De monas con gillette en un contexto electoral

Está en estudio en la Cámara de Diputados un proyecto de ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Un grupo de personas de los tres poderes del estado se tomaron más de dos años para escribirlo. El resultado: 203 artículos en alrededor de 60 páginas.

En un extraño apuro, en noviembre del año pasado lo presentaron a la Cámara de Diputados, sin haber consultado previamente con ninguna organización que trabaje el tema, luego de reiterados pedidos de participación. La respuesta era: “estamos trabajando, ya van a ver”….y luego vimos. No faltó una representante de este gobierno de facto que dijera que la decisión de no invitar a las organizaciones  fue para que no “entorpezcan el trabajo”.  Al ver el resultado, realmente es bueno que no hayan invitado a las organizaciones. Y hay que decir que también es bueno que por fin el Estado se haga cargo de su propio trabajo.

El proyecto tiene graves deficiencias: una pésima técnica legislativa (conceptos poco comprensibles, nada operativos – se estila que los conceptos en una ley sirvan para clarificar de qué se tratará en el resto del texto legislativo- redacciones incomprensibles, etc.). Además, el concepto sobre las mujeres que trasluce es absolutamente heteronormativo, binario y esencialista, está hecha solo para las mujeres heterosexuales que no contradigan en lo mínimo las normas de género. Si usted es una de ellas, ¡felicidades!, solo usted es digna de ser reconocida y protegida por el Estado, no así cualquier identidad o expresión de género fuera de ella. Asimismo, coloca a las mujeres en una posición de escasa capacidad de tomar sus propias decisiones.

Por otra parte, contiene disposiciones absolutamente inconstitucionales y que contrarian avances en derechos humanos que nos ha costado mucho sostener. Insiste mucho en el derecho penal, cuando el derecho penal llega cuando todo ha fallado, cuando el Estado ha fallado. Contraria garantías básicas del debido proceso, garantías que hasta hoy cuesta mucho hacer respetar. Por ejemplo,  le da a la policía un excesivo poder, con todo lo dañino que eso podría implicar. Este planteamiento no es baladí, porque se enmarca en la contrarreforma del código procesal penal, que busca flexibilizar el sistema de garantías procesales, que hoy tienen rango constitucional.

Es importante que existan políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. Pero esto no puede ser a cualquier precio. No puede ser a costa de la igualdad que reivindicamos, no puede ser a costa de pasar por alto preceptos constitucionales, no puede ser a costa de los derechos humanos de nadie.

Es peligroso que el proyecto se plantee en este momento electoral, con el riesgo de que con el propósito de obtener “ventajas” (no es “políticamente correcto” estar en contra de un proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres), se termine haciendo un terrible daño a las mujeres que día a día sufren violencia y que hoy no encuentran en el Estado las respuestas que requieren y que no se solucionaran con una ley, ya que las deficiencias no se deben necesariamente a un vacío legislativo. En manos de este parlamento irresponsable, el resultado podría ser, sencillamente desastroso.  Como un mono con gillete.

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