Cuando declamar los derechos no alcanza

La abogada Milena Pereira Fukuoka.

La abogada Milena Pereira Fukuoka.

El próximo viernes 24 de julio, a las 18:00 horas, en el Archivo Nacional (Mcal. Estigarribia esquina Iturbe), Base Investigaciones Sociales presentará el libro “Ciudadanía de papel. Derechos humanos en comunidades campesinas”. Su autora es la abogada Milena Pereira Fukuoka, especialista en derechos humanos. La obra enfatiza la contradicción existente entre los derechos formalmente atribuidos a las personas campesinas en la Constitución y tratados internacionales vigentes, y la realidad de abandono y violencia que afecta a las mismas en sus comunidades de vida, generando expulsión.

Con relación al título del trabajo, la autora explica que “la noción de ciudadanía hace referencia a un estatus, a una posición de la persona con relación al Estado que involucra dos cuestiones centrales: la titularidad y goce de derechos fundamentales garantizados jurídicamente, y la relación simétrica respecto de los demás ciudadanos y ciudadanas. Si es esto lo que se entiende por ciudadanía, es posible notar que –en contradicción con lo dispuesto por la norma constitucional– la cualidad ciudadana de las personas campesinas ha ido deteriorándose de manera intensa desde la entrada en vigor de la Constitución de 1992”.

Partiendo de las observaciones hechas en el siglo XIX por Ferdinand Lasalle, Pereira Fukuoka señala el desfase existente entre las constituciones formales y la realidad social, es decir, la relación entre la Constitución escrita y los factores reales de poder que reducían a aquella a una simple “hoja de papel”. O, en otros términos, la declamación de los derechos y el reconocimiento formal no necesariamente implica que existan las condiciones reales para su goce efectivo.

Continúa explicando que desde el punto de vista sociológico, “el campesinado se encuentra afectado por un contexto de clara violencia estructural, esto es, por sistemas sociales, económicos y políticos que institucionalizan relaciones perjudiciales para campesinas y campesinos: relaciones de explotación, de abuso de posiciones dominantes en el mercado y de dependencia económica, de envenenamiento, maltratos, discriminación, criminalización, asistencialismo y utilización electoral. Las comunidades campesinas no solo se ven presionadas por el agronegocio, sino que las instituciones estatales también forman parte de los mecanismos que las dañan, tanto a través de omisiones como de acciones”.

Naturalización de la violencia

Para la autora, esta contradicción entre normatividad y efectividad solo puede ser entendida desde la histórica discriminación al campesinado, la naturalización social de sus sufrimientos y el desprecio al derecho que ha formado parte de la cultura política autoritaria en el Paraguay.

El estudio abarca diez comunidades campesinas, ubicadas en los departamentos de San Pedro, Caazapá, Itapúa y Canindeyú. A través de una metodología que busca visibilizar la grave contradicción entre normatividad y efectividad existente en el Paraguay, se identifican dinámicas que evidencian la situación que se vive en las comunidades campesinas estudiadas, al tiempo que constituyen una muestra significativa de lo que está ocurriendo en el país en materia de falta de condiciones para el goce de derechos humanos por personas campesinas en sus territorios.

La investigación abarca los derechos a un nivel de vida adecuado, alimentación adecuada, agua, reforma agraria, trabajo en condiciones dignas, educación, cultura, salud, ambiente saludable, libertad y seguridad personales, expresión e información, acceso a la justicia , igualdad y no discriminación.

Entre los principales hechos descritos se encuentran los retrocesos en el derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado, cuyas principales manifestaciones son la emigración forzada de cada vez más personas, la desnutrición e incluso el hambre; el déficit en provisión y salubridad en el acceso al agua, puesto que la mayoría de las fuentes de provisión del vital líquido se encuentran cerca de cultivos mecanizados tratados con agrotóxicos. Asimismo, las graves falencias en acceso a salud y educación así como la precariedad laboral y ausencia de mínimas garantías de trabajo digno por el nulo control son otras de las situaciones que padecen las comunidades estudiadas.

A partir del cuadro descrito, la autora define la situación como un estado de fraude constitucional. “En vez de ser progresivamente liberado del temor y la miseria, como consigna el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el campesinado en Paraguay sufre cada día más la falta de protección por un régimen de Derecho, el mismo que dicha Declaración considera indispensable ‘a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión’”, concluye.

 

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