Curuguaty: la historia los absolverá

En Paraguay para los pobres no hay justicia; nos secretea en jopara –mezcla de guaraní y español– un campesino sin tierra en la Colonia Ybypytã, del distrito de Curuguaty. Piel rojiza, como la tierra, los ojos hundidos, el cuerpo consumido. 25 años. Mira el suelo cuando nos habla. Es un sobreviviente de la masacre de Marina Cué: pretexto y primer balazo para el golpe franquista al gobierno Lugo.

Foto de Clyde Soto

En Paraguay, ¿quién espera que el jueves 14 de febrero se produzca una sorpresa con tinte de justicia? Se trata del proceso a los sin tierra que han sido acusados por el fiscal Jalil Rachid –un nombre que no hay que olvidar: es los que hacen la historia, deplorable o heroica– como responsables de lo ocurrido el 15.6.2012 en Curuguaty. El 14, el juez José Dolores Benítez debe decidir si acepta la acusación y envía la causa a juicio oral y público o si la desestima. Aún está a tiempo de evitar dolores mayores: de ser José Benítez. El juez podría redimir su nombre. El juez (se) haría justicia. Pero las jugadas ya están perfiladas. La estrategia, también. El libreto que sostiene la Fiscalía es funcional a la versión enlatada y repetida por sectores interesados en que el caso fuera visto como causa necesaria y suficiente para el juicio político a Lugo. José (Dolores) Benítez es el mismo que mostró irrespeto a los derechos de las personas imputadas. De manera arbitraria, mandó a prisión preventiva a 12 sin tierras y esperó sin temblor ni temor que se cumplieran 60 días de huelga de hambre de cuatro detenidos antes de enviarlos a arresto domiciliario. De esto desciende que ahora debería evaluar como justa la validez de la acusación del fiscal. Pero José Dolores aún tiene tiempo. Poco, es verdad.

Y en este poco tiempo, ya recibieron una denuncia. Rubén Villalba la formuló: el principal acusado como líder del grupo de sin tierras, quien el jueves 14 habrá cumplido 20 días de huelga de hambre en la Penitenciaria Nacional. El fiscal fue denunciado por simulación de un hecho punible y frustración de la persecución y ejecución penal de inocentes. El juez, por prevaricato, ya que en 2009 aceptó un pedido de rectificación de sentencia solicitado por la empresa Campos Morombí que pretendía usucapir los terrenos de Marina Cué.

La matanza de once campesinos y de seis policías en Curuguaty derivó en la imputación de unas 60 personas, pertenecientes al campesinado pobre y sin acceso a tierras. Muchas de estas personas ni siquiera estaban presentes en el lugar de los hechos, pero fueron vinculadas al proceso porque sus nombres estaban en una lista de aspirantes que esperaban acceder a las tierras reclamadas por los ocupantes. De ellas, 14 fueron acusadas por tentativa de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno (del cual en realidad es propietario el Estado paraguayo). Esos 14 campesinos sin tierra son quienes enfrentarán la audiencia preliminar el jueves. Para tres personas el fiscal pidió sobreseimiento definitivo. Más de 40 han sido declaradas prófugas y en rebeldía con relación al proceso judicial, y podrían ser detenidas y sometidas al proceso. Todas ellas están sujetas a un proceso que sólo parece destinado a encontrar chivos expiatorios en el sector históricamente más desprotegido de la sociedad paraguaya: por pobreza, falta de acceso a los medios, por la imposibilidad de comprender siquiera los pliegues judiciales y legales a los que están sometidos, porque en su mayoría hablan sólo guaraní. Inflexión funcional al patrón de actuaciones estatales violatorias de derechos humanos seguido a lo largo del proceso post-dictatorial paraguayo, iniciado en 1989. A lo largo de estos 24 años, más de cien campesinos murieron o desaparecieron en el contexto de la lucha por la tierra, en actuaciones abrumadoramente impunes. El Informe Chokokue (armado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEHUPY en 2007), que investigó 77 de estos casos, demuestra que en ninguno de ellos el Estado paraguayo cumplió con sus deberes de investigación  y sanción de los responsables. Y, además, muestra una perfecta coherencia en cuanto al perfil de las víctimas. En el caso Curuguaty se agrega un solo elemento que completa el cuadro: planificación e impacto directo en el espacio político.

Dos investigaciones independientes –de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) y CODEHUPY– señalan las irregularidades que vician el proceso: parcialidad del equipo de investigación asignado al caso, falta de pruebas, vulneración de la cadena de custodia de las evidencias (Rachid ocultó evidencias que hubieran sido determinantes a la hora de esclarecer los hechos), detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles a algunas de las personas detenidas e incluso testimonios sobre ejecuciones sumarias de campesinos heridos durante los hechos. Ni siquiera se colocó bajo investigación a los agentes policiales que intervinieron en el caso; se dio por sentado que la actuación policial fue correcta.

El golpe precisaba un pretexto con la temporalidad de una ventisca, y éste fue brindado por la masacre. La masacre requería culpables, y la larga lista de personas involucradas en el procedimiento fiscal y judicial tiene esa función. El guión parece haber sido escrito de manera tal que sus responsables y sus ejecutores no permitirán que sea cambiada una sola línea. Pero esa línea que debería ser cambiada enfáticamente ya aparece salvada en la historia política de nuestros pueblos: que ya absolvió a los sin tierra. La justicia paraguaya aún está a tiempo de optar. Por las emancipatorias de nuestros pueblos. O por las aberraciones y los Dolores de resonancias stronistas.

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