Dos estados de excepción en tres años de gobierno

El presidente autorizó “la utilización de elementos de combate” en San Pedro y Concepción.

Se trata del segundo estado de excepción desde que este gobierno -Ejecutivo y Legislativo- asumió, y el tercero desde la salida de Alfredo Stroessner. El motivo es “la grave conmoción interior generada por los grupos criminales, poniendo en iminente peligro el funcionamiento regular de los órganos constitucionales, así como el resguardo de la vida, la libertad y los derechos de las personas y sus bienes”.

El primer estado de excepción fue declarado por treinta días en mayo de 2000 durante la presidencia de Luis Ángel González Macchi, luego del golpe de Estado fallido de los seguidores del general Lino César Oviedo. Sin embargo, 13 días después el Ejecutivo lo levantó al analizar que ya se había "restituido el orden y la tranquilidad en todo el territorio nacional".

El primer estado de excepción fue declarado por treinta días en mayo de 2000 durante la presidencia de Luis Ángel González Macchi, luego del golpe de Estado fallido de los seguidores del general Lino César Oviedo. Sin embargo, 13 días después el Ejecutivo lo levantó al analizar que ya se había «restituido el orden y la tranquilidad en todo el territorio nacional».

Gobierno actual

El segundo fue el año pasado desde el 24 de abril hasta el 24 de mayo en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, luego de la muerte de tres peones de la estancia Santa Adelia de Horqueta, Concepción y un suboficial de policía. Las muertes se atribuyeron al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo(EPP), aunque sin ninguna investigación concluyente.

En la ocasión se desplegaron 3.300 efectivos de la policía y de las FF.AA., el Estado gastó 9.700 millones de guaraníes, no se esclareció el episodio mencionado ni se dio con los responsables. En cambio, se registró a 96.330 personas y se detuvo a 142 personas relacionadas a delitos como robo, abigeato, invasión de inmuebles y homicidios principalmente.

Para los parlamentarios y parlamentarias el ataque de una subcomisaria de Capitán Giménez, Concepción, hace unas semanas, y la muerte de dos policías, es motivo suficiente. Fue el disparador para aplicar la figura constitucional que restringe garantías de las personas y concede a las fuerzas policiales y militares armas pesadas y la posibilidad de actuar como si estuvieran en una guerra.

¿Se suspenden las manifestaciones?

El artículo 288 de la Constitución Nacional paraguaya, en su quinto párrafo, establece que será el presidente de la República quien defina ciertas atribuciones sobre las detenciones que se hagan durante el periodo de estado de sitio, “así como la prohibición o la restricción de reuniones públicas y de manifestaciones”. El decreto 7437 del presidente Lugo no da ningún detalle sobre reuniones, manifestaciones, etc. que se prohiban.

Para muchos analistas, aunque no se diga en un decreto, la sola presencia de efectivos policiales y militares, la aparatosidad de los despliegues, la realización de estrictos controles… desalienta cualquier tipo de manifestación o reclamo de las poblaciones locales.

La sola presencia de efectivos policiales y militares, la aparatosidad de los despliegues, la realización de estrictos controles... desalienta cualquier tipo de manifestación o reclamo de las poblaciones locales.

El investigador Abel Irala, del Servicio Paz y Justicia Paraguay, había expresado a este medio que el año pasado durante el estado de excepción, en algunas comunidades los niños tenían miedo de asistir a clases, y la gente adulta pensaba dos veces antes de comprar alimentos en cantidad, por el miedo a ser interrogada o acusada de ser logística del EPP.

Sea como sea, se ve una tendencia política peligrosa de usar con ligereza figuras excepcionales que establece la Constitución Nacional para casos extremos y que suspende garantías o derechos de las personas. Más aún, sin investigaciones que demuestren la gravedad de la situación que pintan parlamentarios, políticos, sectores económicos del agronegocio y medios de comunicación.

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