Ejecutivo y Legislativo se declaran incompetentes sobre demanda de Lugo

El Poder Ejecutivo y el Legislativo intentar evadir la responsabilidad de responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa que se cometieron durante el juicio político exprés que destituyó a Fernando Lugo de la presidencia en 2012 bajo la figura de mal desempeño de funciones una semana después de la masacre de Curuguaty.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió el pedido de informes del tribunal internacional –que admitió la demanda presentada por el expresidente–, pero derivó la solicitud al Legislativo. El canciller Eladio Loizaga señaló que es el Congreso el que debe responder el requerimiento, pues fue el encargado de la destitución. Expresó que en todo caso el Ejecutivo recibirá la respuesta del Congreso para remitirlo al tribunal.

En tanto, el presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, dijo que según la Constitución es el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República, el que debe defender al Estado ante las demandas. Añadió que Lugo no tiene nada que reclamar, pues se sometió al proceso y luego tomó parte de las elecciones realizadas por el gobierno que lo sustituyó, siendo electo y ejerciendo actualmente la labor de senador de la República.

Por su parte, Emilio Camacho, asesor jurídico del actual senador del Frente Guasu, dijo que lo que se pretende con la demanda es que se reconozca local e internacionalmente que se violaron los derechos fundamentales en el juicio contra el entonces presidente.

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