Diputados aprueban ley de “responsabilidad fiscal”

Tal como estaba previsto, la Cámara de Diputados aprobó la llamada ley de «responsabilidad fiscal», que ya contaba con media sanción del Senado. Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

La Cámara de Diputados aprobaría en su sesión extraordinaria la ley de «responsabilidad fiscal». Foto: Facebook de la CD.

En la sesión extraordinaria realizada este martes, la ley de “responsabilidad fiscal”, promovida por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por la Cámara de Diputados. La normativa ya contaba con media sanción del Senado, por lo que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación.

De esta forma se profundiza la ofensiva conservadora de las políticas económicas de Horacio Cartes, basadas en las fórmulas de “austeridad” y ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Suscribiente del llamado «pacto azulgrana», la diputada por Avanza País, Rocío Casco, defendió la propuesta afirmando que «esta ley de responsabilidad fiscal nos dice que solo debemos gastar lo que tenemos», informó la cuenta de Twitter de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el diputado del Frente Guasu, Ramón Duarte, al tiempo de lamentar que el Ejecutivo haya vetado el impuesto a la exportación de granos en estado natural, que hubiera permitido contar con más recursos para que el Estado asuma sus responsabilidades, dijo que con esta normativa «condenamos a la población más pobre a no tener más remedios ni cuadernos». Luego agregó que la ley de responsabilidad fiscal es inconstitucional, concentra poderes en el Ejecutivo, limitando las atribuciones del Congreso en la elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Entre las intervenciones a favor, que constituyeron la mayoría, el diputado Mario Cáceres aseguró que «este proyecto de responsabilidad fiscal permitirá transparentar la economía y los presupuestos».

Irresponsabilidad

El proyecto es criticado por varias organizaciones no alineadas a la ortodoxia económica, como la Sociedad de Economía Política del Paraguay (Seppy), que considera que los congelamientos en las inversiones del Estado bajo el supuesto del “ordenamiento de gastos” por falta de recursos pretende rehuir la discusión sobre el bajo aporte impositivo de los sectores de mayor renta, que en su conjunto no representan ni el 20% de la recaudación fiscal frente al menos al 50% de los ingresos del fisco en concepto de impuesto al consumo.

“Esta decisión de limitar los gastos del presupuesto corresponde a una irresponsabilidad más de los administradores públicos. En Paraguay, solo el sector salud necesita aumentar su presupuesto en al menos 100% para cumplir con la aplicación del derecho a la salud. Situación similar tenemos en la Educación, viviendas, reforma agraria, etc. El tope impuesto del 4% de crecimiento real del gasto anual significa que el Estado deja de cumplir su rol constitucional”, había señalado la Seppy en un pronunciamiento difundido en setiembre a propósito de la aprobación del proyecto de ley en el Senado.

En este marco el gobierno de Cartes vetó recientemente el impuesto a la exportación de granos en estado natural, siendo Paraguay el cuarto exportador mundial de soja, y promovió el IRAGRO, que como máximo reportará el 1% de las recaudaciones tributarias, frente al 0,5% de las recaudaciones que aportó el sector agropecuario en 2012.

Esto a raíz de que fue “hecho por y para los grandes productores, asumiendo las posibilidades de evasión fiscal. El impuesto inmobiliario es casi inexistente, y finalmente, las grandes riquezas casi no tributan. Los gremios empresariales apoyan esta ley porque con ella no será necesario aumentar los bajos impuestos con que cuenta el Estado, conservando así sus privilegios históricos”, señaló la organización.

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