Denuncian persecución a defensores de pueblo ayoreo

Dicen que colonia menonita chaqueña, terratenientes y ganaderos de la zona hostigan a la organización Iniciativa Amotocodie.

Integrantes de GAIA, quienes realizaron la denuncia, Perla Álvarez (izq. de CONAMURI), Clyde Soto (del Centro de Documentación y Estudios y Eddie Ramírez (de Pro Comunidades Indígenas). Foto: Coco Arce.

“La organización Iniciativa Amotocodie, (IA), dedicada a la protección del pueblo ayoreo no contactado que vive en aislamiento voluntario en el Chaco Paraguayo, está siendo víctima de una persecución fiscal y mediática y de un clima de hostigamiento que pone en peligro su trabajo y su continuidad”, denunciaron representantes del Grupo de Apoyo a Iniciativa Amotocodie (GAIA).

El grupo se constituyó a partir de personas e instituciones solidarias que se han auto convocado para acompañar y vigilar el proceso de Iniciativa Amotocodie.

Según Clyde Soto, quien representa al Centro de Documentación y Estudios (CDE)  en GAIA, la persecución y el hostigamiento se manifiesta en la apertura de una carpeta fiscal que da inicio a investigaciones de supuestos hechos punibles y en el violento allanamiento de la sede de IA en Filadelfia (Chaco Paraguayo), ocurrido en diciembre del año pasado.

“Como no encontraron nada, el fiscal cambió la orientación de la investigación e imputó a cuatro integrantes de IA por supuesta lesión de confianza en contra de la misma organización, pese a que la asamblea de los integrantes de la institución expresó su desacuerdo con la intervención y manifestó su apoyo a los miembros imputados”, dijo Soto.

El proceso es caratulado “Benno Glauser y otros s/ Lesión de Confianza”, donde la Fiscalía acusa al Equipo Operativo de Iniciativa Amotocodie de lesionar la confianza de la institución, un hecho punible contra el patrimonio en contra de la propiedad de su propia organización y podrían ser condenados a un máximo de cinco años de prisión. Como medida alternativa a la prisión preventiva, el fiscal también solicita que se les prohíba comunicarse con otros miembros de la organización y de ir a sus oficinas.

Los imputados son el coordinador general de IA, Benno Glauser, el coordinador adjunto Miguel Ángel Alarcón, Rosa Sonia Castillo y Jieun Kang quienes deben presentarse ante la jueza de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de Villa Hayes, María Justina Venialgo Zárate.

Razones de la persecución.

Allanamiento a las oficinas de la Iniciativa Amotocodie.

A criterio del Grupo de Apoyo, la persecución se debe a las molestias que genera la existencia de una organización que defiende el territorio indígena en contra de los intereses de ganaderos y de grandes terratenientes del Chaco.

“Estos no quieren límites a sus pretensiones expansivas y a su modalidad de explotación del territorio chaqueño, radicalmente opuesto al modo de vida ancestral de los pueblos indígenas, en especial de los pueblos no contactados”, aseveró Perla Alvarez, que representa a la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI).

Álvarez denunció el uso del aparato estatal en defensa de los intereses del sector de ganaderos y terratenientes y en contra de los defensores derechos humanos.

“Lo más grave del caso es el uso del aparato estatal para conseguir la finalidad de acallar la voz y el trabajo de una organización defensora de los derechos humanos”, dijo.

“Este ataque no es solamente contra una organización sino que es contra todo un trabajo de defensa de derechos humanos que hacemos desde la sociedad civil, porque sienta un precedente nefasto que es un modo, un patrón de actuación estatal como es el uso del aparato estatal –en este caso la Fiscalía-, para defender intereses particulares” expresó Álvarez.

Indígenas ayoreo, cuyos territorios están en disputa con diversos terratenientes del Chaco. Foto: Iniciativa.

No tiene asidero legal.

Para Eddie Ramírez, de Pro Comunidades Indígenas, las imputaciones a los cuatro integrantes de Iniciativa Amotocodie “no tiene ningún asidero legal. Primero fue el allanamiento a las oficinas en diciembre pasado buscando nadie sabe qué documentos, por una supuesta omisión de comunicar a las autoridades un posible hecho punible y ahora aparece una nueva causa que es negada por la propia institución (IA), supuestamente defraudada”, manifestó.

“En realidad el relatorio muestra cómo el fiscal está buscando alguna causa para imputarles de manera a suspender el trabajo que está realizando Iniciativa Amotocodie. Al Fiscal le importa más la persecución que un supuesto hecho punible”, afirmó.

Por ello –aseguró Ramírez-, nuestro objetivo es no dejar en la impunidad este tipo de actuaciones estatales y de abusos cometidos en contra de organizaciones de la sociedad civil. Esto sienta un precedente nefasto para todas las instituciones de defensa de los derechos humanos. Durante el tiempo de la dictadura no nos hemos callado y no lo haremos ahora, que estamos construyendo democracia”.

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