Conatel fomenta la formación de oligopolios de medios

La autoridad de aplicación del Estado en materia de telecomunicaciones funciona al servicio de los propietarios de las corporaciones mediáticas.

Por Paulo César López

El pasado marzo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó que recibió el sobre de ofertas de dos firmas en el marco de la licitación de tres señales para explotar el servicio de televisión digital terrestre de canales de aire (estaciones base y repetidoras). Por la cantidad de oferentes (dos), deberá realizarse un nuevo llamado para la licitación del tercer grupo de canales. El sistema de asignación es el de la subasta ascendente, es decir será adjudicado el oferente que ofrezca más dinero. Durante la apertura de sobres, directivos del ente revelaron que el pliego de bases y condiciones estableció un monto base de G. 2.000 millones para cada licencia.

Las empresas que se presentaron al llamado son DTH Magnética S.A. y Mercuria S.A., representadas por Alberto Luis González Estevarena y Hermann José Weisensee Samson, respectivamente. DTH Magnética S.A. es parte del Grupo América de Argentina. En tanto, Mercuria SA es una flamante empresa fundada en octubre de 2016. Precisamente, la presidenta de la Conatel, Teresita Palacios, anunció el llamado a subasta en octubre de 2016. Esta coincidencia resulta cuando menos curiosa, por lo que no cabe descartar que se trate de una firma ad hoc.

Sobre la empresa Mercuria SA no hay mayores datos en la web y no cuenta con página oficial. Su representante, Hermann José WeisenseeSamson, figura en el portal de Contrataciones Públicas como proveedor del Estado. Su rubro es el de “Servicios” y fue contratado para dos consultorías por la vía de la excepción. La primera, por un monto de G. 49.500.000, fue la Consultoría para la Contratación de Asesores Jurídicos Externos Especialistas en Administración Pública con Énfasis en Contrataciones Públicas. La otra, por el mismo monto, fue para el mismo trabajo, con la variante de las fechas. El primer contrato fue firmado el 29 de marzo de 2011 y segundo el 30 de marzo de 2012, ambos por el término de 9 meses.

Aldo Zuccolillo, pese a sus reiterados intentos, no ha podido hasta hoy acceder a una frecuencia de televisión. Cartes posee dos canales mediante testaferro. Fuente: abc.com.py

Aldo Zuccolillo, pese a sus reiterados intentos, no ha podido hasta hoy acceder a una señal de televisión. Cartes posee dos canales mediante testaferro. Fuente: fanpage de Horacio Cartes

Al intentar indagar sobre la empresa Mercuria SA, su rastro se pierde en la bruma. La referencia más cercana en el rubro que pudimos hallar es la firma inscripta bajo el nombre de Mercurio SA, empresa gráfica de Aldo Zuccolillo. Sin embargo, no hemos podido corroborar la vinculación de Zuccolillo con la novel firma. Durante la apertura de sobres, WeisenseeSamson abonó aún más el hermetismo en torno a la firma que preside. Ante la consulta de periodistas sobre la empresa, se limitó a decir que era “100% capital nacional” acotando que esto no excluía la posibilidad de recurrir al financiamiento externo. Al ser insistido sobre cuál sería esta fuente de financiación, se excusó de brindar detalles y dijo que la inversión programada para la puesta en función del canal es de USD 4 millones.

Otra de las actuaciones registradas de WeisenseeSamson es la representación legal de la empresa Ventas Paraguayas SAECA en una apelación presentada en 2010 contra una multa de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por evasión de impuestos. En cuanto a DTH Magnética S.A., su representante, Alberto González, se limitó a decir que uno de los socios era un tal Galanti. (En el ámbito de la televisión el representante legal de Telefuturo, del Grupo Vierci, es Marco Darío Galanti Barrientos).

Las subastas, contrarias a la democracia

El sistema de subastas es contrario a los estándares de libertad de expresión consagrados en los tratados internacionales de los que nuestro país es signatario, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica.

La relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una misión realizada en nuestro país en 1999, resumió en su informe final que el sistema de subastas de licencias, que contemplan criterios únicamente económicos para las concesiones, impide la igualdad de oportunidades en el acceso de todos los sectores de la sociedad, lo cual es incompatible con un sistema democrático y con los principios del derecho a la libertad de expresión e información garantizados en la CADH.

