Destacan necesidad de aplicar impuesto a la agroexportación

Panelistas cuestionan que el sector que más beneficios obtiene es el que menos tributa.

Luis Rojas, Jorge Villalba, Esther Leiva, Esperanza Martínez y Najeeb Amado, durante el panel debate.

El pasado viernes 19 de julio se realizó en el Centro Cultural de la República El Cabildo el panel debate “Mitos y Verdades de la ley de impuestos a la exportación de granos”, bajo la organización de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (Seppy), el Frente Guasu, la CUT Auténtica y la Vía Campesina.

El objetivo de la actividad fue analizar los mecanismos tributarios que deberían aplicarse el agronegocio así como combatir las falsedades instaladas por el sector agropecuario para rechazar el impuesto que cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y que grava hasta un 10% la exportación de granos sin procesar. La mesa estuvo moderada por el secretario adjunto del Frente Guasu, Najeeb Amado.

El primer disertante fue el economista Luis Rojas, de la Seppy, quien en primer lugar resaltó la necesidad de ampliar la recaudación del Estado paraguayo para hacer frente a sus obligaciones en materia de salud, educación, seguridad, etc. En este sentido dijo que bajo el gobierno de Federico Franco el déficit empeoró y se procedió a endeudar al país con los llamados bonos soberanos por un monto de 680 millones de dólares, así como con bonos locales por 200 millones de la moneda norteamericana.

Asimismo, Rojas afirmó que lo poco que se recauda se recauda mal, ya que la mayor parte se carga a los consumidores y muy poco a los sectores de alta rentabilidad. En este sentido ejemplificó que el Imagro representó un 0,2 a 0,4% del total de las recaudaciones en un sector cuyos beneficios representan al menos el 30% del PIB.

El disertante también se refirió a la disyuntiva planteada en torno a si el gravamen debe ser aplicado a la exportación o a las ganancias. Respecto a este punto se mostró claramente a favor de que se realice a partir de la exportación, ya que de ese modo el control se facilita y la evasión será menor. En tanto, si se aplica sobre las ganancias existirá gran evasión ya que los balances contables son frecuentemente alterados para declarar menores ganancias a las reales. Con relación a esto ejemplificó que en 2010, año de la gran zafra, las multinacionales como Cargill declararon un margen de ganancias de apenas el 3%.

De la misma manera rechazó el IVA agropecuario, puesto que este finalmente será trasladado a los consumidores y los grandes agroexportadores seguirán sin tributar.

Por su parte, el periodista y contador Jorge Villalba Digalo retomó el planteamiento en torno a si el tributo debe ser aplicado sobre las ganancias o la exportación. En este sentido ilustró que un desempleado o un trabajador, gane o pierda, paga impuestos al comprar productos básicos de consumo, por lo que abogó por el impuesto a la exportación de granos.

Villalba sostuvo que el agro solo tributa 15 millones dólares, en tanto que los sojeros registraron ganancias en el orden de los 4.000 millones de dólares. También dijo que solo 6 empresas concentran el rubro de la agroexportación, por lo que sería más conveniente gravar a estos oligopolios en lugar de castigar a los pequeños y medianos productores como se pretende con el Iragro. Villalba agregó que el impuesto a la exportación abarata el precio interno de las materias primas, alienta el consumo y combate el hambre.

Sobre las falsedades en torno a que el impuesto desestimula la producción, retrucó que en Argentina, con un impuesto del 35%, registró un récord de 105.000 toneladas de granos y algodón, el segundo mejor promedio de la historia.

La lucha por la tierra

La Dra. Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasu, señaló que la discusión no debe limitarse a qué tasa de impuesto habría que aplicar a la soja, sino al mismo modelo de desarrollo que necesita el Paraguay. Sobre este punto sostuvo que, a la par del aumento de la producción de soja con un acaparamiento del 87% de la tierra cultivable, existe un 25% de desnutrición, ya que los monocultivos avanzan en perjuicio de los rubros alimenticios. Otra consecuencia que se deriva de ello es el desplazamiento de la población rural a los cinturones de pobreza de los centros urbanos.

La legisladora también aseguró que con la Constituyente de 1992 hubo un pacto para que el modelo económico se mantenga y se anule cualquier posibilidad de participación ciudadana en la ordenación de la vida económica. Brindó como ejemplo que la Constitución elaborada entonces establece que no se pueden realizar plebiscitos sobre temas como tributación y expropiaciones.

Asimismo, Martínez hizo mención a los más de 100 campesinos muertos en la lucha por la tierra y los miles de procesados, poniendo como ejemplo más dramático la tragedia de Curuguaty y el viciado proceso que se está llevando a cabo.

“Cuando los tractores salen es libertad de expresión y cuando salen los campesinos es delito”, apuntó.

Finalmente, Esther Leiva, de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), habló sobre el sentido y la vinculación del campesino con la tierra. “Si el campesino deja su tierra ya no es nada”, expresó en su intervención hecha en guaraní.

Sobre el impuesto que se encuentra en discusión dijo que ese pequeño monto de 10% debe servir para devolver en parte lo que ese modelo quita al Paraguay, principalmente en la forma de la degradación de los recursos y la salud. Así, mencionó el aumento de los casos de malformaciones congénitas en zonas de cultivos transgénicos con uso intensivo de agrotóxicos, como Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, como también la destrucción de bosques y animales.

El debate tuvo gran participación de público.

También dijo que la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria no solo debe ser objetivo de los campesinos, ya que los problemas rurales terminan trasladándose a las ciudades con el consiguiente aumento de los conflictos.

Al terminar la exposición de los disertantes, se realizó la ronda de preguntas e intervención del público. El caso Curuguaty fue el episodio más mencionado para ejemplificar los costos sociales del modelo agroexportador, por lo que se señaló la importancia de obtener justicia en este caso. “Si perdemos Curuguaty perdemos todo”, resumió una de las participantes del debate.

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