Defensa de campesinos se ratifica en que tribunal debe apartarse

La defensa de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty se ratifican en que el tribunal de sentencia que juzga el caso ha dado muestras de una clara parcialidad a favor de los intereses de la empresa Campos Morombí, ocupante ilegal de las tierras públicas de Marina Cue, por lo que presentaron una nueva recusación contra los magistrados Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero.

El abogado Amelio Sisco, defensor de Lucia Agüero, señaló que el tribunal coacciona abiertamente a la defensa al lanzar amenazas sobre la presentación de informes a la Superintendencia de la Corte sobre la actuación de los profesionales, que presentaron sucesivas medidas contra los vicios procesales cometidos contra sus defendidos.

Asimismo, pidieron el levantamiento de la prisión domiciliaria para todos los acusados, incluyendo a Rubén Villalba (condenado por el caso Pindó), pues ya han trascurrido más de tres años de vigencia de las medidas cautelares contra los campesinos.

Los abogados acusaron que, además del tribunal, todas las instancias que intervinieron en el caso fueron puestos a la medida de Campos Morombí, como es el caso de la fiscala Ninfa Aguilar, quien encabezó el desalojo que terminó en la muerte de 17 personas y que fue abogada de la firma del fallecido político colorados Blas N. Riquelme.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.

El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.

Foto: Judiciales.net

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