“Contratos de APP son nulos y sin ningún valor”, advierte abogado  

Las concesiones deben ser aprobadas por el Congreso, según manda la Constitución Nacional, señala el abogado René Villasboa. 

El abogado René Villasboa, durante su exposición sobre la ley de APP.

El abogado René Villasboa, durante su exposición sobre la ley de APP.

El abogado René Villasboa advirtió que la Constitucional Nacional es clara al atribuir al Congreso la potestad de aprobar las concesiones de servicios públicos por tiempo determinado, por lo que cualquier operación de este tipo que no pase por el Congreso es nula. Fue durante un taller realizado en el local de Frente Guasu sobre la Ley de Alianza Público-Privada (APP).

Villasboa explicó que la Ley de APP viola disposiciones claras de la Constitución Nacional, como el artículo 202, sobre los deberes y atribuciones del Congreso, que es tajante al señalar que corresponde al Poder Legislativo el “autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de servicios públicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado, así como para la extracción y transformación de minerales sólidos, líquidos y gaseosos”.

Señaló que el hecho de que la mencionada ley otorgue poderes discrecionales al presidente Horacio Cartes para concesionar bienes, servicios y recursos públicos unilateralmente genera una situación de uso arbitrario del poder y que a raíz de este vicio “los contratos de APP son nulos y sin ningún valor”.

“Todo lo actuado puede ser atacado de nulidad absoluta”, enfatizó Villasboa. Precisamente, para intentar sortear este obstáculo el texto de la Ley de APP no utiliza el término concesión, aunque en la práctica se trate de esto.

Ante esta situación, graficó, cuando un gobierno posterior o la movilización ciudadana obliguen a anular estos contratos inconstitucionales, con seguridad las empresas accionarán judicialmente contra el país en tribunales internacionales, donde prácticamente se asegura de antemano un fallo desfavorable para el Estado.

Por último, Villasboa contrapuso que el significado de la seguridad jurídica no es el mismo para el Estado y las empresas extranjeras. “La seguridad jurídica para el Estado es mantener la propiedad pública y la seguridad jurídica para las empresas es que el Estado dé sus recursos como garantía de ganancias para los inversores”, aclaró.

El gobierno se encuentra realizando giras a nivel internacional ofreciendo a las empresas que vengan a instalarse al país para explotar sectores claves como la electricidad y el agua, las principales riquezas que tiene el país.

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