Diputado Duré es desaforado para responder por el caso de las tierras de Cordillera

La Cámara baja aprobó el pedido de desafuero solicitado por la justicia. El mismo Duré solicitó a sus colegas la aprobación de la medida.

Milciades Duré. Foto: Diputados.

La Cámara de Diputados concedió el desafuero del congresista Pedro Milciades Duré Argüello (PLRA-Cordillera), solicitado por el Juez Penal de Garantías Nº 4 de la Capital, Abog. Rubén Darío Riquelme, por Oficio N° 2088/2013, en la causa caratulada: «Arnaldo Martín Jara Alvarenga y otros s/ lesión de confianza».

Recordemos que la imputación que pesa en contra del diputado Duré, se dio dentro del marco de su condición anterior de miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Desarrollo y de la Tierra (INDERT), en representación de la gobernación de Cordillera. La justicia considera que el ahora parlamentario avaló la compra, supuestamente, irregular de un inmueble sobrevaluado en el departamento de Cordillera a la firma San Agustín S.A.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ramón Romero Roa (ANR-Alto Paraná), fundamentó el dictamen de la comisión asesora que recomendó hacer lugar al pedido de la justicia. «Se reúnen todas las condiciones por lo que solicito acompañar el desafuero», dijo el legislador.

A su turno, el diputado Duré solicitó a sus colegas que se le conceda la oportunidad de defenderse ante la justicia. «En concordancia con la conducta personal que asumí en abril pasado, cuando se inició el proceso y al que me sometí por tres meses, antes de ser investido como diputado nacional, solicito al pleno a que me despojen de mis fueros», sentenció.

La Cámara de Diputados obró en consecuencia y por 64 votos se aprobó el desafuero del diputado Milciades Duré.

El legislador explicó, en su momento, que el monto de G. 10.500.000 por hectárea, que fue pagado a los propietarios de las tierras, es bajo en comparación a los valores estimativos de la zona. «En la zona, mínimamente, se paga de 16 a 50 millones por hectárea», subrayó Duré haciendo alusión a un dictamen de la Contraloría General de la República.

La transacción entre el INDERT y la firma San Agustín permite, actualmente, para alrededor de 4.000 ciudadanos, contar con una parcela de tierra y realizar sus respectivas actividades.

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