Consideraciones políticas sobre la justicia en el caso Curuguaty

El accionar del fiscal Jalil Rachid está motivado por su condición de heredero de tierras mal habidas. 

Los poderes estatales intervinieron en defensa de riquezas mal habidas provocando la masacre de Curuguaty.

Los poderes estatales intervinieron en defensa de riquezas mal habidas provocando la masacre de Curuguaty.

El Estado paraguayo ha demostrado que no ofrece las garantías necesarias para conducir una investigación fiscal ni un proceso judicial justo, que investigue las denuncias de torturas y ejecuciones presentadas en reiteradas ocasiones al fiscal Jalil Rachid, aunque este niegue que haya recibido tales denuncias.

Curuguaty es un caso emblemático porque demuestra hasta qué punto las instituciones del Estado están instrumentadas con el fin de mantener intacta la estructura de tenencia de la tierra legada por el stronismo. Y no es para menos. Si se sigue el caso desde sus inicios, tenemos como resultado que los poderes Legislativo y Judicial, y luego el Ministerio Público, fueron utilizados en el fatídico operativo del 15 de junio de 2012 para salvaguardar la propiedad ilegal de esas tierras por parte de los Riquelme.

El papel preponderante en la defensa de la ilegalidad stronista y la posterior crisis política generada con la destitución de Fernando Lugo, lo tuvo el sector oficialista hoy en gobierno, es decir, el cartismo. Basten solo estos dos hechos comprobables para entender el planteamiento.

Tanto el documento por el cual el Poder Legislativo solicitaba el desalojo de las tierras, que en realidad deberían haber sido restituidas al Estado, como la iniciativa del pedido de juicio político y el libreto de acusación fueron encabezadas por el diputado cartista y ex oviedista Óscar Tuma.

Para ir cerrando el círculo tenemos la actuación del Juzgado de Curuguaty, a cargo del juez José Dolores Benítez, quien emitió una orden de allanamiento, que finalmente fue ejecutada como desalojo por el Ministerio Público, en el procedimiento encabezado por la fiscala Ninfa Aguilar quien, dicho sea de paso, actuó como abogada de la familia Riquelme en el juicio de usucapión promovido para apropiarse de las tierras aceptadas por el Estado en carácter de donación.

Una investigación fiscal y un proceso judicial que verdaderamente deseen llegar al fondo de los hechos deben inevitablemente pasar por todos esos datos y sucesos anteriormente mencionados para entender la tremenda injusticia que significa que el Estado paraguayo siga siendo una estructura al servicio del stronismo.

Por otro lado, estos insumos nos llevan a reflexiones de carácter político bien profundas. ¿Realmente hay democracia en Paraguay, si apenas un poco más de 20 años de la partida al exilio de Stroessner, las instituciones siguen tan perfectamente aceitadas al servicio de la oligarquía que creció mamando de las tetas del tiranosaurio?

El episodio de las fotografías, aunque se haya comprobado que los que aparecen maniatados están vivos, muestra también escenas de personas asesinadas con saña. Esto debería motivar duras sanciones al Estado paraguayo, que cada vez degrada más su status de cumplimiento de las legislaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Varios informes independientes aportan indicios que merecen ser investigados sobre hechos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, denunciadas en su debido tiempo y forma por la defensa de los campesinos luchadores acusados, y desestimadas por el fiscal Jalil Rachid, aunque falte a la verdad diciendo que ni siquiera las recibió.

Que mienta de manera tan descarada no nos puede sorprender, ya que proviene del hijo de una familia, los Rachid, que al igual que los Riquelme, se adueñó ilegalmente de tierras durante la dictadura de su máximo líder, Alfredo Stroessner. Su condición de heredero de tierras fiscales –1.498 hectáreas en Santa Rosa Misiones, en el año 1986– desnuda los motivos de su accionar.

Por lo tanto, se impone articular una amplia alianza de sectores políticos, sociales , religiosos y culturales que provoque una intervención directa de organismos internacionales en este caso, acompañado de referentes históricos de la lucha de nuestro país, para encaminar la causa Curuguaty hacia una justicia verdaderamente liberadora, que socave y derrumbe las bases del poder económico que hoy oprime a la mayoría de la población, y abra las puertas hacia un país verdaderamente libre, independiente y soberano, por dentro y por fuera, del cual las instituciones y agentes del actual Estado son sus primeros enemigos y verdugos.

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