¿Cuál es la “clase” con el “nivel” para gobernar según Ana Mendoza de Acha?

La senadora tiene fuertes vínculos con los empresarios del agronegocio.

 

Nota de desalojo de indígenas en el que está implicada Mendoza de Acha

La senadora patriaqueridista Ana María Mendoza de Acha fue acusada por la eurodiputada Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Gallego de España, de racista. Miranda, quien vino con la delegación del Parlamento europeo en misión de observación, se mostró indignada ante las declaraciones de la senadora paraguaya, quien entre los argumentos esbozados a los visitantes para justificar el golpe parlamentario afirmó que Fernando Lugo daba electricidad y escuelas a campesinos sin tierra.

En una escena que retrotrae a un culebrón de Televisa, Mendoza de Acha se defendió acusando a la parlamentaria española de no tener “clase” y “educación”, como la de su “nivel”: «Ese fue el tono en que se desarrolló la conversación que tuvimos con esta señora y otra (…) que eran bastante particulares por su falta de clase y su falta de educación desde luego (…) para estar en reuniones de este nivel”, expresó por la 730 am.

Defensora de “derechos humanos”

Ana María Mendoza de Acha es nada más y nada menos que presidenta de la Comisión de Derechos “Humanos” de la Cámara de Senadores. A lo largo de su gestión ha sido fuertemente cuestionada por grupos indígenas y organizaciones sociales por no proteger el derecho de los más desprotegidos.

En un caso emblemático y grosero sucedido en 2009, a instancias de terratenientes sojeros, en la misma “Honorable” Cámara de Senadores, la senadora Mendoza junto a un equipo interinstitucional integrado por la agente fiscal de Minga Porá Raquel Fernández, y el entonces Viceministro del Interior Carmelo Caballero (hoy Ministro) cocinaron una orden de desalojo ilegal contra cuatro comunidades indígenas de Itakyry y San Alberto, en Alto Paraná. La orden redactada por la fiscal Fernández dejó en evidencia la participación de la senadora quien luego quiso desmentir su implicancia. La misma no tiene atribuciones para instar a un desalojo. La orden beneficiaba al empresario Mario Schmidt, a quien se presenta como “víctima”.

Privilegiando a la “clase” empresarial

Esta insólita acción se dio en medio de un conflicto centrado sobre unas 2638 hectáreas que están tituladas a nombre del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y en el cual viven unas 150 familias Ava guaraní, propietarios ancestrales de estas tierras, distribuidas en las comunidades Ka’a guy Roky, Loma Tajy, Ka’a Poty y, Ka`a ty Miri / Formosa.

Esto surgió a raíz de que unos 7 empresarios sojeros de origen brasileño y paraguayo reclamaron la propiedad de las tierras, asegurando contar con títulos. Los indígenas se asentaron entre las fincas 1584 y 1709, sobre unas 1000 hectáreas. En el caso de Schmidt, este reclamaba unas 157 hectáreas supuestamente superpuestas con las fincas del Indi. Los empresarios iniciaron así una batalla judicial.

Para abril de 2009, los abogados de la Coordinadora Nacional de la Pastoral Indígena (CONAPI), quienes ejercen la defensa de los nativos, obtuvieron una orden judicial de no innovar. Con dicha medida se garantizaba que “los productores que invadieron las tierras del INDI no pueden seguir cultivando”. Paralelamente se inició un juicio en lo civil por superposición de títulos, “puesto que algunos sojeros presentaron títulos de propiedad», manifestaba a la prensa por entonces Aníbal Alfonso, uno de los abogado de la CONAPI. Para entonces ya se habían también promovido cinco juicios de nulidad de títulos por parte del INDI. Todo fue comunicado e inscripto en la Comandancia de la Policía Nacional. Pese a ello, Ana María Mendoza de Acha, Carmelo Caballero y Raquel Peralta procedieron con la medida ilegal en noviembre de dicho año. Con dichas sentencias simplemente no se podían emitir ninguna orden de desalojo. Además, el derecho de posesión de los indígenas está garantizado por constituir este territorio su hábitat tradicional.

Indígenas sin derechos

En el marco del conflicto judicial, los indígenas denunciaron presiones y amenazas por parte de los terratenientes, «a cada rato vienen con armas y nos amenazan. No podemos vivir en paz, toman a nuestras mujeres y hacen lo que quieren con nuestras cosas», decía Cristóbal Gauto Tapari, líder indígena a Última Hora en aquel abril. Poco después, en julio, Schmidt (la víctima) lo hizo apresar a Cristóbal junto otro dirigente de la comunidad, Ignacio Gauto Tapari, acusándolos de hurto y asociación criminal. Estuvieron presos por un día y obtuvieron medidas cautelares para salir.

Al emitirse la orden ilegal avalada por la senadora Mendoza a principios de noviembre, el INDI afirmó que «desde hace unos años estas comunidades se han visto en constante zozobra, expuestas a todo tipo de amedrentamientos, con una larga historia de irregularidades procesales, con incidencia de políticos, que han entorpecido en tiempos pasados la defensa de los derechos humanos de los indígenas».

