Curuguaty: El paroxismo de la injusticia

La jueza Janine Ríos, en clara connivencia con el fiscal Jalil Rachid, el 9 de octubre de 2013 puso un hito más en el proceso de injusticias que siguió a la matanza de Marina Cué, Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012 y que dio pase al golpe del Estado franquista.

Pasan a juicio oral y público (cuya fecha aun no fue fijada) doce de las personas acusadas de haber tenido responsabilidad en la masacre que marcó el signo del retorno del Paraguay a sendas hartamente conocidas: la perversión del sistema democrático para garantizar que el sistema político y de gobierno siga al servicio incontestado de privilegios para los sectores de poder fáctico. Es decir, quienes poseen, producen y disfrutan de la riqueza, obtenida por vía de la corrupción, de tierras malhabidas, de evasión de impuestos y negocios mafiosos. Complementariamente, es necesario recordarlo, ninguno de los imputados pertenece a la Policía, pese a que en la masacre fueron asesinados seis policías y once campesinos, y ninguna de las muertes de campesinos fue investigada. Ni siquiera se practicaron autopsias a sus cuerpos. Ni se tomó declaraciones a los supervivientes, muchos de quienes tenían información relevante que aportar, como el testimonio de haber visto ejecuciones realizadas por policías a algunos de los campesinos primero heridos y luego muertos.

Y es más, el diario ABC Color reportaba (9/10): “Según la acusación del fiscal Rachid, los policías fueron emboscados por campesinos, lo que derivó en un enfrentamiento armado que causó la muerte de seis uniformados y 11 civiles”. Frente a este extracto, sin ánimo de filólogos, hay que preguntarse si “por campesinos” significa “por esos campesinos imputados”. Un aparente detalle lingüístico, pero profundamente jurídico: ya que no hay pruebas al respecto.

Sigue postergada la justicia para las campesinas y los campesinos acusados –varios de ellos encarcelados y otros con prisión domiciliaria–, quienes ya deberían haber obtenido un sobreseimiento si los procesos judiciales tuvieran un básico de racionalidad institucional democrática. Y postergar es una manera de borrar Curuguaty y el drama político y social del cual son corresponsables el gobierno ilegítimo franquista y el actual gobierno de Cartes. O de difuminar sus contornos de arbitrariedad, para dejarlo como un caso más de la larga y vergonzosa colección de casos de violencia y asesinatos sin justicia para el campesinado pobre del Paraguay.

El caso Curuguaty debe ser leído en la larga duración como bisagra: entre la posibilidad de cambios al sistema y la continuidad de los núcleos que habitan el largo autoritarismo vigente en el Paraguay. Bisagra que se abre hacia el lado del retorno. En un plano más cercano, el caso sirve para identificar los mecanismos institucionales, informales y simbólicos usados para operar en el sentido que marca el retorno. Aquí hay unos hilos invisibles que mueven sucesos que, a su vez, desencadenan consecuencias en el sistema democrático formal. Una masacre que termina de conmover y resquebrajar las débiles bases de un gobierno electo que tímidamente introdujo pequeños cambios en el sentido de la ruptura a la continuidad del poder concentrado por décadas en un partido –el Colorado–, en personas/empresas crecidas bajo la sombra de los privilegios dictatoriales y en quienes recogieron –y siguen– las migajas que se deja caer desde la mesa central del banquete.

Hay otros hilos que controlan la institucionalidad democrática: se precisa de un sistema judicial en el operen agentes que se ponen al servicio de una parodia de justicia. Entran en juego José de los Dolores Benítez, Jalil Rachid, Janine Ríos en el primer plano. Por detrás, se mueven quienes están en la Fiscalía General del Estado, la Corte Suprema de Justicia, el INDERT y todo lo que sea útil para el caso. Y otros hilos más adornan el escenario, colocando los elementos precisos para que una aletargada ciudadanía simplemente crea que se juzgará a los asesinos de la masacre, sin más pruebas que las declaraciones prefabricadas del fiscal y los demás actores. Pero no serán juzgados, porque ya existe una sentencia previa. Una obra completa. Maestra.

Pero quienes no compartimos ese letargo ciudadano, en las más dispares latitudes, en Paraguay y en el mundo, nos seguimos preguntando: ¿qué pasó en Curuguaty? Interrogación que irrumpe y mete una cuña molesta que rompe la “armonía escénica”. Y nos seguimos preguntando por qué no escucharon los testimonios de los campesinos, por qué no hubo autopsia de los cuerpos, por qué se escondieron pruebas, por qué se imputó a mansalva sin discriminar ni siquiera entre quiénes estuvieron en el escenario y quiénes apenas figuraban en un cuaderno escrito a mano, mojado y perdido en los vaivenes del proceso. Pero la injusticia sigue en su paroxismo frenético, cierra ojos, oídos, boca, y aprieta las manos. En otras latitudes, esto se llama omertá.

En el caso Curuguaty, no sabemos bien qué pasó y cómo, ni quiénes son los responsables, pero ya sabemos que no habrá justicia.

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