Destruyen cultivos de campesinos en Laterza Cue

El juez Carlos Giménez había frenado la colonización de hecho declarada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a través de una orden de no innovar en el inmueble. Sin embargo, bajo amparo policial la empresa deforesta y destruye los cultivos de los campesinos.

Con una orden de no innovar destruyen los cultivos de los campesinos. Foto: Radiotv Latinoamericana.

La destrucción de casas y de cultivos de autoconsumo, llevadas a cabo por la policía bajo órdenes de fiscales que responden a la empresa transnacional Bioenergy, redobla la situación de violencia que padecen los pobladores de Laterza Cue, pues además de la represión y el apresamiento ahora sufren la destrucción de su medio de vida.

En ese sentido relatan que el objetivo de la empresa es aislar a la comunidad, asfixiarla económicamente, perseguir a sus líderes, y lograr desplazar a los pobladores de sus tierras a los efectos de apropiarse de sus lotes.

El activismo judicial a favor de la empresa del terrateniente griego y prófugo de la justicia por homicidio, Euthymios Gregorios Ioannidis, llega a grados tales que se emiten amparos judiciales para beneficiar a la firma, pero luego se exonera a esta de cumplirlas. Específicamente, el pasado 10 de octubre se realizó un violento procedimiento, a cargo del fiscal Troadio Galeano, alegando que se incumplió una orden de no innovar en el inmueble. Sin embargo, días después la empresa realizó trabajos de desmonte, preparación de suelo y fumigación para el cultivo de soja.

Asimismo, el pasado 18 de octubre, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) declaró la colonización de hecho prometiendo que se impulsaría la expropiación del inmueble de parte del Congreso. En cambio, el juez de primera instancia de Caaguazú, Carlos Giménez, emitió una resolución a fin detener la posesión y para no innovar en dichos terrenos.

Entre otras disposiciones, la medida prohibía la construcción de viviendas, alambrados o destrucción de los existentes, así como el cultivo o la destrucción de los cultivos existentes. También obligaba al Indert a detener los trámites administrativos relativos a la colonización de hecho.

Sin embargo, a pesar de esta orden de no innovar, la policía ingresó a destruir los cultivos de los labriegos de la comunidad.

Los pobladores incluso denunciaron que los ministros de la Corte Antonio Fretes y Víctor Núñez forman parte de la empresa Bioenergy. Intentamos obtener la versión de los magistrados, pero no respondieron a nuestras llamadas telefónicas.

También señalan las maniobras de las autoridades fiscales y judiciales para inventar títulos de propiedad falsos y consumar la inconstitucionalidad de la Ley de Expropiación de las 3.000 hectáreas aprobada en 2004. Esto último de manera irregular y extemporánea, pues aquella medida solo puede ser anulada hasta seis meses después de su comunicación, de acuerdo a lo estipulado por la ley. Sin embargo, la Corte declaró la inconstitucionalidad en 2008, cuatro años después de aprobarse la expropiación.

Los pobladores acusan además a la fiscalía de implantar pruebas falsas contra varios líderes campesinos para que puedan ser acusados, imputados y llevados presos. El Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) se ratifica en la denuncia de que existe persecución contra los líderes campesinos del asentamiento por parte de la empresa brasileña Bioenergy, indicaron Ángel Varela y Cecilia Quiroga, dirigentes de la Conducción Nacional del MCP. Denunciaron que en este momento está en la cárcel de Cnel. Oviedo Jorge Daniel Torales, quien había sido brutalmente torturado por la policía. Además otros cinco dirigentes –Antonio Farías, Carlos Núñez, Félix López Benítez, Néstor Núñez (concejal municipal), y Alejo Benítez– están siendo procesados por perturbación de la paz pública, atentado contra el patrimonio del Estado y lesión grave.

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