Doctrina de seguridad nacional reloaded

“Cada vez que la presencia del Estado se ha limitado a intervenciones represivas sobre territorialidades político-mafiosas, lo único que favoreció fue (es) el mantenimiento del poder mafioso”. (Opinión).

 

El Senado sancionó este jueves el proyecto de modificación de  la Ley 1.337 de “Defensa Nacional y de Seguridad Interna”. Foto: Mónica Omayra.

Presurosamente, escribo estas notas por preocupación, mientras varios amigos y compañeros se preparan una vez más para esa brillante Resistencia ciudadana y democrática de los jueves en el Panteón. Una forma de protesta, pero quizá y sobre todo una discursividad plebeya –en el mejor sentido de la palabra– y colectiva, aún sin palabras ordenadas, pero con muchas, que ahora se reúne para manifestarse en contra del plan de suspender las garantías democráticas y otorgar superpoderes al Ejecutivo.

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) por estos días se me hace serie. Serie que arranca el pasado jueves 15, día de la asunción de las nuevas autoridades en la República del Paraguay. En el discurso de asunción, el nuevo Presidente enfatizó que los grupos armados que operan en el norte del país no marcarían la hoja de ruta, “en un país donde sabemos muy bien que el Estado de Derecho y la Justicia serán ofrecidos a todos los habitantes de nuestro país”. Palabras retomadas por el editorial de ABC color, el viernes 16, al decir que esa “enfática declaración transmite cierta sensación de tranquilidad”.

Sensación que se convirtió en realidad, quiero decir, que duró el tiempo de una rápida ventisca, porque el sábado 17 cinco custodios de un establecimiento ganadero de Tacuatí, en el departamento de San Pedro, fueron secuestrados y asesinados por el EPP. Se cae de las matas de maduro que la sensación de tranquilidad formuló su trueque para la intranquilidad y que muy al contrario de los deseos presidenciales, los grupos armados marcaron inmediatamente la agenda política. El drama social y político paraguayo vuelve a marcar su emergencia.

Sobre este hecho se pronunciaron Milda Rivarola, Fogel, Morínigo. En sus discursividades apareció con mayores o menores puntualizaciones la palabra mafia. Rivarola afirmó que el EPP se propone como un contra-Estado: “cobra impuestos, secuestra y ajusticia. Ellos lo que se proponen es controlar un territorio y establecer su poder estatal en ese territorio. Y eso solamente es posible donde no hay Estado”. Esto último es nuclear: central y poderosísimo.

Cuando decimos Mafia decimos un fenómeno social complejo capaz de adaptarse a diferentes condiciones económicas y sociales: condiciones en las que hay que buscar las causas. Nos remite, también, a un tipo de criminalidad organizada, fundada en un poder extralegal que en la historia italiana –que de todos modos no goza en exclusiva de ese ambiguo privilegio– se manifiesta frente a la carencia de los poderes públicos: solamente donde no hay Estado. Un sistema de poder, organizado e institucionalizado o relativamente organizado pero en condición de alargar su esfera de influencia y acción, y capaz de sustituirse al poder legítimo.

Sea o no el EPP una mafia u otra cosa: una organización criminal o una organización política –aunque sabemos de sobra que lo criminal y lo político a menudo saben convivir–, podemos mirar a la historia italiana para mirar con algunas lecciones aprendidas la historia paraguaya: cada vez que la presencia del Estado se ha limitado a intervenciones represivas sobre territorialidades político-mafiosas, lo único que favoreció fue (es) el mantenimiento del poder mafioso. Y digo esto porque el Senado acaba de aprobar la modificación de la Ley de Defensa Nacional para habilitar al Presidente a utilizar la fuerza militar en los operativos de búsqueda del EPP.

¿La presencia “visual” de la autoridad estatal con la demostración de la disciplina –señor Presidente– a qué orden político se corresponde? Un grupo de ciudadanos grita: a un régimen autoritario. Y tienen razón. Utilizar las Fuerzas Armadas como agente de pública seguridad es una elección errada: el uso de la fuerza y del terror se condice menos con un Estado de derechos que con una forma de gobierno autoritaria. Y usted, señor Presidente, encarna una República. El orden público debe ser asegurado, además, por las fuerzas de Policía, a lo sumo. Además: confiar el control del territorio al Ejército significa desnaturalizar las funciones mismas del Ejército, que debe defender al Estado de las agresiones externas.

Una cuestión crucial es el Estado de derecho. Esa condición sin la cual no se pueden hacer progresos sobre cuestiones como los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, los esfuerzos de una paz interna, la reducción de la pobreza y la extrema indigencia, el desarrollo social y económico del Paraguay, una educación y una salud inclusivas, el derecho a un trabajo digno, a una reforma agraria que contemple la promoción de la agricultura campesina, entendida además como instrumento de desarrollo económico y social con equidad que vaya en contra de las injusticias provocadas por las formas de tierra malhabida por parte de propietarios, empresas nacionales e internacionales que sopapean todo derecho de las subsociedades campesinas e indígenas…

Señor Presidente: escuche a los intelectuales, escuche a quienes en el Congreso rechazaron la Ley de Militarización. Escuche a la calle.

 

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