Derechos humanos es eje principal del gobierno de Cartes, dice Loizaga

Ante el incumplimiento del Estado de una sentencia de la Corte IDH, la comunidad Xákmok Kásek ha reingresado a su territorio la semana pasada.

Ante el incumplimiento del Estado de una sentencia de la Corte IDH, la comunidad Xákmok Kásek ha reingresado a su territorio la semana pasada.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante su alocución realizada ayer en la Vigésimo Octava Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza), señaló que el Paraguay ingresó como miembro pleno de este organismo en un “contexto histórico” de consolidación democrática y vigencia del Estado de derecho.

“Hoy en día en el Paraguay la promoción y protección de los derechos humanos están en permanente evolución, son parte constitutiva de la comunidad paraguaya y un eje principal de la política del gobierno del presidente Horacio Cartes”, expresó el canciller en su discurso, reproducido parcialmente en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Posteriormente afirmó que a pesar de que no vivimos en tiempos “halagüeños ni apacibles por la extrema e irracional intolerancia”, se está avanzando hacia transformaciones en pos de lograr una calidad de vida para todos los seres humanos.

Como parte de los desafíos por el ingreso de Paraguay al Consejo de Derechos Humanos, mencionó la integración de los grupos más vulnerables para lograr un país con cohesión social donde se consoliden el pluralismo y el respeto a las diferencias en el marco de una cultura democrática.

En cuanto a los mecanismos de protección de los derechos humanos vigentes en el país, citó la ratificación de las convenciones destinadas a proteger los derechos de las mujeres, de los niños, de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, de las personas migrantes, así como aquellas cuyo fin es la prevención de las desapariciones forzadas, la tortura y la discriminación racial.

Un anciano perdió un ojo producto del ataque de los matones de la empresa brasileña Laguna SA. Foto: Conapi.

Un anciano perdió un ojo producto del ataque de los matones de la empresa brasileña Laguna SA. Foto: Conapi.

En otro punto de su intervención dijo que el objetivo del gobierno es definir un modelo de ocupación y organización del territorio paraguayo que respete los derechos de posesión y propiedad sobre las tierras y territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas.

En cambio, en la acción el gobierno no solo avala el atropello y violación de los derechos de comunidades indígenas, campesinas y urbanas, sino que participa activamente en la represión y persecución contra los grupos que se organizan para reivindicar sus derechos. Entre innumerables situaciones, como la ejecución de líderes campesinos, cabe mencionar el caso de la comunidad indígena ava-guaraní Y’apo, asentada en el departamento de Canindeyú, que luego de ser desalojada de sus territorios ancestrales por la policía sufrió el ataque de parte de guardias privados de la empresa de capital brasileño Laguna SA.

Otro caso de flagrante violación contra los derechos de los pueblos indígenas es el incumplimiento del Estado de una sentencia de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que lo obliga a restituir a la comunidad Xákmok Kásek parte de su territorio ancestral. La escasa voluntad del gobierno es dar respuestas se manifiesta en las propias declaraciones del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Jorge Servín, quien había llegado a manifestar que este caso “no es el ombligo del mundo”, restando importancia de esta forma al reclamo del pueblo sanapaná.

Cabe recordar además que Loizaga, como funcionario de la cancillería del exdictador Alfredo Stroessner, había tomado parte de la Liga Mundial Anticomunista, que colaboró con el Operativo Cóndor en la represión contra opositores políticos, perseguidos por el régimen bajo la acusación de ser “comunistas”.

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