Denuncian que órdenes de desalojo se venden por 100.000 dólares

Claudio Rolón, de la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia, denunció el proceder del juez de Curuguaty Carlos Goiburú  en un desalojo contra una comunidad indígena de Canindeyú. Rolón dijo que los sojeros pagan por las órdenes de desalojo unos 100.000 dólares.

 

Viviendas indígenas son consumidas por las llamas. Foto: internet

El 20 de noviembre pasado se realizó un violento desalojo en Villa Ygatimí contra la comunidad avá-guaraní Yva Poty, situada en el departamento de Canindeyú. La orden, emanada por el juez Goiburú,  fue realizada a favor del productor sojero de origen brasileño Paulo Ferreira de Souza, cuyos títulos no estarían en regla.

El juez en cuestión es el mismo que en diciembre de 2005 otorgó la usucapión a la firma Campos Morombí, propiedad del fallecido empresario colorado Blas N. Riquelme, donde ocurrió la masacre que se cobró la vida de 11 campesinos y 6 policías el 15 de junio pasado, en un irregular procedimiento de desalojo en beneficio de una empresa privada que usurpaba tierras del Estado.

«Cerca de 400 policías están haciendo un desalojo de una comunidad indígena con 22 años de existencia legal. Esta comunidad cuenta con 132 alumnos que van a la escuela. Las casas están siendo echadas por las topadoras de un sojero brasileño», dijo Claudio Rolón en declaraciones a Radio Ñandutí.

«Es de público conocimiento que un desalojo en Alto Paraná y Canindeyú cuesta 100.000 dólares –o sea 450.000.000 de guaraníes más o menos–. Así se consigue la orden del juez, la intervención fiscal y los policías, que en este caso son 400. Las comunidades indígenas suelen ser atacadas por los sojeros brasileños, que consiguen por 100.000 dólares la orden de un juez, la intervención de un fiscal y también la intervención de un cuerpo de 400 policías. Este es el procedimiento que se hace normalmente en estos departamentos», precisó.

Entre tanto, la líder indígena Zunilda Cáceres asegura que los 170 nativos que viven en el lugar «jamás debieron haber sido desalojados por ninguna autoridad». «Es una vergüenza lo que hizo este juez contra este pueblo indígena para favorecer a los brasileños. Estamos indefensos. El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Quesnel, no interviene en nada», agregó.

En el operativo se tumbaron e incendiaron las viviendas de los nativos, un puesto de salud, la escuela y se arrojaron a la vera de la ruta las pertenencias de los indígenas.

Cabe recordar que la Constitución Nacional, en su Artículo 64 (De la propiedad comunitaria), establece que «Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.

Se prohíbe la remoción o el traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos».

En fin, como sostuviera el antropólogo León Cadogan, al referirse a la discriminación de que son objeto los indígenas, los pueblos nativos siguen siendo «verdaderos parias en su propia tierra».

 

 

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