La exclusión por motivos económicos se da desde la partida misma. En el caso de los servicios de TV digital que están en licitación actualmente, el pliego de bases y condiciones tiene un costo no reembolsable de un millón de guaraníes. Si bien podría afirmarse que no se trata de un monto exagerado, es lo suficientemente elevado como para impedir que organizaciones estudiantiles, sindicales, comunitarias, entre otras, se presenten a los llamados.

El pluralismo

La Constitución Nacional, en el artículo 27, garantiza el pluralismo informativo.  El artículo 30 de la CN, “De las señales de comunicación electromagnética”, aclara que el espectro electromagnético es de dominio público del Estado. En virtud de este principio, los administradores del Estado están obligados a promover la igualdad de oportunidades, el libre acceso y el aprovechamiento de los instrumentos electrónicos de acumulación y procesamiento de información pública, “sin más límites que los impuestos por las regulaciones internacionales y las normas técnicas”, dice la Carta Magna.

No obstante, en contraste al mandato constitucional, el 97% de las señales son acaparadas por medios comerciales, cuyos empresarios usufructuantes en la práctica actúan como propietarios y no como licenciatarios temporales de un bien público del Estado. Los procesos de licitación, una vez vencidos los plazos de concesión, no se cumplen y los licenciatarios disponen de las señales como un patrimonio privado y hasta las comercializan a terceros en directa violación del marco normativo.

La Ley de Telecomunicaciones, en el inciso k del artículo 16, indica que la función del organismo es “prevenir conductas anticompetitivas y discriminatorias y las bajas o alzas artificiales de precios y tarifas”. Podemos sostener que la conducta anticompetitiva por antonomasia es la formación de oligopolios. Pero el ente no solo actúa por omisión permitiendo la oligopolizacion del mercado de medios, sino que incluso dedica sus máximos empeños para avalar y justificar conductas anticompetitivas y contrarias a la ley.

El artículo 66 de la Ley de Telecomunicaciones dispone que los derechos otorgados por el Estado al licenciatario son intransferibles, salvo aprobación de la Conatel. La violación de esta regla es causal de la anulación de la licencia. En cambio, sin consecuencia alguna los empresarios realizan libremente operaciones de compra-venta y después de finiquitar estas transacciones, formalizan ante Conatel los trámites de autorización, que deberían ser previos.

De manera específica en el caso de la televisión, además de la Ley de Telecomunicaciones, el artículo 28 del Reglamento del Servicio de Televisión enfatiza que las licencias solo pueden ser transferidas previa autorización del ente “siempre que el servicio haya sido verificado, autorizado y se encuentre en funcionamiento. El titular de la licencia no podrá cederla, arrendarla ni otorgar a otros el uso o usufructo de la misma”. Este incumplimiento figura entre las causales de extinción de la licencia del artículo 71 de la Ley de Telecomunicaciones.

Al contrario, el ente permite y justifica las fusiones contrarias a la normativa. Un caso que resulta hasta risible fue la adquisición de Paravisión (Canal 5) de parte del mexicano Ángel González, propietario del Sistema Nacional de Televisión Cerro Corá(Canal 9), en el año 2005. El entonces presidente del órgano regulador, Luis Reinoso, sostuvo que la venta de Paravisión al propietario de Canal 9 no constituía una práctica oligopólica, pues aunque el dueño sea la misma persona los canales se mantienen como personas jurídicas diferentes (SNT y Paravisión, respectivamente).

Otro caso ilustrativo se remonta a 2013. El licenciatario de Canal 2, José Luis Manzoni, realizó una “cesión administrativa” al Grupo Vierci en una suerte de acuerdo de arrendamiento. Sin embargo, la ley solo estipula la posibilidad de una transferencia autorizada y no prevé figuras como la cesión o arrendamiento.

Un “chisme”

En octubre de 2016, en una conferencia de prensa realizada en MburuvichaRóga la presidenta de Conatel, Teresa Palacios, calificó de “chisme de pasillo” la adquisición del Canal 13 por parte del Grupo Cartes. Versiones extraoficiales ya daban por hecho el cierre de las negociaciones, pero el ente no se daba por enterado. Finalmente en mayo de este año admitió la transferencia y finiquitó el trámite de autorización en un plazo de un mes. (Para el reconocimiento de la renovación de comisiones directivas de sindicatos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social puede llegar a tardar más de seis meses). Aunque en los papeles aparezca como titular Javier Bernardes Banti, este es un empresario vinculado a Cartes y posible testaferro del presidente.

