Con Lugo, seguimos cosechando muertos en el campo

La lucha por la tierra es cruenta. El gobierno del cambio parecía abrir un mejor panorama.

Pese a los acuerdos y las esperanzas, el poder judicial y los órganos represores siguen su vieja escuela, criminalizando al campesinado, dejando impunes los asesinatos de militantes, siguiendo con las represiones, las detenciones y los desalojos. Lugo llegó al poder. Las organizaciones campesinas y populares tuvieron su momento de esperanza. Algunas aun guardan algo. La reforma agraria se hace esperar demasiado.

El poder de los terratenientes y sojeros, sumado al de sus representantes políticos lo dilata todo, fertilizando el escepticismo de muchos. Dos estructuras estatales primordiales para la reforma agraria, acomodadas en sus viejas costumbres, parecen negarse a cualquier cambio: el Poder Judicial y el Ministerio público.

Las organizaciones sociales vienen denunciando que la forma como el gobierno responde a las luchas sociales no han variado de los anteriores: la criminalización. Esto implica, según Mariele Palau y Ramón Corbalán, enfrentar los reclamos y colocarlos en el plano judicial delictivo, de manera a deslegitimar derechos. Se selecciona un acto de protesta y se lo transforma en delito, aumentando el poder de las fuerzas represivas. En esto colaboran de manera explícita los medios de comunicación, afirman.

Leyes que reprimen

A diferencia de la dictadura, dice Palau, la mayoría de las represiones se produce en presencia de fiscales, con la “ley” en la mano.  Sin embargo esto solo funciona contra las organizaciones sociales y populares, pues la “represión” ni la “justicia” alcanzan a los sectores poderosos, como a los sojeros que violan leyes ambientales y de convivencia. Esta falta de neutralidad, sumada al cansancio por la ausencia de respuestas en los canales institucionales a los reclamos campesinos, son los principales elementos que llevan a las acciones que dan pie a la criminalización: la movilización y las ocupaciones de tierra, dos formas recurrentes de lucha. Para las organizaciones, los fiscales, la policía, y la prensa censuran el hecho de que gran parte de las ocupaciones se dan en tierras con situación irregular, excedentes fiscales, tierras del estado tomadas ilegalmente por particulares, o tierras malhabidas, tierras adjudicadas por el Estado de manera ilegal. A los responsables de estos últimos hechos, sin embargo, se les brinda custodia policial.

La “lucha” en tiempos de cambio

El principal escenario de la criminalización se desarrolla en el sector campesino. Luego de una tregua inicial al gobierno de Lugo, numerosas organizaciones volvieron a entrar en acción. En el 2009 se produjeron unas 26 movilizaciones y unas 16 ocupaciones. Entre enero y mayo del 2010 esta cifra varió drásticamente a solo 5 movilizaciones y a 1 ocupación. En estos 2 años, las cifras en materia de muertes, represiones y detenciones no dejan buenos números para este gobierno.

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