Desaparecen niñas y adolescentes mujeres y el estado no las localiza

(Observatorio CDIA). Desde enero al 20 de agosto de 2021, la Policía Nacional reportaba a 1.575 personas desaparecidas: más de la mitad de esas personas tenían menos de 18 años, de las cuales el 79,3% eran niñas y adolescentes mujeres.

Por otro lado, el 57% de niños y adolescentes varones reportados como desaparecidos fueron o han sido localizados, mientras solo el 47% de niñas y adolescentes mujeres fueron localizadas.

Una mayor cantidad de niñas y adolescentes mujeres son reportadas como desaparecidas, y son las menos localizadas en proporción, señala el Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) a través de una Hoja Informativa de Datos.

La actual estadística relevada de fuentes oficiales nos indica que, en promedio, por día se reportan entre 3 y 4 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, y que se tiene registro de que han sido localizados menos de la mitad. En este periodo de tiempo relevado (enero a agosto de 2021), se encontró que 4 habían sido hallados sin vida: 2 niñas y adolescentes mujeres, y 2 niños y adolescentes varones.

La desaparición de personas, y sobre todo de niñas, niños y adolescentes, es una realidad invisibilizada en Paraguay. CDIA realizó aportes para la elaboración de un Protocolo Específico para la Búsqueda y Localización de Niñas, Niños y Adolescentes “desaparecidos”, a cargo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), en el cual se plantea como uno de los ejes centrales cambiar el enfoque penal de la búsqueda por un enfoque de protección.

De acuerdo a la experiencia de trabajo de las organizaciones integrantes de la CDIA, existen importantes falencias en los procesos de búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, generalmente relacionados a debilidades procedimentales en la actuación de los órganos responsables.

Se plantea que el modelo actual de intervención centrado en el trabajo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Penal, no logra abordar la problemática en toda su dimensión y complejidad. Las estructuras administrativas, no ligadas al sistema de justicia y/o seguridad, en el ámbito penal tampoco desarrollan acciones efectivas para la búsqueda y protección de las niñas, niños y adolescentes.

La búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes requiere un análisis integral que permita determinar tanto las razones de su desaparición como establecer las medidas de protección para las personas localizadas con vida. El nuevo enfoque debe estar liderado por las instituciones encargadas de la protección de niñas, niños y adolescentes, con la asistencia de la Policía Nacional, lo que implica un fortalecimiento institucional de estas instancias y el alcance de sus operaciones a nivel nacional.

Las instituciones encargadas de la protección son el MINNA, los Juzgados de Niñez y Adolescencia y la Defensoría pública de Niñez y Adolescencia, que deben asumir un rol protagónico en los procesos de búsqueda y localización, a los efectos de tener presente todas las aristas posibles de la problemática. Por supuesto que en el caso de la detección de posibles hechos punibles, la intervención del Ministerio Público por medio de la Fiscalía Penal debe ser inmediata.

Es importante la intervención de un equipo de profesionales (intérpretes de lengua de señas paraguaya, trabajadores/as sociales y psicólogos/as) que puedan acompañar tanto a la familia de la persona desaparecida, como a la persona (si ésta fuera localizada con vida) para garantizar su resguardo, contención y según ordene la instancia judicial competente, su posterior reintegración familiar o bien la adopción de otras medidas de protección.

La protección de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado: es éste el garante de los derechos, que deben asegurarse por medio de políticas públicas y presupuestos, a nivel nacional y local, para la prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, junto con sus familias y comunidades.

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