De violencias en el norte y Estado de Excepción

¿Hacia un proceso de instauración del Estado autoritario? Llama poderosamente la atención el hecho de que poco tiempo después de firmarse los acuerdos entre los gobiernos de Paraguay y Colombia con la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de este país, se produzcan casi inmediatamente dos hechos violentos. Primero el enfrentamiento en Arroyito, que arrojó el saldo de cuatro muertos; después, el aparatoso atentado contra el senador Robert Acevedo en P.Juan
Caballero.

Este truculento escenario exacerba  la justificación de una intervención directa del gobierno del Estado (que involucra a los tres poderes), en una zona del país apuntada como epicentro de las ocupaciones de tierras. Ocupaciones que, dado el creciente deterioro de vida del campesinado, si bien ya se venían dando en el gobierno anterior, se constituyeron de un mecanismo de presión para acelerar la urgente y necesaria redistribución

de tierras, ante la expectativa generada por el gobierno actual, que tuvo como compromiso y bandera principal de su campaña, la tan mentada reforma agraria.


En una pintoresca paradoja, a pesar de las seis décadas de guerra civil en su país, el gobierno colombiano con la rara credencial  de “capacidad” en el manejo del terrorismo, a través de esos acuerdos, sentaba su compromiso de dar apoyo a nuestro gobierno después del secuestro del ganadero Fidel Zavala. Esto claramente provoca la sensación de ser la instauración de  una versión del “Plan Colombia” para el Cono Sur de
América.


Las causas del Estado de Excepción


Estos hechos dan para pensar en un escenario que trata de crear un clima de pánico en las zonas constituidas en el epicentro de las luchas campesinas. Las que deben ser combatidas, en el marco de la reformulación del
control social imperial-oligárquico, a través del  Ministerio del Interior
y el órgano de seguridad bajo su mando: La Policía Nacional, que así sustituye al histórico protagonismo de las Fuerzas Armadas en estos menesteres.

Esta  reformulación pudo haber producido alguna roncha en las Fuerzas Armadas, que sumada al desprestigio de la policía por su impúdico involucramiento en la delincuencia, se habrían constituido en  la causa de
la instauración del estado de excepción.


Vuelta al militarismo?

La respuesta visible del gobierno de Lugo al clima de violencia en el norte es la de la instauración del estado de excepción, con la justificación de que a través de esa figura el Poder Ejecutivo estaría facultado a disponer del concurso activo bélico de las fuerzas armadas . Es decir  que las mismas puedan “legalmente”   usar las  armas
contra los grupos violentos que emergen en el norte del país.

Con esta medida, se estaría devolviendo a las fuerzas armadas el control perdido, lo que daría la impresión de un acceso nostálgico por parte del gobierno hacia el militarismo político de tan triste pasado. Sin embargo, esta
vuelta del militarismo político, implicaría el gran desafío para el ejército de demostrar cuán efectivo resulta a la hora de hacer frente a la violencia.


Si esa eficiencia no fuera probada, quedaría nuestro Estado más expuesto que nunca a la recepción de una “asistencia” efectiva foránea para hacer frente al problema de la inseguridad.

Ya se dijo en el Congreso que si en el plazo de 30 días este brote de violencia no se soluciona, el Parlamento evaluará la gestión del gobierno de Lugo. Si no se resuelve la violencia, los posibles resultados pueden ser dos: La
destitución del Presidente de la República a través del juicio político o la permanencia de Lugo, pero con la devolución del protagonismo  al Ministerio del Interior con un concurso más directo y presente de fuerzas
colombianas en nuestro país.

A partir de entonces, se estaría instaurando en el país un escenario similar al de Colombia, cuyo propósito principal sería la erradicación de las movilizaciones sociales a través de una suerte de guerra civil entre “terroristas insurgentes”  y fuerzas para- militares “ordenadoras” del Estado. Lo que significaría simple y llanamente la instauración en nuestro país de una suerte de ”protectorado” de hecho, con el concurso directo de fuerzas colombianas bajo los auspicios del gobierno de los EEUU.

Cualquiera sea el caso, todo indicaría que estamos asistiendo a un proceso de restauración de un Estado autoritario justificado por un clima de desestabilización, cuyo objetivo sería contener el ascenso de las masas, principalmente del sector rural. El interés de la oligarquía criolla sería la de preservar la fuerte concentración de la propiedad de la tierra, y el del proyecto actual hegemónico norteamericano, la de consolidar el papel asignado a Paraguay, cual es el de constituirse en un enclave desde donde controlar a los Estados del cono sur, incompatibles a los intereses imperiales.

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