Editorial: la sentencia de la vergüenza

El viernes 15 de junio de 2012, 324 efectivos de la Policía ingresaron a Marina Cue a sacar a “como dé lugar” a los ocupantes.

El operativo fue encabezado por la fiscala Ninfa Aguilar que solo contaba con una precaria orden de allanamiento resuelta por el juez José Benítez.

Del irregular operativo resultó una masacre: once ocupantes acribillados, siete de ellos con evidencias de ejecución, y seis policías.

La gente, adentro, vivió un electroshok de balas, llamas, ejecuciones, huidas y persecuciones. Afuera, luego, la población fue bombardeada por informaciones tales como “malvados campesinos” emboscaron a “desarmados policías”.

En exactamente siete días de la tragedia, la mayoría parlamentaria de colorados y liberales, destituyó, a través de un juicio exprés, al presidente Fernando Lugo, elegido por el 43 por ciento de la población en las elecciones de 2008.

Tomó el caso el fiscal Jalil Rachid, hijo de Bader Rachid Lichi, ex presidente del Partido Colorado al igual que Blas N. Riquelme, el empresario que había usurpado las tierras del Estado, donadas a la Armada Nacional en 1967 por la Industrial Paraguaya, el mayor latifundio establecido en el país luego de la Guerra Grande (1864-1870)

El libreto establecido por el fiscal Rachid, catedrático de Derecho Agrario en la Universidad Católica, se sostuvo en la emboscada campesina, la “invasión de las tierras” de Blas N. Riquelme y la “asociación criminal” de los ocupantes.

No se abrió una investigación. Se construyó un libreto premeditado, cerrando toda posibilidad de abrir luces sobre el caso más emblemático de las últimas décadas. Antes se despejó el escenario del crimen de toda prueba que pudiese comprometer a las fuerzas policiales y grupos irregulares que pudieron entrar en acción

El presidente Horacio Cartes nombró a Rachid viceministro de Seguridad Interna. Los fiscales que lo sucedieron en el caso no hicieron otra cosa que seguir exactamente la línea establecida en un primer momento.

En el juicio quedaron atrapadas doce personas, todas ocupantes, todas ellas víctimas de la masacre, muchos, como Néstor Castro, Rubén Villalba, Lucía Agüero, recibieron balas durante la tragedia. Néstor en la mandíbula, Rubén en la cabeza y Lucía en el muslo. Lucía, además, vio cómo ejecutaron a su hermano De los Santos Agüero.

Quedaron fuera del proceso la fiscala Ninfa Aguilar, la misma que con una orden de allanamiento ejecutó una orden de desalojo; el comisario Arnaldo Sanabria, jefe del operativo mayor, los integrantes de Campos Morombi, que, sin ser dueños legales de la tierra ya habían logrado desalojar a los campesinos en seis oportunidades, desde 2004. En este año el gobierno de Nicanor Duarte Frutos había destinado esas tierras, ex Marina, a la Reforma Agraria.

Tampoco fue llamado a declarar el diputado Oscar Tuma, el mismo que pidiera al Congreso exigir al Ministerio de Interior dotar de efectivos el desalojo. Tuma, recordemos, lideró el líbelo acusatorio contra el entonces presidente Fernando Lugo. Mucha gente debió y debe, algún día, responder sobre  este golpe a la lucha campesina y a la esperanza de todo un pueblo campesino de recrear la vida en tierra agrícola y pastoril.

Pero nada de eso sucedió. Las víctimas del irregular e ilegal operativo de desalojo sufren un segundo golpe del Estado paraguayo: la condena a prisión sin que se demuestre uno solo de los elementos de la acusación. No hubo invasión de propiedad privada, tampoco asociación criminal y la fiscalía, presa de su propio interés de limpiar el escenario del crimen y acusar solamente a los ocupantes, no pudo determinar, con pruebas demostrables, documentales, la responsabilidad individual de ninguno de los acusados.

Aun así el tribunal de sentencia condenó a 35 años de prisión a Rubén Villalba, 20 años a Luis Olmedo, 18 años a Néstor Castro y Arnaldo Quintana, seis años a Lucía Agüero y cuatro años para los demás.

Sin investigación de todas las cadenas de mando que participaron en el operativo desalojo más los falsos argumentos de invasión de la propiedad privada y  asociación criminal, las razones para declarar nulo el juiciosobran.

Pero al Poder Judicial parece importar muy poco demostrar fehacientemente la responsabilidad criminal cuando los acusados son pobres y campesinos. Les basta, todavía, construir un libreto prefigurado, sin abrir la investigación, para apuntar a los que, en este caso, luchan por una tierra para vivir y producir.

Los indicadores de que se provocó la tragedia para un golpe de timón en la dirección política de país son evidentes para la mayoría de nuestra población.

Luego del golpe de timón, los gobiernos posteriores habilitaron una docena de variedad de semillas transgénicas, el endeudamiento con los bancos de Nueva York (a hoy suman 1.800 millones de dólares) y la Alianza Público Privada. Son tres ejes fundamentales del período post golpe de 2012.

Ayer, las víctimas de Curuguaty revivieron la tragedia.

La señal del poder en este país es clara en penalizar la ocupación de latifundios (la mayoría de ellos de origen espúreo) y profundizar el destierro campesino para dejar nuestros territorios a meced de la agricultura mecanizada y de la narco ganadería.

No en vano, Curuguaty se ha convertido en una causa abrazada por muchísimos sectores.

Curuguaty debe ser una causa nacional.

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