Denuncian que policías brasileños participaron de desalojo de campesinos

El senador liberal Luis Alberto Wagner. Foto: Senado.

El senador liberal Luis Alberto Wagner. Foto: Senado.

El senador liberal Luis Alberto Wagner denunció durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente que policías brasileños acompañaron el desalojo de campesinos del asentamiento Guahory, en el distrito de Tembiaporã, en el departamento de Caaguazú, realizado el pasado jueves 12 de febrero.

El legislador acusó al fiscal Alfidio González de realizar un procedimiento irregular al desalojar a paraguayos de tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para entregárselas al brasileño Elmiro Seidler, señalando incluso que del operativo tomaron parte efectivos policiales brasileños. Apuntó también a los comisarios Manuel Zelada y William Giménez Barboza.

“Este fiscal entra en una tierra del Indert, procede al desalojo, destruye las casas, destruye los cultivos y entrega a Elmiro Seidler, con cédula paraguaya pero de nacionalidad extranjera. Hubo muchos heridos, muchos de ellos de gravedad, por eso la actuación del fiscal y de los comisarios Zelada y Giménez, y así también, con acompañamiento de policías brasileros, es absolutamente ilegal, violando así los derechos humanos de los paraguayos, y desalojándolos de tierras paraguayas”, dijo el senador Wagner citado por la página del Senado.

El senador detalló que durante el procedimiento se incendiaron unas 100 viviendas, dejando varios heridos y detenidos, y que la ocupación data del año 1992. Además apuntó que las tierras pertenecen al Indert y que los extranjeros no pueden ser beneficiarios de tierras fiscales, tal como lo dispone el Estatuto Agrario. Para investigar este hecho se anunció la conformación de una comisión, que además presentaría una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra el agente fiscal Alfidio González.

Los pobladores afectados por el desalojo señalaron que están pagando por sus lotes al Indert y que cuentan con los recibos, además de los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica. Del procedimiento participaron unos 400 efectivos policiales que derrumbaron casas, destruyeron cultivos e incluso robaron las pertenencias de los labriegos, según la denuncia.

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