Denuncian amedrentamiento contra organizaciones de DD.HH.

Con cinco patrulleras y un contingente de antimotines, la policía fue a “custodiar” reunión de organizaciones de derechos humanos que critican la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que abre la vía a la militarización.

Policías permanecieron frente a la sede de la Codehupy durante toda la reunión convocada ante la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Foto: Twitter.

Organizaciones de derechos humanos, que realizaron una reunión el pasado jueves para analizar las implicancias de los altos poderes otorgados al presidente Horacio Cartes para disponer de los militares en el marco de la supuesta lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), denunciaron acciones de amedrentamiento de parte de las autoridades a través de un aparatoso despliegue policial frente a la sede de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) sobre la calle EE.UU.

“Durante una reunión sobre la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, realizada en el local de la Codehupy en la noche de este jueves, y en la que participaron varias organizaciones sociales y de derechos humanos, efectivos policiales (incluyendo policías antimotines) y 5 patrulleras policiales permanecieron frente al local de la Codehupy durante todo el desarrollo de la reunión”, informa la Codehupy en su perfil de Facebook.

Luego denuncia que tal ostentación de fuerza se realizó para amedrentar y hostigar a las organizaciones que son críticas con respecto a las facultades discrecionales otorgadas al Poder Ejecutivo, ya que ello puede derivar en abusos y persecución contra organizaciones sociales bajo el manto de la supuesta lucha contra el EPP.

“Repudiamos este intento de amedrentamiento a organizaciones sociales y de derechos humanos”, expresa la organización.

“Llegaron primero dos patrulleras, luego otras dos y por último una quinta y un trasporte con efectivos de la FOPE (Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada) y se apostaron en las esquinas. Uno de los policías se acercó a la oficina de la Codehupy a preguntar de qué se trataba la reunión y si se necesitaba algo, pero le dije que la manifestación ya había terminado y que no necesitaban entrar dentro del local”, relató Fernando Rojas, integrante de la organización Decidamos.

Durante la tarde y parte de la noche de ayer se realizó una manifestación frente al Panteón de los Héroes en repudio de estas atribuciones otorgadas al Ejecutivo que los participantes calificaron como un debilitamiento del sistema democrático.

La Codehupy había presentado una nota a la Cámara de Senadores en que exhortaba a las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria a rechazar Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 2º, 3º y 56º de la Ley Nº 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, entre otras razones, porque “1) El Proyecto de ley atenta contra el artículo 3º de la Constitución Nacional, ya que rompe con el principio de equilibrio entre los poderes del Estado, al otorgar al Poder Ejecutivo mayores facultades en perjuicio de los demás poderes del Estado y escapando del control de los otros poderes; y 2) el Proyecto de ley permite que en la práctica el Poder Ejecutivo instale un estado de excepción en forma permanente, sin límite de tiempo, y sin aprobación ni control del Poder Legislativo”.

Con la modificación de los artículos 2, 3 y 56 la ley Nº 1.337, se establece que frente a situaciones de extrema gravedad, en que el sistema de seguridad interna resulte manifiestamente insuficiente, el presidente de la República podrá decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas, dentro del ámbito territorial definido por decreto y por el tiempo estrictamente  necesario para que la Policía Nacional, o en su caso la Prefectura General Naval, estén en condiciones de hacerse cargo por sí solas de la situación.

Dispone como “agresión interna” los casos calificados como “terrorismo, de conformidad a la Ley 4024/10, que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo; o cuando existieren amenazas, acciones violentas contra las autoridades legítimamente constituidas que impidan el libre ejercicio de sus funciones constitucionales”.

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