EE.UU.: hombre es condenado por almacenar agua de lluvia

Gary Harrington, un ciudadano norteamericano de 64 años residente en Oregon, fue condenado a 30 días de cárcel y 1.500 dólares de multa por haber almacenado tres bidones de agua en su propiedad. Harrington fue acusado por el gobierno de tener “tres reservas ilegales” de agua, publicó el diario español ABC.

El caso por el que fue condenado Harrington se remonta a 2002 y aunque en 2003 el Estado le concedió el permiso, con posterioridad la licencia le fue retirada. Según la ley de Oregon, el agua es de propiedad pública (aunque en la práctica es del gobierno), por lo que para almacenar el agua de lluvia se debe contar con una autorización de los administradores del agua del Estado.

Este tipo de casos son motivo de alarma sobre qué podría ocurrir en Paraguay en caso de que el servicio de agua sea concesionado a empresas privadas, tal como lo permite expresamente la Ley de Alianza Público-Privada (APP) de Horacio Cartes. En caso de que el gobierno avance en su intención de entregar el servicio de agua a empresas privadas, en el contrato deberá estar establecido si a la empresa se le concede el derecho exclusivo sobre las aguas subterráneas, superficiales y las precipitaciones. En este último caso, almacenar agua de lluvia pasaría a estar prohibido.

En Bolivia ya se había implementado un sistema similar. Con el apoyo del Banco Mundial, en 1999 la multinacional Bechtel firmó un contrato con el entonces presidente boliviano y exdictador Hugo Banzer para privatizar el servicio de suministro de agua en la ciudad de Cochabamba. El contrato fue oficialmente adjudicado a Aguas del Tunari, un consorcio empresarial formado por Bechtel (27,5 por ciento), la empresa norteamericana Edison, las empresas bolivianas A. Petricevich y S. Doria Medina, así como el consorcio español Abengoa S.A. (25 por ciento). El servicio experimentó un aumento de las tarifas en más de un 50%. Entre las cláusulas de la ley de privatización se imponía que los ciudadanos debían contar con una licencia para recoger el agua de lluvia, que casi siempre se denegaba.

Los abusos y los malos servicios desataron la conocida como Guerra del Agua, unas masivas protestas que fueron duramente reprimidas por el gobierno y que terminó con la rescisión del contrato. A raíz de esto las empresas demandaron al Estado boliviano, aunque por el tamaño del escándalo se vieron obligadas a retirar el reclamo de indemnización.

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