La Comisión de Derechos Humanos del Senado y su presidenta, sin embargo, no tuvieron en cuenta ninguna de las denuncias ni los reclamos indígenas, y privilegiaron los derechos-intereses de los empresarios que invadían la propiedad de los nativos. Gente más de su clase, y su nivel, seguramente.

¿Y la población más vulnerable?

Ante el conocimiento de la orden de desalojo contra los indígenas, de sus propias tierras, el INDI denunció que «quizá la inminencia de una visible derrota haya motivado la reunión inusual e impropia que buscó exigir el cumplimiento de supuestas órdenes de desalojo ante una instancia incompetente para el efecto». Rechazaban así la presión de los sojeros y asegurando que “un desalojo en estas circunstancias constituye un incumplimiento de los derechos humanos fundamentales y de órdenes judiciales vigentes a favor de las comunidades”.

El organismo indígena cuestionó la legitimidad de la reunión realizada a instancias de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, “encuentro planteado para defender los supuestos derechos de inversores, en vez de defender los derechos inalienables de la población más vulnerable del Paraguay”. Manifestaba también en el comunicado “la gravedad de la amenaza a la soberanía nacional que significan estas prácticas de fácil entrega de territorios a extranjeros, haciendo uso de prácticas  irregulares”.

Debido a la presión de las organizaciones sociales la medida no se pudo ejecutar.

La “clase” 

Ana María Mendoza de Acha.

El actuar de la senadora Mendoza evidencia la respuesta a la pregunta del título de este artículo. La “clase” que debe gobernar y ocupar los espacios diplomáticos es la de los sectores más poderosos económicamente, a la que se han caracterizado por defender los políticos de Patria Querida. Dichos sectores, para ser más específicos, son aquellos vinculados a la mafia de las tierras malhabidas, los empresarios agroganaderos que violan derechos humanos, que arrasan los bosques, aquellos que invaden territorios de campesinos e indígenas.

Ana María Mendoza de Acha es parte de aquel partido del Paraguay en “serio”, surgido desde el empresariado que ha querido vender una imagen de “diferente” ante los demás partidos tradicionales, pero sin embargo cometen las mismas atrocidades y contradicciones, para privilegiar los intereses de la gente que representan.

Pocos saben que Alfredo Jaeggli es pariente político de Ana María Mendoza de Acha, sus hijos Juan Pablo Jaeggli Valdés y Monserrat Acha Mendoza están casados. Jaeggli, aquel impopular senador liberal, implicado en más de un escándalo, y enriquecido en los tiempos de la dictadura.

Pocos saben que el diputado Sebastián Acha, hijo de la senadora, mientras criticaba mediáticamente la ampliación presupuestaria de 50.000.000 de USS para contratación de operadores políticos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, meses antes, había pedido la recontratación de 146 “comisionados” de su partido en el TSJE.

Poca repercusión también tuvo el faltante 3.978 millones de guaraníes detectados por los auditores de la Justicia Electoral en el balance de Patria Querida sobre el aporte estatal y el subsidio electoral de 2011, en un informe entregado con atraso y con errores. Patria Querida percibió 4.294.997.880 guaraníes el año pasado.

Pocos recuerdan que el padre de Miguel Carrizosa, actual precandidato presidencial de PQ,  financiaba durante la dictadura a los delegados colorados que asistían a los congresos de la Liga Anticomunista Mundial (WACL), un grupo de extrema derecha que realizaba actividades terroristas, fundado entre otros por el dictador taiwanes Chiang Kai Sheik, junto a líderes de la secta Moom y criminales de guerra nazi. Los asesinatos políticos eran una de sus principales actividades. En Afganistán, su representante era Osama Bin Laden. Carrizosa padre recaudaba millones con Diesa S.A. codeándose con la élite empresarial estronista, mientras el actual senador se dedicaba a jugar tenis con los de su “clase”.

Del diputado Orlando Penner se desconoce que es pareja de Nuria Isnardi, actual ministra de la Función Pública que cuenta con frondosos antecedentes judiciales durante su gestión como fiscala Filadelfia (Chaco), donde además de liberar un cargamento de contrabando usufructuó su poder, con el aval de Penner-mucho tiempo gobernador de Boquerón-, para beneficiar en más de una ocasión a los familiares del parlamentario.

Así también, muy pocos manejan el dato de que una de las jóvenes esperanzas del PQ, candidato a diputado, Sebastian Villarejo, es hijo de José Tomás Villarejo, ex director de Catastro, bajo cuya administración se dilapidaron 10 millones de dólares. Villarejo padre volvió a la titularidad del ente con el golpe parlamentario y de la mano de la Asociación Rural del Paraguay, pero no pudo asumir debido a las manifestaciones de los funcionarios que lo acusaban de corrupción y mala administración.

Esta es la clase con el nivel para gobernar según la senadora Mendoza, ellos la tienen clara, ellos son los que deben gobernar, su élite, nadie más, de ahí el golpe parlamentario que interrumpió el difícil proceso democrático. Porque los intereses siempre están primero.

¿Pueden seguir negando que existe una lucha de clases?

Comentarios

Publicá tu comentario

Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: Las solicitudes de API se están retrasando para esta cuenta. No se recuperarán nuevas entradas.

Inicia sesión como administrador y mira la página de configuración de Instagram Feed para obtener más detalles.