Denuncian desinterés del gobierno en recuperar Marina Cue

La Comisión de Familiares y Víctimas de la Masacre de Curuguaty “Yvy Ñande Rekove” denuncian que el Instituto Nacional de Desarrollo y de la Tierra (Indert) lleva más de un año de inacción judicial en el caso de las tierras de Marina Cue, aunque la propia institución reconoce que se trata de tierras del Estado.

En una nota presentada por la organización, recuerdan que el 3 de abril de 2014 la Corte Suprema de Justicia rechazó una medida de inconstitucionalidad presentada por la empresa Campos Morombí que pretendía dejar fuera del litigio al Indert bajo el supuesto de que este no tiene “legitimidad activa” para participar de un juicio por la titularidad de las tierras. La máxima instancia judicial del país determinó, en cambio, que al haber existido una donación y una transferencia, aunque no titulación, tiene derecho a ser parte del proceso.

La comisión de labriegos apunta también a la inacción de la Procuraduría General de la República, acusando que ambas instituciones del Estado han demostrado un “total desinterés por recuperar esas tierras, que tienen una importancia nacional, por las históricas y simbólicas características de su disputa”, dice el pronunciamiento de los campesinos.

Ante esta situación exigen a las autoridades una acción pronta y que se aceleren los trámites para recuperar esas tierras que son públicas y que se encuentran usurpadas por la firma del Grupo Riquelme, fundado por el fallecido político colorado Blas N. Riquelme.

Cabe recordar además que la Secretaría del Ambiente (Seam) había declarado el territorio como no apto para asentamiento humano por la supuesta reserva natural privada que funciona en el lugar, de la cual diariamente se extraen rollos y que no cuenta con plan de manejo expedido por la autoridad ambiental.

El 15 de junio de 2012 fallecieron once campesinos y seis policías en un irregular operativo de desalojo llevado a cabo con una orden de allanamiento. Esta orden había sido expedida por el juez José Dolores Benítez, quien había concedido la “rectificación de sentencia” a Campos Morombí, que había ganado un juicio de usucapión de las tierras pero que salió con el número de otra finca.

El juicio fue entablado contra la Industrial Paraguaya SA, donataria de las tierras, y se dejó de lado al Estado. A esto se deben las maniobras judiciales de Campos Morombí para dejar de lado al Indert y a la Procuraduría, pues los juicios de usucapión no pueden entablarse contra el Estado, que había recibido las tierras en carácter de donación en 1967 y fueron declararas de interés social para la reforma agraria en 2005.

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