Cuatro asesinados en lucha por la tierra durante distintos diciembres

Todos los casos quedaron en la impunidad, con la complicidad de policías, fiscales y jueces.

Cada mes tiene sus muertos en el Informe Chokokue, un compendio de todos los campesinos asesinados en plena lucha por acceder a la tierra desde 1989 a 2005. En total el mismo registra 77 ejecutados, tanto por policías o pistoleros civiles. Pero bien podemos decir que quienes rematan a las víctimas son los encargados de la Justicia.

Diciembre registra cuatro ejecutados: Isidro Gómez Benítez (45), Rafael Pérez Roa (45), Gregorio González Villalba (19) y Francisco Jara Flores (43). Todos ellos fueron muertos a manos de guardias parapoliciales de establecimientos en conflicto con las comunidades de las víctimas.

20 a 30 balazos

Isidro era vecino de una ocupación de 11 familias campesinas vinculadas de la Coordinadora regional de Agricultores de Itapúa (CRAI), las cuales habían entrado en un latifundio improductivo en la colonia de San Miguel del Norte, distrito de Mayor Otaño, departamento de Itapúa. Al poco tiempo de la ocupación, aparecen como propietarios los ciudadanos brasileños Aldo Bortolini y María Teresinha de Souza Bortolini.

Isidro acompañaba y asistía a las familias campesinas en su proceso de lucha, transportándolos en su coche, ayudándolos con los trámites de legalización de tierra frente al Instituto de Bienestar Rural ( IBR), colaborando en lo que estaba al alcance con sus prójimos.

Isidro Gómez Benítez

El conflicto se fue agudizando con la presencia de topadoras, capangas y la resitencia campesina. Los Bortolini entendían que Isidro era dirigente y sostén de los ocupantes. La mañana del 17 de diciembre de 1995, cuando iba a buscar gasolina para su auto, Isidro fue atacado por pistoleros civiles, quienes hicieron entre 20 a 30 disparos contra su automóvil, lo que causó su muerte.

No se hizo justicia, porque la Fiscalía dejó pasar el tiempo establecido para investigar. Incluso, en un aparente intento de frenar el proceso judicial, los verdugos demandaron al abogado de la viuda de Isidro y acusaron a los principales dirigentes campesinos de ser quienes lo asesinaron.

Asesinado y quemado

Francisco esperaba alcanzar la titulación de unas tierras compradas por el IBR para los efectos de la reforma agraria, en zona de colonias de la Organización Campesina del Norte (OCN), en la colonia San Alfdredo de Concepción. Lindaba con la misma la estancia Belo Horizonte, cuyos dueños acusaban de que los campesinos del asentamiento supuestamente entraban a robar ganado de la misma.

El administrador del establecimiento, el ciudadano ecuatoriano Marcelo Abelardo Portilla, había advertido a los campesinos de que iban a liquidarlos en caso de supuestos nuevos robos.

Francisco Jara Flores

El domingo 19 de diciembre de 1999 Francisco fue a pescar al arroyo local Napegue con su yerno Ramón Diana Martínez. La jornada fue fructífera, y ambos cargaban de regreso a casa varios peces y sus elementos, yendo por un camino cercano a Belo Horizonte. En un momento, cinco guardias de la estancia empezaron a disparar a quemarropa contra ambos, matando en el acto a Francisco, e hiriendo en el tobillo a Ramón, quien logró escapar.

Tres días después, tras una búsqueda generalizada y con la mediación del mismo gobernador, encontraron los restos del agricultor completamente calcinado, dentro de la estancia. La Justicia encaminó el caso, pero al final sobreseyó a los responsables morales, mientras que los asesinos – todos capangas brasileños- se fugaron, por lo que no se hizo justicia.

Dos veces lo mismo
Rafael y Gregorio eran militantes de la Asociación Regional Campeisna de Canindeyú (ARCC), base de la Federación Nacional Campesina (FNC) y cayeron muertos como parte del mismo conflicto por la tierra en la colonia San Juan de Puente Kyha(Canindeyu), a un año de diferencia, con el agregado de que si se hacía justicia en la muerte del primero, se podía haber evitar la del segundo.

El informe Chokokue registra un total de 177 campesinos ejecutados tanto por policías como pistoleros civiles

Ambos formaban parte de las 800 familias que se asentaron en unas 20 mil hectáreas de latifundio improductivo, pertenecientes al brasileño Óscar Herminio Ferreira Filho, que no tenía residencia local ni apoderados ni registro de las tierras en el Poder Judicial. A pesar de la expropiación por ley de unas 8 mil hectáreas, Ferreira filho logró la complicidad de la justicia y la policía, logrando un feroz desalojo violento.

El 14 de diciembre de 1994, Rafael y su hijo Lorenzo volvían a su casa en moto, luego de la faena en la chacra, cuando fueron alcanzados por una camioneta Mitsubishi L200 conducida por Pablo Alberto Sarubbi, uno de los administradores de las tierras del brasileño. Dentro del vehículo iban tres policías en uniforme y en la carrocería una mujer con un niño en brazos.

Al alcanzarle a los motociclistas, la camioneta los embiste, y para despejar cualquier duda de que se haya tratado de un accidente, el conductor volvió a arrollar a Rafael y su moto. El hijo se salvó porque ante el primer impacto fue arrojado al costado del camino. Gregorio fue eliminado el 23 de diciembre de 1996, luego de dejar a su novia en su casa y volver a la suya. Habían ido a una misa de “Navidad en familia”. Al volver, el joven fue emboscado por capangas, quienes le dispararon escopetazos. Logró arrastrase hasta su casa, a unos 100 metros, donde murió.

Se abrió un expediente judicial por ambos casos, pero misteriosamente, ambos se extraviaron.

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