Cuando la prensa decide callar

En una reciente entrevista al periodista uruguayo Washington Uranga, le consultaba sobre un artículo en que hacía alusión a cómo los medios editorializan no solo en lo que dicen, sino también en lo que callan. Uranga respondía que al omitir determinadas situaciones los medios cercenan el derecho de las audiencias a la vez que distorsionan los hechos. “Tan grave como mentir es omitir”, aseveraba.

Drone. Imagen: dronewarsuk.wordpress.com

Ahora bien, hasta ahora puede verificarse que el concepto de derecho a la libertad de expresión se ha sobrepuesto al de derecho a la información privilegiando a los medios por encima del público, al que habla por encima del que escucha. (Y cuando decimos escuchar no nos referimos a un acto pasivo, sino al hecho de informarse de lo que ocurre en la sociedad para participar activamente en ella). En consecuencia, los medios actúan como si fueran los amos y titulares de la información tomando y desechando a su arbitrio.

Sin embargo, ese bien público que es la información pertenece a todos los ciudadanos, que delegan en la prensa su administración como delegan en los funcionarios electos la administración del Estado. Al igual que en un Estado democrático estos se deben a aquellos, una prensa que se precie de democrática tendría que deberse a la ciudadanía.

Por tanto, las supresiones constituyen una violación al derecho a la información equiparable en gravedad a los ataques contra la prensa registrados a diario. Ante estos abusos existen innumerables organizaciones encargadas de denunciar los atropellos contra la libertad de expresión, pero ¿quién nos protege de lo que los medios no nos cuentan? Ante estas faltas estamos simplemente indefensos.

Saco esto a colación a propósito de un reciente episodio en que la prensa norteamericana tuvo que admitir que no informó sobre la base de drones (aviones no tripulados) de la CIA en Arabia Saudí y desde la que se emprendían ataques contra presuntos terroristas. ¿El motivo? Lo que siempre argumentan los gobiernos para no rendir cuenta de sus actos: razones de “seguridad nacional”.

“Una vez más, los medios estadounidenses fueron descubiertos en flagrante delito de colusión para ocultar secretos del gobierno que hubieran merecido las portadas. Sus excusas para ocultar esas informaciones son livianas”, acusó sin ambages el periodista inglés Glenn Greenwald, del diario The Guardian, citado por la agencia AFP.

Lo particularmente grave del caso es que el Washington Post decidió publicarlo cuando se enteró de que otro medio –la agencia AP– había decidido romper el acuerdo establecido con el gobierno para ocultar el asunto bajo el supuesto riesgo de que Al Qaida emprenda acciones. Así también The New York Times reconoció que tenía conocimiento del tema desde hace un año pero no lo reveló a razón del mismo pacto.

En declaraciones reproducidas por el mismo despacho, el profesor de periodismo Dan Kennedy sostuvo que los medios “intentan congraciarse con la administración (de Barack Obama) de una manera totalmente inapropiada para una prensa independiente”, al hacer referencia a la relación del episodio con la comparecencia de John Brennan, supervisor de los programas de drones, ante el Senado para su confirmación como titular de la CIA.

Por lo tanto, la falta fue rectificada no para reparar el violentado derecho de los ciudadanos de estar informados, sino para ganarle la mano a la competencia en el preciado mercado de las primicias. Esto nos revela –por si hicieran falta mayores elementos– lo que en esencia significa la información para las empresas periodísticas (simple mercancía) y que en los casos en que los dividendos radiquen en dejar de informar estarán muy bien dispuestas a callar y ocultar.

Incluso asumiendo que no haya existido coacción a la prensa de parte de un gobierno para ocultar su accionar y que, por lo tanto, no se haya vulnerado el derecho a la libertad de expresión, sí se vulneró el derecho de las audiencias de acceder a esa noticia. En definitiva, tomando las palabras del autor brasileño Barbosa Lima Sobrinho (citado por Loreti, 1995), “el derecho a la información no se limita al periodista que lo utiliza, sino también al público que de él se sirve. Y es así porque en relación al periodista deja de ser un derecho para convertirse en un deber, el deber de informar”.

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