Denuncian intento de homicidio contra el dirigente campesino Luis Aguayo

Fue intimado por un colono brasileño, quien iba acompañado por autoridades policiales y de la fiscalía de Alto Paraná, afirman.

Luis Aguayo.

El hecho se produjo en Alto Paraná durante el desalojo de una comunidad campesina perpetrado por colonos brasileños acompañados por autoridades locales. El pasado 17 de noviembre, en horas de la tarde, 23 familias del asentamiento Limoy, sufrieron en la comunidad de San Jorge, distrito de San Alberto, “el atropello y la prepotencia de las autoridades locales, que están confabuladas con los usurpadores, colonos terratenientes que pretenden desalojarlos y apropiarse de lo construido por la comunidad –base de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP)”. Así lo denuncian CLOC/Vía Campesina Paraguay, de los cuales son miembros las organizaciones mencionadas anteriormente.

La comunidad viene usufructuando hace diez años unas 21 hectáreas de terreno, en donde realizan cultivos de autoconsumo –poroto, mandioca, habilla y otros-. Según los denunciantes, la medida tiene “el nefasto y reprochable objetivo de quedarse con la tierra en la que estas familias rurales pobres producen en forma comunitaria para su supervivencia”.

En presencia del asistente de la Fiscala de Minga Pora, María Raquel Fernández, acompañado de un numeroso grupo de efectivos policiales y guardias civiles armados, se realizó la destrucción de los cultivos con tractores y camiones. Más tarde, el colono brasileño Jairo Oliveira Miglioni, conduciendo un camión de carga, y con el respaldo y la connivencia del jefe y subjefe del Grupo Especializado de Operaciones (GEO), procedió a amedrentar a las personas reunidas, a fin de disolver la resistencia. De lo ocurrido, se tiene como resultado a siete más imputados por la Fiscalía, afirman.

El dirigente Luis Aguayo, secretario general de la MCNOC, hizo presencia en el escenario en que se estaban desenvolviendo los hechos, para apoyar a los afectados y, ante varios testigos, fue acorralado por dos vehículos, uno manejado por el colono Jairo Oliveira Miglioni, “en un incuestionable intento de homicidio a modo de presión e intimidación” denuncian.

Afirman que este hecho es uno más enmarcado en la criminalización de la protesta social, en un momento en que el Gobierno, sobre todo a través del Poder Ejecutivo, está dando señales relativamente favorables en su propósito de recuperar las tierras malhabidas y redistribuirlas a los verdaderos sujetos de la Reforma Agraria.

“Condenamos la prepotencia de los latifundistas que tienen a su merced y al alcance de sus bolsillos a ciertas autoridades locales y, a su vez, a estos mismos, lacayos oportunistas que –antes que velar por los intereses públicos como les obliga su investidura por las leyes soberanas del Estado–, miden sus acciones a partir de sus beneficios inmediatos y el de los saqueadores a quienes responden”, concluyen los denunciantes.

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