Curuguaty: 17 muertos y un presidente depuesto por un título de propiedad que nunca existió

El libro «La Masacre de Curuguaty», de Julio Benegas, ratifica con profusos testimonios y documentaciones la versión de que las tierras de Marina Kue nunca pertenecieron a Blas N. Riquelme. Mediante manipulación judicial y burocrática, inventaron seis órdenes de allanamiento para desalojar a los campesinos. Con la última, murieron 17 personas  y depusieron a Lugo. 

 

Juan Carlos Galaverna, Horacio Cartes, Lilian Samaniego y Juan Afara comparten con Blas N. en el cumpleaños de lprimero, el año pasado. Fuente: abc.com.py

Las pruebas documentales y testimoniales de que las tierras en Curuguaty que ocuparon las familias campesinas sin tierra son del Estado y no una propiedad privada, atraviesa todo el libro del periodista de E’a Julio Benegas Vidallet, ratificando asi la versión sostenida en el Informe sobre las tierras de Marina Kue elaborada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay y en la posición judicial de la Plataforma Articulación Curuguaty.

El juicio de usucapión

Esta figura es un derecho de ocupación de un inmueble determinado que debe ser otorgado por la justicia ordinaria. Riquelme y su empresa Campos Morombi plantearon y accedieron a este derecho de forma fraudulenta, gracias a una resolución judicial del juez Carlos Goiburu.

“…el supuesto derecho de ocupación –de las tierras de Marina Kue- es establecida contra la Industrial Paraguaya (LIPSA). Esta, al allanarse a la demanda, en la nota al juzgado dice que nada tiene que ver con el juicio por cuanto que ya había donado esas tierras al Estado Paraguayo. En su escrito, el abogado de LIPSA, Gustavo Ruiz, señala que la demanda no afecta directamente sus derechos de propiedad, y que ‘al individualizar el área descripta en la demanda, mi parte confirma que la actora pretende usucapir las tierras que fue donada por LIPSA al Estado Paraguayo en 1967’.  Aún con esta aclaración de LIPSA, y sin dar participación en el juicio a la Procuraduría General del Estado ni al Indert (…) el juez Carlos Goiburu procedió (en el 2005) a establecer como legítimo el presunto  derecho alegado por Campos Morombi…”, se lee en la página 113 del libro.

El libro describe en el apartado titulado “Campos Morombi”, página 118, el laberíntico fraude de compras de inmuebles, títulos y transferencias que el fallecido Blas N. y sus socios perpetraron desde 1969 para intentar quedarse con las cerca de 2.000 hectáreas de Marina kue,  luego de que Riquelme, mediante sus influencias políticas en el stronismo, se quedara con las 50.000 hectáreas que pertenecieran a la Industrial Paraguaya. De este latifundio fueron desprendidas las tierras de Marina Kue para ser donadas, por sus anteriores dueños, al Estado, en 1967. Tierras que, hasta 1999, fueron ocupadas por el Destacamento Naval Agropecuario  kilómetro 35 de la Armada Nacional, porque precisamente eran del Estado.

Pero si todos los argumentos anteriores no fueran suficientes, el libro describe en su página 120 que, aun cuando Riquelme hubiera accedido de alguna forma a la propiedad de las tierras de Marina Kue, tierras públicas, quedaría invalidado y anulado, porque la Ley Número 854/ 63 del Estatuto Agrario, que entonces regía en el país, establecía, “en su artículo 15, que no podrían ser beneficiarios del Estatuto Agrario los propietarios de tierras rurales con más de 50 hectáreas, y Riquelme y sus socios poseían ya entonces decenas de miles de hectáreas rurales».

Con la fe puesta en que se aceptaría, finalmente, que las tierras que ocupaban eran públicas, y que el Estado les otorgaría como ciudadanos rurales sin tierras, los líderes campesinos de la ocupación Rubén Villalba, Avelino Espínola y Delfín duarte, se plantaron en Marina Kue. Pero la influencia de Riquelme, la injusticia y las balas de la policía pudieron más para desatar la tragedia.

En cuanto a las acciones de la fiscalía y la policía que desató la masacre, la fiscal Ninfa Aguilar, al no poder solicitar al juez del caso una orden de desalojo de propiedad porque ésta no tenía dueño con título de propiedad, gestionó, en connivencia con el juez, seis órdenes de allanamiento. Con la última orden, Aguilar consiguió la tragedia de la muerte de 17 personasm y la deposición del expresidente Fernando Lugo.

 

 

 

 

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