Corte Suprema dilata definición sobre las tierras de Marina kue

A pesar de las insistentes afirmaciones del titular del Poder Ejecutivo, Federico Franco, referidas a la propiedad del Estado sobre las tierras de Marina kue, lo cierto y lo concreto es que ese tema es competencia judicial y, actualmente, el caso se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que dilata la definición legal del asunto.

El caso Marina kue indica que la mecánica institucional de las tierras malhabidas continuó en el periodo de la post dictadura stronista, incluyendo al aparato judicial como un dispositivo que defendió la apropiación ilegal de las tierras adjudicadas en la dictadura, pero también participó en la adjudicación irregular de lo poco que quedaba de tierras agrícolas fiscales.

El historial de las tierras

Tierras de Marina kue vistas desde el lugar de la matanza. Curuguaty, 2012. Fotografía: www.quepasoencuruguaty.org

Haciendo un repaso breve del historial legal y administrativo de estas tierras, recordemos que las mismas fueron dadas y aceptadas en donación al Estado paraguayo por parte de la empresa La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA) en el año 1967.

La donación fue efectuada a la Armada Nacional, que efectivamente ocupó el inmueble instalando en el sitio un destacamento que se mantuvo operativo hasta finales de 1999. Sin embargo, la transferencia del título de propiedad nunca se efectuó, debido a desencuentros y contratiempos burocráticos entre la Escribanía Mayor de Gobierno, la Armada Nacional y LIPSA. Quedó pendiente la realización de la mensura judicial del inmueble donado y la inscripción de la donación en los Registros Públicos.

A través de las presiones de las organizaciones campesinas, se logró que en el año 2004 el inmueble donado fuera desafectado de la Armada y se transfiera al INDERT, para que sea destinado a los fines de la reforma agraria.

En el momento en el que el INDERT iniciaba el juicio de mensura judicial para la titulación de las tierras, la empresa Campos Morombi S.A. —propiedad de Blas N. Riquelme— inicia en paralelo un juicio de usucapión para apropiarse de las tierras. Riquelme consiguió paralizar la mensura judicial a la vez que en el tiempo record de cinco meses obtuvo la sentencia que le otorgó la supuesta propiedad por usucapión de las tierras.

La usucapión es un juicio que en la generalidad de los casos dura años. Los abogados de Riquelme abreviaron los plazos consiguiendo que el juez de la causa, Carlos Goiburú, resolviera no dar intervención al Estado en el juicio, para defender sus derechos sobre la propiedad donada.

Campos Morombi no tiene el título

Vista satelital parcial de las tierras de Marina kue, Curuguaty. Imagen: Bing maps.

La empresa Campos Morombi nunca pudo inscribir el título sobre las tierras de Marina kue debido a un error material. El abogado de la firma dio un número de finca, padrón y distrito que no corresponden con los de la inscripción real del inmueble.

Pero, además de esta situación, el juicio de usucapión fue atacado por el Poder Ejecutivo, que inició acciones legales para revertir el intento de apropiación indebida e ilegal de estas tierras.

El primero de estos juicios es una acción interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), que busca declarar la nulidad del juicio de usucapión porque se negó la defensa en juicio del Estado. Este juicio se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno de Asunción. La Procuraduría perdió la acción en segunda instancia y el caso se encuentra en apelación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia desde el 17 de julio de 2012. La Corte debe resolver si la PGR tiene o no el derecho de accionar legalmente para defender los intereses del Estado plasmados en las dos mil hectáreas de Marina kue.

El segundo juicio lo planteó el INDERT, en su calidad de ente autónomo donataria de las tierras en la actualidad. Este juicio se tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Tercer Turno de Capital y busca asimismo anular el juicio de usucapión, por no habérsele dado intervención al citado ente en dicho juicio.

Este juicio empezó a correr porque el Juzgado había rechazado todas las excepciones dilatorias planteadas por Campos Morombi. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2012 la empresa presentó una acción de inconstitucionalidad contra estas decisiones del Juzgado, y el caso fue a parar desde ese entonces a la Corte.

En los procesos judiciales existen plazos ciertos que cumplir, que garantizan que las personas obtengan justicia alguna vez. En el primer caso, la apelación ante la Corte no tiene un plazo definido en la ley, pero claramente una mora de nueve meses es excesiva. En el segundo caso, la ley establece dieciocho días hábiles que para tanto el INDERT como el Fiscal General del Estado presenten sus posiciones, y luego treinta días para que la Corte resuelva. Descontando la feria judicial de enero, el caso se encuentra en el límite del plazo. Sin embargo, la causa no se mueve y todavía no se ha dado intervención al INDERT y a la Fiscalía.

* Hugo Valiente es abogado especializado en derechos humanos. Fue coordinador del equipo de investigación del Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina kue publicado en diciembre de 2012 por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

Fuente: http://quepasoencuruguaty.org

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