«La solicitud de transferencia ya lo realizó la Red Paraguaya de Comunicación (RPC) el pasado jueves (12 de enero), desde ayer arrancamos con el proceso pertinente como en todos los casos, como son las inspecciones técnicas, si están al día con el pago de los aranceles además del espacio radioeléctrico que utiliza el medio de comunicación y proceder a la migración a favor del Grupo JBB (titular de la señal de Unicanal)», declaró Palacios citada por el diario La Nación, propiedad del Grupo Cartes, en una nota publicada el pasado 14 de enero.

Esta operación fue avalada por el organismo a pesar de que el artículo 30 del Reglamento del Servicio de Televisión es taxativo respecto a que “los accionistas o socios de una empresa licenciataria del Servicio de Televisión no podrán ser directa ni indirectamente accionistas o socios de otra empresa del Servicio de Televisión, que opera en la misma área de prestación del servicio”. Este incumplimiento es causal de extinción de la licencia, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Telecomunicaciones. Incluso partiendo del supuesto de que los canales de aire y de cable pertenecen a “áreas de servicio” distintos, Paravisión y Canal 9 emiten en señal abierta, lo cual no fue obstáculo para permitir la fusión.

No discriminación

Aunque en la Constitución se consagre el principio de no discriminación, la norma impone condiciones claramente discriminatorias que obstaculizan el funcionamiento de las radios comunitarias. En el artículo 57 de la Ley de Telecomunicaciones se establecen límites de potencia a las radios de pequeña cobertura, hasta 50 watts, y de mediana cobertura, hasta 300 watts, lo cual confina la llegada a apenas unas pocas cuadras a la redonda. En el artículo 58 incluso se aplican condicionamientos al tipo de contenido que puede ser emitido, permitiendo solo programas de carácter “cultural, educativo, artístico e informativo sin fines de lucro ni comerciales”. Sobre estos dos últimos puntos –sin fines de lucro ni comerciales–se emplean interpretaciones abusivas. El marco normativo internacional contempla la legalidad y el derecho de las estaciones comunitarias de emitir publicidad sin fines de lucro para asegurar su sustentabilidad. El citado articulado subraya que estos servicios de radiodifusión “no podrán efectuar en ellos ni fuera de ellos, mención, publicidad o propaganda en ninguna de sus formas”. Así, en la práctica se inviabiliza el funcionamiento de las radios comunitarias al cerrar cualquier fuente de ingreso para cubrir los costos que implica su funcionamiento.

En este sentido, los autores argentinos Damián Loreti y Luis Lozano sostienen, en un texto titulado “El rol del Estado como garante del derecho humano a la comunicación”, que estas exclusiones y recortes a la posibilidad de contar con recursos se establecen discriminatoriamente a las radios con fines sociales, pero no a otras formas jurídicas. A consecuencia de esto, afirman que las radioemisoras no comerciales son condenadas a la marginalidad, al amateurismo y a una limitación de su capacidad e independencia.

Cooptación

La Conatel depende directamente del Poder Ejecutivo. El único mecanismo de supervisión de sus actuaciones es el Consejo de Radiodifusión. En febrero pasado el presidente Cartes tomó absoluto control de esta instancia nombrando a personas de su entorno como integrantes del órgano consultivo. La función de esta instancia es emitir dictámenes sobre normativas y reglamentaciones emanadas por la Conatel así como sobre la asignación o denegación de licencias.

Por medio del Decreto 6754, el mandatario designó a empleados de sus medios de comunicación como representantes de los trabajadores. José Paris, jefe de prensa de Unicanal, fue nombrado como representante titular de los trabajadores organizados de radio y TV. En carácter de suplente fue designado Rubén Estigarribia, de Radio Uno.

En tanto, entre los representantes de los licenciatarios también designó a personas de sus medios de comunicación. Gustavo Cubilla, de Canal 13, fue ungido como  representante titular de los licenciatarios de canales de televisión y Sergio Pizzurno, de la misma estación televisiva, como representante suplente. Como representante suplente de los cableoperadores, el presidente nombró a su primo, Ignacio Javier Viveros Sánchez, sobrino del famoso narcopiloto Juan Domingo Viveros Cartes.

(Foto de portada: Teresa Palacios, presidenta de la Conatel, y el presidente Horacio Cartes.)

 

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