Denuncian que brasileños fueron contratados de manera ilegal en Acepar

Pablino Silguero Aranda, trabajador despedido de Acepar y que se encuentra en huelga de hambre hace seis días en reclamo de su reincorporación, denunció que la empresa brasileña Vetorial contrató de manera irregular a 150 funcionarios brasileños que solo tienen el permiso de ingreso al país por 90 días, una visa de turista que no permite la realización de actividades remuneradas. Por tanto, la firma tampoco realiza el aporte obligatorio al Instituto de Previsión Social (IPS) por estos trabajadores.

Los datos refieren que unos 680 empleados fueron descontratados de Acepar recibiendo la indemnización en tres cuotas. Sin embargo, unos 43 trabajadores con antigüedad permanecieron en la entidad, reporta el sitio del Senado.

Los sindicatos presentaron denuncias ante la autoridad laboral por insalubridad y la Corte Suprema de Justicia ratificó la Resolución Nº 868 por la cual se establece que los trabajos en Acepar son calificados de insalubres y, por tanto, sus funcionarios deberían trabajar solo seis horas al día. Sin embargo, según dijo Silguero, la empresa Vetorial viene presionando a los funcionarios para que trabajen ocho horas bajo la amenaza de que serán despedidos.

El senador Fernando Silva Facetti, en compañía del gobernador de Presidente Hayes, Pablo Contessi, realizó ayer una visita al huelguista y prometió que investigaría las denuncias para presentarlas posteriormente ante las autoridades pertinentes.

“Vamos a ampliar los datos que fueron verbales en la reunión con el gobernador Contessi y una vez que las documentemos realizaremos las denuncias en Migraciones, IPS y Ministerio del Trabajo”, dijo el legislador citado por la web de la Cámara Alta.

En 2013, el gobierno de Horacio Cartes había anunciado la “recuperación” de la planta, que había sido privatizada en 1997. Esto a raíz de que Cerro Lorito SA, encabezado por el ítalo-argentino Sergio Tasselli, incumplió los compromisos de inversión contemplados en el contrato e incluso vació la planta casi hasta dejarla en quiebra.

Sin embargo, el gobierno terminó alquilando la acería por un plazo de 10 años a la empresa brasileña Vetorial y despojando del 33% de sus acciones a los trabajadores, que habían sido adquiridas por estos durante el proceso de privatización.

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