De película: reabren caso Sawoyamaxa

La presidencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Bareiro de Módica, admitió el trámite a pedido de las empresas Kansol S.A. y Roswell Company S.A., propiedad del latifundista Heribert Roedel. A este señor se le había expropiado el terreno de 14.404 hectáreas. Son las tierras de las que la comunidad Sawoyaxa, originaria del lugar, fuera desalojada, comenzando un calvario de 20 años hasta recuperarlas, vía expropiación, en cumplimiento de un fallo del 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La ley de expropiación 5194/2014, aprobada por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, fue ya atacada de inconstitucionalidad por las mismas empresas, pero ahora los afectados sostienen una nueva acción en contra de un artículo de dicha la ley en el que se determina el pago de la indemnización.

Es cosa juzgada. Es “es una locura”, nos cuenta el ex titular del Indi, Oscar Amarilla, directivo de Tierra Viva, la organización que disputó, junto con la comunidad Sawoyamaxa, la restitución de las tierras originarias.

“No se necesita ser ni estudiante de Derecho para entender que es una cosa juzgada, completamente juzgada”, asume.

El 30 de setiembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia había rechazado el pedido de inconstitucionalidad.

Esta nueva decisión, de reabrir el caso, “solo puede entenderse desde la venalidad y la corrupción, porque desde el Derecho es imposible”, asume Tierra Viva, en documento firmado por directivos y abogados.

La ministra Gladys Bareiro.

La ministra Gladys Bareiro.

Hasta ahora las empresas no se han retirado del lugar. Las comunidad ya está asentada pero sin dominio total del territorio. El latifundista alemán se ha negado a recibir la indemnización, unos G. 34.000 millones. Este dinero se le ha depositado, a nombre de sus empresas, en una cuenta judicial.

Ahora quiere reabrir el caso, utilizado el la historia de la evaluación de la propiedad, contemplada en un artículo de la ley que ya fuera atacada de inconstitucionalidad. La evaluación fue realizada por el Ministerio de Obras Públicas en el 2012, con valores de mercado, pero para los demandantes es una especie de «confiscación».

El latifundista alemán Heribert Roedel

El latifundista alemán Heribert Roedel

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