero luego se aclara: “(…) Es poco probable que la fundición pague impuesto a la renta por los primeros 10 años si se acoge al régimen de la ley 60/90. En el caso de acogerse al régimen de maquila, el impuesto a la renta corporativa del 10% se paga sobre los beneficios de todas las ventas nacionales que superan el 10% del volumen total de producción dentro de un año” (p. 216).

Pero “en el caso de RTA es muy poco probable que cualquier impuesto a la renta sea pagado en el período inicial de funcionamiento de la fundición porque la demanda de aluminio primario en Paraguay no es lo suficientemente grande como para que RTA supere el 10% de las ventas totales (más de 67.400 toneladas) en el país. De hecho, sólo es probable que se pague el impuesto a la renta si la industria transformadora se desarrolla en Paraguay. Sin embargo, la posibilidad de tener que pagar un impuesto a la renta por los beneficios obtenidos en Paraguay actuará como un desincentivo importante desde el punto de vista de RTA para promover el desarrollo de la industria transformadora en el país, dado que el valor de un impuesto del 10% en los beneficios nacionales va a ser generalmente mayor que el valor de un impuesto sobre las ventas brutas del 1%, en el largo plazo» (p. 217).

Punto clave sobre el supuesto desarrollo que traerá consigo RTA. Si resulta más rentable pagar 1% a las ventas en bruto en el exterior, ¿qué interés habría en desarrollar el parque industrial cuando el impuesto a pagar por las ventas domésticas sea del 10%? Tenemos, por tanto, que RTA no solo no asume el compromiso de estimular la creación de una cadena de transformación en nuestro país, sino que esta iría directamente en contra de sus intereses, ya que las ganancias serían mayores exportando aluminio en bruto antes que procesarlo en nuestro país.

Con respecto al IVA, “es poco probable que este impuesto tenga un gran impacto en la decisión o postura de negociación de RTA, porque, en general, el impuesto al valor agregado se transmite a través de la cadena de valor para el consumidor final, siendo RTA una parte de la cadena de valor en lugar de consumidor final. Además, la mayoría de las ventas del aluminio terminado de RTA es probable que sea fuera de Paraguay, lo que significa que no se paga el IVA” (p. 218).

El impuesto inmobiliario es más irrisorio aún. “Estimamos que el valor de la tierra en el periodo del 2010 es igual a $6 millones, por lo tanto con un impuesto igual a $ 60.000 por año” (p. 218).

En cuanto al impuesto a la inversión, bajo un monto total de US$ 3.500 millones, “en su modelo RTA asume calcula (sic) el pago del 0,175% de impuesto a la propiedad utilizando como base imponible la totalidad la inversión, pero no considera otros impuestos municipales como es la licencia/patente comercial” (p. 218), añade. Es decir, en este concepto RTA abonaría al fisco unos 17,5 millones de dólares.

Sobre el impuesto a los dividendos, RTA tiene previsto presionar para ser exonerado “ya que la empresa no querría ser vista que restringe el acceso de sus accionistas a los beneficios”, pero “si el impuesto se mantuviera vigente, entonces nuestro modelo financiero sugiere que en el 2026 sería el primer año donde una cantidad significativa de impuestos será pagada sobre los dividendos pagados en el extranjero. Se prevé que el impuesto sobre los dividendos en el año 2026 totalice US$ 42,1 millones” (p. 220).

Asimismo, con relación a las tasas que gravan los préstamos de bancos extranjeros para la financiación del proyecto, “idealmente RTA querrá negociar la exención de dicho impuesto con el fin de mantener la flexibilidad de la financiación del proyecto”. En igual sentido se expresa con relación a las tasas vigentes sobre las importaciones de materias primas. “En general las fundiciones alrededor del mundo están exentas de aranceles sobre las materias primas importadas y si lo existen estas suelen ser marginales”. Y, por supuesto, tampoco está en sus planes pagar impuestos sobre la importación de maquinarias. “Lo más probable es que RTA insista en la exención de derechos de importación sobre equipos y servicios relacionados con la fundición” (p. 221).

De hecho, al aludir a proyectos similares al de RTA en otras partes del mundo, se citan como ejemplos a seguir los incentivos que aplicaron países como Omán y Baréin: “0% de Impuestos sobre Sociedades con una garantía de 10 años; exención de impuestos sobre sociedades durante los primeros 5 años, con renovación potencial por otros 5 años; exenciones de derechos aduaneros sobre las importaciones de maquinaria, equipo, repuestos, materias primas e insumos semi-elaborados para los primeros 5 años de producción; posibilidad de extender el período de exención de las materias primas y los insumos semi-elaborados; préstamos ofrecidos para seleccionar industrias con tasas de interés subsidiadas y plazos competitivos de pago; ofertas de financiación de las exportaciones subvencionadas; 100% repatriación de capitales; Electricidad a $40/MWh” (p. 264).

La gran interrogante es cómo se absorberán las renuncias que deberá hacer el Estado en sus recaudaciones impositivas e ingresos por la venta de energía. El principal temor, y lo más probable, es que estos montos se trasladen a la tarifa domiciliaria, por lo que todo el pueblo paraguayo deberá asumir la pesada carga que supondría mantener un verdadero elefante blanco como RTA.

Si en un principio el proyecto de la fundidora de aluminio generó cierto entusiasmo a raíz de la posibilidad de hacer mejor uso de nuestra energía y emanciparnos del ominoso yugo de los precios que impone el Brasil, ahora resulta claro que RTA implicará la formación de un latifundio energético que generará una cantidad mínima de empleos, gozará de enormes exoneraciones impositivas y envenenará a las poblaciones circundantes como lo hace la soja transgénica actualmente.

 

 

 

 

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